Nueva York, 22 de marzo de 2010—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exhorta a las autoridades colombianas a que investiguen en profundidad la muerte del periodista Clodomiro Castilla Ospina, quien el viernes fue asesinado por un atacante desconocido en la ciudad norteña de Montería, según informes de la prensa local.
Castilla, de 50 años, propietario y editor de la revista El Pulso del Tiempo, estaba leyendo un libro en la terraza de su casa en Montería, alrededor de las 9.00 PM, cuando un individuo armado le disparó al menos ocho veces, de acuerdo con informes de prensa. Un segundo hombre recogió al atacante y los dos huyeron a bordo de una motocicleta, según la prensa. Castilla murió en la escena del crimen.
Según periodistas locales que hablaron con el CPJ, Castilla había recibido numerosas amenazas por lo menos en los últimos cuatro años, en represalia por su cobertura periodística sobre los nexos entre políticos locales, terratenientes y grupos paramilitares de extrema derecha.
La organización local de derechos humanos Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) dijo en un comunicado el sábado que entre 2006 y 2009, el gobierno colombiano había otorgado protección a Castilla por las numerosas amenazas en su contra. En noviembre de 2009, sin embargo, el Ministerio del Interior denegó protección a Castilla, basado en un informe de la agencia nacional de inteligencia que indicaba que el periodista no estaba en situación de riesgo, según la FLIP.
Una periodista local, quien pidió no ser identificada por miedo a represalias, relató al CPJ que poco antes de su muerte, Castilla había cubierto la supuesta participación de un terrateniente local en la muerte de un abogado de Montería, corrupción en oficinas del gobierno local, y los supuestos vínculos entre paramilitares y funcionarios del gobierno local. Las investigaciones del CPJ indican que la mayoría de los periodistas colombianos no abordan esas historias por miedo represalias.
La prensa local informó que la Policía Nacional de Colombia, encargada de la investigación, no ha revelado posibles móviles del crimen, ni ha identificado a ningún sospechoso.
“Exhortamos a las autoridades colombianas a que investiguen en forma expedita y profunda el asesinato de Clodomiro Castilla Ospina, y les solicitamos que examinen si el Ministerio del Interior concluyó la protección para el periodista de manera prematura”, aseguró Robert Mahoney, director ejecutivo del CPJ. “Los reporteros regionales están particularmente en riesgo y usualmente prefieren no informar sobre aspectos delicados. Castilla valientemente eligió no practicar la autocensura, y su asesinato pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades muestren su compromiso con la protección de la prensa”.
El Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez condenó el asesinato y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos colombianos (26,000 dólares) por cualquier información sobre el crimen, según la prensa local.
En el informe anual de 2009, el CPJ encontró que al menos 68 periodistas murieron alrededor del mundo por desempeñar su labor informativa durante ese año, la cifra más alta registrada por nuestra organización. Una de las víctimas de ese año fue el periodista colombiano José Everardo Aguilar, de 72 años, corresponsal de Radio Súper, en ciudad sureña de Patía, quien fue baleado dentro de su casa el 29 de abril. El periodista era conocido por su abierta crítica a la corrupción y la denuncia de los vínculos entre políticos locales y grupos paramilitares de extrema derecha.