Ciudad de México, 9 de junio de 2008–El presidente Felipe Calderón se comprometió hoy a federalizar los crímenes contra la libertad de expresión en una reunión con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) celebrada en Ciudad de México.
El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, anunció por su parte una propuesta legislativa para enmendar el artículo 73 de la constitución política de los Estados Unidos de México para convertir en delito federal todo crimen que cause “alarma social”, incluidas las amenazas a la libertad de expresión.
“El Gobierno está de acuerdo en la idea de federalizar los crímenes contra la libertad de expresión”, afirmó Calderón. Declaró que la propuesta legislativa sería enviada al Congreso en la próxima sesión en el mes de septiembre.
En una reunión en la residencia oficial, Los Pinos, Calderón se reunió con una delegación del CPJ liderada por el presidente de la Junta Directiva, Paul Steiger, y el Director Ejecutivo, Joel Simon. El CPJ expresó su preocupación sobre el clima de miedo que restringe la labor de la prensa mexicana y la inquietud ante los violentos y continuos ataques contra los periodistas que cubren el crimen organizado y la corrupción oficial.
“La amenaza más importante contra los periodistas independientes en México es la misma que soporta la sociedad en su conjunto, el crimen organizado”, afirmó el presidente.
La delegación reconoció la voluntad política del gobierno federal para crear un ambiente más seguro para los medios de comunicación y felicitó a Calderón por haber firmado en 2007 una ley que sentó un precedente regional al eliminar efectivamente al nivel federal las sanciones penales por calumnia y difamación.
El CPJ presentó una propuesta a Calderón que le permitiría proteger la libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluyendo a los periodistas, y convertir la investigación de delitos contra la libertad de expresión en una responsabilidad del gobierno federal y no de las autoridades estatales.
Los principios garantizarían:
· El derecho de todos los mexicanos a expresar sus ideas libremente, tal como lo establecen los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana.
· La promoción de una legislación para federalizar los crímenes contra la libertad de expresión y de prensa.
· La redacción de la futura ley federal conforme a los estándares internacionales en la materia.
· Buscar que el lenguaje utilizado en la elaboración de la ley sea amplio e incluyente de modo que proteja los derechos de todas las personas, incluyendo a los periodistas, cuya libertad de expresión se ve amenazada.
· La modificación de la oficina del fiscal especial para atención a los delitos contra periodistas para cerciorarse que tenga suficiente autoridad.
“Salimos esperanzados por la recepción ofrecida por el presidente Calderón junto a miembros clave de su Ejecutivo, y por el reconocimiento de que el combate contra la impunidad en los asesinatos de periodistas es uno de los retos centrales a los que se enfrenta el gobierno”, declaró Steiger. “Damos la bienvenida al compromiso del presidente Calderón de trabajar para la federalización de los crímenes contra la libertad de expresión”.
La delegación presidencial incluía al secretario de Gobernación, la secretaria de Relaciones Exteriores, el Procurador general Eduardo Medina Mora, y el portavoz del presidente, Max Cortázar.
La misión del CPJ a la Ciudad de México se originó en respuesta a la ola de violencia sin precedentes en contra de los medios de comunicación locales y el fracaso de las autoridades para investigar y procesar los crímenes contra la prensa. La delegación pasó tres días en Ciudad de México reuniéndose con editores, ejecutivos de medios, activistas de derechos humanos y altos funcionarios del gobierno. El sábado, el CPJ organizó un panel para discutir la cobertura del crimen organizado en el que participaron periodistas del interior, importantes reporteros de la Ciudad de México y corresponsales extranjeros.
También el sábado, el CPJ lanzó un informe especial, “Tres Asesinatos, Sin Justicia”, que investiga los casos no resueltos de los periodistas caídos Francisco Ortiz Franco en Tijuana, Bradley Will en Oaxaca y Amado Ramírez en Acapulco. El informe, redactado e investigado por la consultora del CPJ en México, Monica Campbell, examina los factores que impiden la resolución de los asesinatos de periodistas en México. Los tres casos comparten ciertas características. Por cuestiones relacionadas con un trabajo policial deficiente, miedo o presión política, las investigaciones no han podido progresar.
El panel contó con importantes editores y reporteros de la región, entre quienes se destacaron la periodista de investigación y ganadora de la edición 2008 del Premio Guillermo Cano de la UNESCO, Lydia Cacho; el periodista del Dallas Morning News, Alfredo Corchado; y Daniel Rosas del diario El Mañana de Nuevo Laredo. El panel, que se llevó a cabo en el centro de cultura Casa Lamm, fue moderado por el columnista del Miami Herald y miembro de la junta directiva del CPJ, Andrés Oppenheimer.
La delegación del CPJ en Ciudad de México estuvo integrada por más de diez miembros de la junta directiva: Oppenheimer; Clarence Page del Chicago Tribune, Paul Tash del St. Petersburg Times; Victor Navasky de The Nation; Andrew Alexander de los periódicos Cox; Rajiv Chandrasekaran de The Washington Post; Burl Osborne de The Dallas Morning News; Josh Friedman de la Escuela de Graduados de Periodismo de la Universidad de Columbia; Steve Isenberg; Erwin Potts; y Franz Allina. El Subdirector del CPJ, Rob Mahoney, y el Coordinador Senior del Programa de las Américas, Carlos Lauría, también participaron de la delegación al igual que la Investigadora de las Américas, María Salazar, y la consultora en México, Monica Campbell.
México es uno de los países más peligrosos para los periodistas en América Latina, según la investigación del CPJ. En los últimos cinco años, al intensificarse la guerra entre los carteles de la droga, periodistas locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico enfrentan graves riesgos. Un total de 21 periodistas ha caído en México desde el 2000, siete de ellos en represalia directa por su trabajo. Desde el 2005, otros siete periodistas han desaparecido. México figura décimo en el Índice de Impunidad del CPJ, una lista de los países dónde periodistas son asesinados de manera recurrente y dónde los gobiernos fracasan en la resolución de los crímenes.
Aunque la batalla entre los carteles es particularmente fuerte en los estados del norte, la violencia se ha extendido a todo el territorio mexicano. Los números son devastadores-se han registrado 4 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado desde que Calderón asumió hace un año y medio, informó la prensa.
La violencia y el miedo han tenido efectos nocivos en la prensa ya que los reporteros que cubren el crimen organizado y la violencia vinculada al narcotráfico se autocensuran cada vez con mayor frecuencia. La ola de violencia contra de la prensa impide a los periodistas cumplir con su labor informativa. El narcotráfico, el crimen, la corrupción y otros problemas que afectan la vida diaria de las ciudadanos mexicanos no están recibiendo cobertura.
A principios de 2006, el gobierno mexicano reconoció que la violencia contra la prensa era un problema nacional al crear la oficina del fiscal especial para atención a delitos contra periodistas. Desafortunadamente, el sistema judicial mexicano no ha conseguido poner fin a este ciclo de violencia y parece estar lejos de poder resolver los asesinatos más recientes. La incapacidad del gobierno mexicano para investigar a fondo estos crímenes y enjuiciar a los responsables ha creado una cultura de impunidad.