224 de octubre de 2008
Eduardo Medina Mora
Procurador General de la República
Ciudad de México, México
Por fax: 52-55-5346-0901
Estimado Procurador Medina Mora,
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está muy preocupado por las novedades en la investigación del asesinato del periodista estadounidense Bradley Roland Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006 en Oaxaca. La reciente acusación en contra de tres manifestantes ignora evidencia importante que indica que pistoleros progubernamentales son responsables del asesinato.
El 21 de octubre, el juez oaxaqueño Luis Salvador Cordero dictaminó que el sospechoso Juan Manuel Martínez Moreno debía ser enjuiciado por el asesinato de Will, según informes de prensa. Otros dos sospechosos, Octavio Pérez Pérez y Hugo Colmenares Leyva, fueron acusados de ser cómplices pero luego liberados bajo fianza, informó el diario Milenio de Ciudad de México.
Will, de 36 años, trabajaba para la agencia de prensa radicada en Nueva York, Indymedia, cuando murió cubriendo un choque en las afueras de la capital estatal entre partidarios del gobierno armados y manifestantes, muchos de los cuales pertenecían al movimiento de izquierda conocido como Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, o APPO. Durante meses, el movimiento de izquierda había tomado el control de algunas partes de la capital, exigiendo la renuncia del Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, según las investigaciones del CPJ.
El CPJ entrevistó a testigos, al médico forense de Oaxaca, y a otras personas para compilar el informe investigativo del 2007, “A Killing in Mexico” (“Un Asesinato en México”). Will y otros periodistas que documentaban los disturbios se encontraban entre los manifestantes el día del asesinato, según el CPJ. Estos periodistas indicaron al CPJ que partidarios del gobierno dispararon en la dirección de los manifestantes. Fotografías tomadas por los periodistas documentan tales disparos. Un fotoperiodista, Oswaldo Ramírez, recibió un disparo en la pierna. Otro fotógrafo, Raúl Estrella, oyó una bala que le pasó rozando la cabeza. Will recibió dos disparos. El primero lo recibió de frente, el segundo entró por el costado. De inmediato, manifestantes se acercaron a Will y trataron de resucitarlo. Murió minutos más tarde.
El médico forense de Oaxaca, quien realizó la autopsia, encontró que las heridas en el cuerpo de Will correspondían a disparos efectuados desde larga distancia. Los disparos, según el experto forense, no fueron efectuados a quemarropa. Pero hoy, dos años después de la muerte de Will, los fiscales federales sostienen que Will fue en verdad tiroteado a corta distancia. Martínez y los otros acusados, todos integrantes de la APPO, estaban cerca de Will durante los enfrentamientos.
El CPJ cree que las conclusiones presentadas por el subprocurador de Derechos Humanos, Juan de Dios Castro Lozano, y el fiscal especial para atención de delitos contra periodistas, Octavio Orellana Wiarco, en una conferencia de prensa el 17 de octubre, siembran dudas sobre la integridad de la investigación federal. Los fiscales no han logrado presentar evidencia forense, declaraciones de testigos o motivaciones claras y contundentes en la acusación contra Martínez y los demás sospechosos del asesinato. Al mismo tiempo, parecen haber descartado evidencia -balística, fotográfica y médica– que implicaría a simpatizantes del gobierno de Oaxaca.
La ausencia de evidencia específica y contundente contra los acusados y el aparente fracaso para seguir otras líneas de investigación ha provocado consternación en la familia de Will y equipos de trabajo independientes que han investigado el caso, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La Procuraduría General de la República a su cargo se ha comprometido a investigar crímenes contra la libertad de expresión, pero estamos seriamente preocupados por la dirección que ha tomado este caso. Las últimas decisiones de los fiscales federales, que ignoran trabajo investigativo previo, sientan un peligroso precedente para la prensa en México y el derecho a la libre expresión, garantizado en la Constitución mexicana. Lo instamos a reconsiderar las conclusiones adoptadas en este caso y a demostrar que la acusación tiene mucho más terreno para cubrir.
Muchas gracias por su atención sobre este asunto urgente. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon
Director Ejecutivo