Medios colombianos en tiempos peligrosos
Por María Teresa Ronderos
El 17 de diciembre de 1986, la mafia comandada por Pablo Escobar mató a Guillermo Cano, el valioso director de El Espectador que había denunciado al narcotráfico y a sus cómplices con nombre y apellido. Era el séptimo periodista que caía en cumplimiento de su deber ese año. Desde entonces, las mafias del narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y algunos funcionarios corruptos, han atacado el derecho de los colombianos a ser informados por una prensa libre.
A pesar de estos peligros a los que han estado sometidos durante el último cuarto de siglo, los medios colombianos han diseñado diversas estrategias para proteger a los periodistas y, a la vez, evitar ser silenciados por poderes ilegales y armados.
Inmediatamente después del asesinato de Cano, toda la prensa colombiana protestó. Durante 24 horas el país no tuvo noticias de ninguna índole ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión. El silencio fue una señal de duelo y al mismo tiempo una forma de hacer sentir a la sociedad la crucial labor que realizan los periodistas en una democracia amenazada por el poder intimidante y sangriento del narcotráfico.
También para demostrar que la prensa no sería silenciada tan fácilmente, durante los meses siguientes, El Espectador, junto con El Tiempo–su principal competencia–y otros medios locales, hicieron causa común para investigar y publicar historias sobre el narcotráfico y sus tentáculos. El mensaje a los jefes del cartel de Medellín era que la prensa no se callaría.
Desafortunadamente, ese antecedente de coraje y unión se desvaneció con el tiempo y una década después ya habían sido asesinados en Colombia otros 50 periodistas, hasta donde los registros incompletos permiten saber.
En 1996, algunos periodistas destacados retomaron el impulso. Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, columnista de El Tiempo y líder en la batalla contra la impunidad en crímenes contra periodistas desde la Sociedad Interamericana de Prensa, y su primo Francisco Santos, entre otros, crearon la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Ésta, con ayuda inicial del Comité para la Protección de los Periodistas, comenzó a atender a periodistas y medios atacados, ahora también por fuerzas oscuras de la extrema derecha, guerrilleros y un naciente fenómeno que luego se conocería como paramilitarismo.
Con apoyo del Instituto de Prensa y Sociedad del Perú, que había actuado con gran eficacia para salvaguardar a periodistas en los tiempos de Alberto Fujimori, la FLIP creó una red de corresponsales voluntarios que, desde entonces, informan sobre violaciones a la libertad de prensa en distintos lugares del país. Al poco tiempo, los periodistas consiguieron que el gobierno del Presidente Andrés Pastrana creara un comité especial que los protegiera cuando estaban en riesgo. En ese comité tienen asiento la FLIP y otras organizaciones de medios. Aunque su funcionamiento no ha sido perfecto, el comité es sin duda un espacio de diálogo y trabajo en conjunto que ha resultado en que el Estado asuma con mayor eficacia su responsabilidad de velar por la libertad de expresión y de información.
Algunos medios desarrollaron en los últimos años otras estrategias de colaboración y de protección. Al finalizar el siglo XX, un grupo de periodistas publicaron un Manual para Cubrir la Guerra y la Paz, mientras que la organización Medios para la Paz publicó un Diccionario para Desarmar la Palabra, ambos con el objetivo de guiar el trabajo periodístico en el sinuoso sendero del conflicto armado, donde la verdad suele ser la primera víctima. En 1999, convocados por la Universidad de la Sabana, unos 30 diferentes medios llegaron a un acuerdo para cubrir la violencia sin promoverla, afinar los instrumentos de la profesión como la verificación y el contraste de fuentes, privilegiar el chequeo de datos antes que la primicia, y así evitar caer en manipulaciones. Su lema era “preferimos perder una noticia antes que una vida”. La FLIP también publicó un manual de autoprotección para periodistas que incluía recomendaciones sobre cómo manejar las presiones de las fuentes de información violentas.
Por iniciativa de las empresas editoras de periódicos -agrupadas en Andiarios- se formó una alianza de varios medios impresos para trabajar conjuntamente sobre temas peligrosos, como la infiltración paramilitar en el negocio de las loterías en diferentes distritos del país. Éste, y otros trabajos, fueron publicados simultáneamente en 19 revistas y diarios del país. Fue una manera de luchar contra el miedo y la autocensura y permitir que denuncias salieran a flote, aminorando el riesgo para los medios locales más cercanos a los actores violentos. La revista Semana lideró también un proyecto para investigar asesinatos o amenazas graves a periodistas en forma conjunta con varios medios impresos, y continuar con la investigación de aquellas historias que quedaron truncas porque los periodistas que trabajaban en ellas habían tenido que huir por amenazas.
Son experiencias valiosas que pueden inspirar a otros colegas que deben trabajar bajo presiones violentas. Su lección de fondo es que cuando llegan esos tiempos terribles hay que adaptar el oficio; éste debe ser más cauto y riguroso, y aunque siga la tradicional competencia de medios tan sana en las democracias pacíficas, se deben tender fuertes lazos entre rivales para defender un valor superior, aquél que la sociedad nos ha encomendado: preservar la libertad de expresión y de prensa.
María Teresa Ronderos es una destacada periodista colombiana que ha trabajado para numerosos medios impresos y televisivos. Fue editora en jefe de Semana y presidente de la junta directiva de FLIP. Actualmente es integrante de la junta directiva del CPJ.