Nueva York, 22 de febrero del 2007—Pistoleros no identificados efectuaron dispararos fuera de las oficinas del quincenario La Razón de Cali e hirieron a tres personas. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está investigando si el incidente fue un ataque contra el director del periódico, Édgar Buitrago Rico, quien había recibido amenazas de muerte.
El martes a las 3:45 p.m., dos hombres armados se acercaron a las oficias de La Razón en la ciudad de Cali, 273 millas (440 kilómetros) al suroeste de Bogotá, Buitrago indicó al CPJ. Uno de los asaltantes atacó al escolta de Buitrago, Gustavo Adolfo Alape, mientras el segundo intentaba irrumpir en el periódico. Según Buitrago, Alape sacó su arma y se produjo un intercambio de disparaos antes de que los agresores escaparan. Alape resultó herido en una mano, mientras que un empleado del periódico y un transeúnte recibieron heridas leves en las piernas. Buitrago estaba en su oficina durante el tiroteo.
Según Buitrago, el ataque fue en represalia a sus reportajes críticos en La Razón sobre corrupción en el gobierno local.
El 8 de febrero, el periodista recibió un mensaje electrónico anónimo en el que le advertían que de seguir informando, lo verían en la otra vida. Buitrago añadió que en agosto y septiembre del 2006 había recibo varias llamadas de individuos no identificados a su teléfono celular, amenazándolo de muerte.
El general Luis Alberto Moore, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que el ataque del martes no tenía relación alguna con el trabajo de Buitrago. Según el diario El País, Moore explicó que la policía tiene indicios que vinculan al ataque con otra persona. Intentos del CPJ para contactar a Moore resultaron infructuosos.
“Instamos a las autoridades de Cali a investigar de manera exhaustiva el ataque y las amenazas contra nuestro colega Édgar Buitrago”, indicó el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Los periodistas caleños deberían recibir la protección necesaria que les permita continuar su trabajo”.
El Ministerio del Interior le adjudico a Buitrago protección policial en el 2004 después de haber sido obligado a huir tras amenazas de muerte. Investigaciones del CPJ indican que Buitrago huyó de Cali también en el 2002 después de recibir amenazas de muerte vinculadas a sus reportajes sobre corrupción gubernamental para la Revista Valle 2000, radicada en la misma ciudad. El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) otorgaron a Buitrago dos nuevos escoltas tras los ataques del martes.
El Presidente Álvaro Uribe se reunió con una delegación del CPJ en marzo del 2006 y expresó su apoyo a los periodistas de las regiones que informan sobre corrupción, al enfatizar que cualquier funcionario que interfiera con el trabajo de la prensa “está cometiendo un crimen contra la democracia, y eso es gravísimo”. Por lo menos siete reporteros locales abandonaron sus hogares en Colombia durante el 2006 luego de ser amenazados de muerte. Dos reporteros provinciales cayeron en represalia por su trabajo en el 2006, mientras el CPJ continúa investigando las circunstancias que rodean a una tercera muerte.