Nueva York, 5 de julio del 2006 — El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está preocupado por una amenaza de muerte contra un periodista colombiano que entrevistó a personas acusadas de narcotráfico esperando para ser extraditadas a Estados Unidos.
El destacado periodista radial Herbin Hoyos Medina indicó al CPJ que recibió un correo electrónico advirtiéndole que si no salía de Colombia en tres días enfrentaría “repercusiones sin precedentes para sus hijos y familia”. Hoyos permanece en Colombia aunque manifestó que está considerando abandonar el país.
“Nos inquieta esta amenaza contra Herbin Hoyos”, señaló el Director Ejecutivo del CPJ Joel Simon. “Las autoridades deben investigarla prontamente y encontrar a los responsables”.
Hoyos salió de Colombia durante períodos cortos entre 1998 y 2000 después de recibir amenazazas de grupos guerrilleros tras informar sobre secuestros. Desde el 2002 tiene escolta permanente de la policía.
El 1 Julio, durante su programa semanal en Caracol Radio en Bogotá, Hoyos sacó al aire entrevistas con internos de la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá que esperan para ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
Esa noche un mensaje amenazante fue colgado en su sitio Web, (lasvocesdelsecuestro.com). El mensaje, firmado por un grupo desconocido llamado “Frente de Acción y Justicia por la Libertad y la Democracia”, acusó a Hoyos de proteger a delincuentes que dañan la imagen de Colombia. Hoyos denunció la amenaza a la Fiscalía General.
Según informes de la prensa local, los entrevistados por Hoyos señalaron que no eran capos del narcotráfico y acusaron a la DEA, organismo antidroga estadounidense, y a las autoridades colombianos de haber hecho un montaje con las solicitudes de extradición.
Desde comienzos de año, el CPJ ha documentado cinco casos de periodistas colombianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares por amenazas e intimidación. Si bien periodistas en Bogotá y otros grandes centros urbanos trabajan con mayor libertad que sus colegas en el interior del país, también enfrentan presiones e intimidaciones, según datos del CPJ.