El viernes, el juez José Hernán Oliveros, a cargo del tribunal primero de juicio del estado oriental de Táchira, encontró a Azócar culpable de fraude en el manejo de un contrato de publicidad que data del año 2000 entre la lotería del estado y Radio Noticias 1060, una emisora privada que empleaba al periodista, según informes de la prensa venezolana. Oliveros dictó una pena de prisión de dos años y medio, pero dejó en libertad condicional al periodista. El juez ordenó que Azócar compareciera ante autoridades judiciales cada ocho días, según informes de prensa.
Azócar, presentador de “Café con Azócar”, un programa de noticias y política en la Televisora del Táchira, aseguró que apelará la decisión del juez.
Azócar había estado en prisión desde julio pasado, cuando fue arrestado por supuesta violación de una decisión judicial que le impedía expresarse sobre su caso, por publicar información en su blog. Azócar aseguró al CPJ que él había reproducido noticias e informes sobre el caso, pero que no había escrito nada por sí mismo.
Colegas de Azócar relataron al CPJ que el periodista fue sancionado por sus comentarios críticos sobre funcionarios del gobierno local. El CPJ ha documentado un acoso judicial sistemático contra Azócar basados en sus críticas. Azócar fue incluido en la lista de 2009 del CPJ sobre periodistas encarcelados por su trabajo.
“Rechazamos la condena de Azócar como un intento de los funcionarios venezolanos de castigar a los críticos y acallar el disenso”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Exhortamos a las autoridades judiciales a que dejen sin efecto la condena mediante trámite de apelación y que aseguren que la prensa puede informar sin temor a persecuciones, lo que será vital en vistas a las elecciones de este año”.
El veredicto asimismo inhabilita a Azócar para postularse a cargos públicos, según los informes de prensa. Azócar, quien también ha tenido participación activa en la oposición venezolana y se ha postulado como candidato en elecciones pasadas, había expresado su interés en lanzar su candidatura para la Asamblea Nacional en septiembre, de acuerdo con informes de la prensa venezolana.
En su informe anual Ataques a la prensa, el CPJ encontró que el Presidente Hugo Chávez Frías y su administración han intensificado su presión sobre los medios privados. El arresto la semana pasada de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, una estación de televisión crítica, ilustra la estrategia del gobierno para silenciar a los críticos y controlar el flujo de la información.
Zuloaga, que fue detenido el 25 de marzo y liberado horas más tarde, fue acusado de difundir noticias falsas y de ofender al presidente Chávez con comentarios realizados durante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa el 21 de marzo. Fue privado de viajar fuera de Venezuela y, en caso de ser condenado, podría ser sentenciado a cinco años de prisión, con base en disposiciones arcaicas del código penal local. Globovisión, por su parte, ha sido el centro de una oleada de investigaciones por parte del gobierno, según una investigación del CPJ.