26 de octubre del 2007
Felipe Calderón HinojosaPresidente de la República de MéxicoLos PinosMéxico, D.F., México
Por fax: 52- 55 – 52772376
Su Excelencia:
Al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) le preocupa mucho que un año después de la muerte del periodista Bradley Roland Will nadie haya sido llevado ante la justicia. También nos preocupa la ausencia de una investigación seria sobre el asesinato sumado a la falta de una respuesta oficial ante informes de testigos y fotografías tomadas en el momento del asesinato en las que aparecen varios hombres armados disparándole al grupo donde se encontraba Will.
El 27 de octubre del 2006, en la capital del estado de Oaxaca, Will recibió dos disparos mortales mientras cubría un enfrentamiento entre manifestantes antigubernamentales y hombres de civil armados que trabajaban para el controvertido gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz. En el momento del tiroteo, Will, periodista independiente de 26 años que trabajaba para Indymedia, se encontraba entre los manifestantes. También estaban presentes por lo menos ocho periodistas más. Informes de balística indican que las dos balas que penetraron a Will proceden de la misma arma y fueron disparadas de una distancia de menos de 5 metros, lo cual corresponde a lo relatado por testigos que vieron a hombres disparando contra los manifestantes.
Días después del incidente, las autoridades detuvieron a dos hombres que trabajaban para el gobierno estatal, el CPJ informó en su informe “A Killing in Mexico,” publicado en abril. Sin embargo, los dos hombres fueron liberados después que un juez local concluyera que no estaban lo suficiente cerca de Will para haberle disparado. Ninguna otra persona ha sido arrestada desde entonces y ninguno de los individuos armados que aparecen en las fotografías ha sido interrogado.
La falta de progreso en la investigación del caso de Will ejemplifica la impunidad que rodea a los ataques contra la prensa en México, un país que se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para periodistas en las Américas, según información del CPJ. El sistema judicial mexicano se ha mostrado sobrecargado y disfuncional. Consideramos que se trata de un problema nacional que necesita el compromiso del gobierno federal para solucionarlo. Si el gobierno mexicano está en verdad comprometido con la protección de la libertad de prensa, medidas judiciales más enérgicas deben entrar en efecto.
La Procuraduría General de la República anunció recientemente un proyecto para federalizar los delitos contra la prensa. La iniciativa contempla la criminalización de cualquier intento de agresión contra los comunicadores, a través de violencia u otros medios, que tienda a garantizar el derecho los ciudadanos a ser informados como lo establece la constitución. Lo instamos a incluir la protección de la libertad de expresión entre las prioridades de su administración.
A fines de marzo, familiares de Will se reunieron con la entonces Procuradora General del Estado de Oaxaca, Lizbeth Caña, quien les indicó que había solicitado a las autoridades federales que atrajeran el caso. La procuradora sostuvo que el supuesto uso de armas del ejército en el asesinato, que aparecen en varias fotografías tomadas durante el incidente, podía constituir un crimen federal. Si bien la investigación federal se puso en marcha inicialmente, ha sido abandonada desde entonces. El procurador especial para crímenes contra periodistas, Octavio Orellana, señaló al CPJ que continúa supervisando la investigación estatal, a pesar que no se han registrado resultados concretos hasta el momento.
Es alarmante que funcionarios que trabajan para la procuraduría del Estado, incluyendo Caña, hayan sugerido que uno de los manifestantes haya sido quien efectuó los disparos fatales sin presentar evidencia alguna para sustentar la afirmación. La falta de voluntad de las autoridades estatales para impulsar una investigación seria combinada con las limitaciones evidentes del fiscal especial de delitos contra la prensa, han resultado en una investigación postergada.
Solicitamos con respeto que utilice el poder de su autoridad para promover una investigación rigurosa que examine lo que dicen los testigos, la evidencia forense y que también tome en cuenta las fotografías del día del incidente. El fracaso del gobierno mexicano en alcanzar justicia envía un mensaje inquietante a los periodistas mexicanos que se sienten vulnerables y en ocasiones indefensos en un clima donde reina la impunidad.
Muchas gracias por su atención sobre este asunto urgente. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon
Director Ejecutivo