Nueva York, 30 de enero del 2007—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está preocupado por una orden judicial que impide al diario colombiano El Heraldo publicar nuevos artículos tras la divulgación de un informe en donde alega que una compañía de Barranquilla tiene vínculos con las fuerzas paramilitares.
El 21 de enero, el periódico publicó junto con la organización no gubernamental, Fundación Protransparencia, un informe investigativo sosteniendo que habría vínculos entre la compañía privada Métodos y Sistemas y paramilitares. La compañía, que había sido contratada por el gobierno de Barranquilla para recaudar impuestos, interpuso una tutela inmediatamente alegando que el informe les había vulnerado los derechos a la honra y buen nombre y a la información veraz e imparcial, según el diario El Tiempo.
El jueves, el juez segundo penal de Barranquilla, Hernando Estrada Peña, ordenó a El Heraldo detener informes adicionales sobre el mismo tema como “medida provisional” mientras resuelve la tutela.
“Condenamos la decisión de la corte de censurar a El Heraldo y de impedir que publique información adicional que considera esencial para poder comprender la influencia que tienen las fuerzas ilegales paramilitares sobre la vida en Colombia”, afirmó el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Esperamos que la corte revoque esta orden pues la censura no tiene lugar en un país democrático”.
Al comentar la orden del Juez Estrada, el Presidente Álvaro Uribe Vélez indicó hoy a RCN Radio que nada debería perturbar la libertad de prensa. “A mí me parece muy grave cualquier atentado contra la libertad de prensa”, señaló Uribe. “Con todo el respeto al Juez de la República, sin conocer la razón y el fondo de su fallo, a mí me parece que nada debe perturbar la libertad de prensa”.
Las fuerzas paramilitares de extrema derecha son las supuestas responsables de algunas de las peores masacres del conflicto civil colombiano, según la Associated Press. También han tenido un papel importante en transformar al narcotráfico en uno de los sectores exportadores más importantes de Colombia. Desde que el gobierno de Uribe comenzó a negociar con ellos en el 2002, los paramilitares han desmovilizado a más de 30,000 combatientes, según la AP. Al mismo tiempo, sin embargo, han expandido y profundizado operaciones ilegales que van desde la extorsión hasta el tráfico de drogas y de combustible.
Durante los últimos meses, el gobierno de Uribe se ha visto rodeado por escándalos mientras que los medios de comunicación, los grupos de derechos humanos y los críticos del gobierno han documentado vínculos extensos entre las fuerzas armadas y los paramilitares, que han colaborado en una guerra sucia contra las guerrillas de izquierda. El escándalo, documentado ampliamente por la prensa colombiana, vincula directamente a docenas de políticos y de altos funcionarios del gobierno con estos grupos ilegales.
Uribe se reunió con una delegación del CPJ el 15 de marzo del 2006 y expresó su apoyo a los periodistas de las regiones. El presidente también anunció su apoyo a los periodistas que informan sobre corrupción, al enfatizar que cualquier funcionario que interfiera con el trabajo de la prensa “está cometiendo un crimen contra la democracia, y eso es gravísimo”.