Nueva York, 13 de octubre de 2011–Luis Agustín González, fundador y editor del periódico mensual colombiano Cundinamarca Democrática, fue condenado a 20 meses de prisión en suspenso y multas de aproximadamente 5,500 dólares estadounidenses por un tribunal en el departamento de Cundinamarca tras ser acusado de injuria y calumnia, según informes de prensa. La sentencia surgió de un editorial que González escribió que cuestionaba la candidatura de una política local.
“Estamos alarmados que Luis Agustín González fue sentenciado a prisión sólo por haber escrito una columna de opinión crítica sobre una funcionaria pública”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior para las Américas del CPJ. “Los periodistas no deben tener miedo a enfrentar una pena de prisión por informar en forma crítica. Es hora de que las autoridades colombianas promuevan legislación que esté de acuerdo con estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derogue disposiciones de difamación penal arcaicas”.
En su editorial de diciembre de 2008, González expresó su consternación sobre la candidatura de Maria Leonor Serrano de Camargo – una ex alcaldesa, gobernadora, y diputada nacional de Cundinamarca – para el senado en las elecciones de 2010. El periodista se refirió a las acusaciones contra Serrano de Camargo por corrupción durante su larga carrera en la función pública y los casos bien documentados de desapariciones y asesinatos que ocurrieron en 1989 cuando fue la alcaldesa de Fusagasuga, una ciudad a unas 40 millas al suroeste de Bogotá.
Serrano de Camargo perdió la elección y más tarde alegó que el editorial había dañado su honra y reputación, según Pedro Vaca, el abogado de González. Tras un intento fallido de alcanzar un acuerdo extrajudicial, Serrano de Camargo presentó una demanda contra González por injuria y calumnia. El periodista fue sentenciado a 20 meses de cárcel, pero la sentencia fue suspendida, según informes de prensa. Vaca indicó al CPJ que el periodista apelará la decisión.
González señaló al CPJ que no sucumbirá a la autocensura. “Si esto le puede suceder a un periodista a solo una hora y media de Bogotá, ¿imagine lo que sucederá a los periodistas que están más lejos en las provincias”? indicó el periodista.
En mayo, la Corte Suprema colombiana ratificó disposiciones criminales en el código penal que contradicen el consenso emergente en América Latina que considera a las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación.