Nueva York, 13 de abril del 2007—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) saluda la firma del presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, de una ley que despenaliza la difamación, la injuria y la calumnia al nivel federal, y convierte a México en el segundo país en América Latina que ha derogado la difamación de su código penal.
“Elogiamos la decisión del presidente Calderón por haber firmado esta importante legislación que deroga la difamación como delito penal”, declaró el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Éste es un paso crucial hacia la protección de la libertad de expresión en México”.
Calderón firmó ayer el proyecto de decreto, aprobado por el senado mexicano en marzo, en un evento oficial al cual asistieron dueños de medios, periodistas y editores mexicanos, informó la prensa local. Calderón elogió a la ley como garantía al derecho de todos los mexicanos a la libertad de expresión pero advirtió que este derecho “deberá ejercerse con responsabilidad,” según informes de la prensa local.
Bajo la nueva ley, los periodistas ya no podrán ser sentenciados a prisión en el ámbito federal tras demandas por difamación o calumnia. La difamación, la injuria y la calumnia son desde ayer delitos civiles bajo los artículos 1916 y 1916bis del código civil federal. Se aplicarán sanciones monetarias al igual que ratificaciones para dichas infracciones.
Esta reforma, sin embargo, no ofrece protección total a los periodistas mexicanos frente a demandas penales por difamación ya que en muchos estados los delitos de prensa permanecen en los códigos penales. El sistema legal mexicano separa al nivel federal del nivel estatal, y las leyes federales no se imponen sobre las estatales. En la mayoría de los estados mexicanos, la difamación, la injuria y la calumnia pueden castigarse con sentencias de hasta cuatro años de cárcel.
“Aunque la ley federal ha sido ratificada con la decisión de Calderón, instamos a los gobiernos estatales a seguir el ejemplo del gobierno federal y despenalizar las leyes de prensa para poder asegurar que los periodistas en todo el país puedan trabajar sin temor a persecuciones judiciales”, agregó Simon.
Aunque el encarcelamiento por delitos de prensa ha sido prácticamente eliminado en América Latina, los procesos penales por difamación siguen siendo habituales. Sin embargo, una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a varios políticos en la región a considerar reformas que harían desaparecer la difamación por completo de la legislación penal.
En el caso del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocó la condena al periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, reportero del diario La Nación de San José condenado por difamación. El tribunal radicado en Costa Rica dictaminó que la sentencia violó el derecho de Herrera Ulloa a la libertad de expresión y le ordenó a Costa Rica a pagarle al periodista dinero en concepto de daños y perjuicios. El presidente de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez, redactó una opinión concurrente en la cual cuestionó la penalización de la difamación y sugirió que dichas leyes deberían derogarse.
El Salvador es el único otro país en América Latina dónde la difamación ha sido eliminada como delito penal.