Nueva York, 28 de julio de 2006—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está muy preocupado por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Perú de invalidar las condenas de tres sujetos, incluyendo la de un alcalde, por el asesinato en el 2004 del periodista Antonio de la Torre Echeandía. A través de una decisión adoptada el 21 de julio, la corte liberó a los tres acusados sin dar explicaciones inmediatas. El CPJ instó a la corte a hacer públicas de inmediato los motivos en los que basó su resolución.
De la Torre, presentador del informativo “El Equipo de la Noticia” en Radio Órbita, fue asesinado el 14 de febrero del 2004 en la ciudad de Yungay en el departamento de Áncash. De la Torre era conocido como un duro crítico del alcalde de Yungay, Amaro León León. Tres hombres, incluyendo a León, fueron declarados culpables por la Corte Superior de Áncash en diciembre de 2005. Cada uno fue sentenciado a 17 años de cárcel.
La Corte Suprema en Lima citó falta de evidencia en su revocación de las condenas sin dar explicaciones adicionales, según la prensa local. La corte ordenó la liberación de los acusados Pedro Ángeles Figueroa, Antonio Torres Camones y León de una cárcel en Huaraz, la capital de Áncash. León retomó su posición como alcalde de Yungay al día siguiente, indicó al CPJ la esposa del periodista, Dina Ramírez. Según Ramírez, las autoridades no le han dado ninguna explicación sobre la decisión de la corte.
La decisión de la corte podría tener una de dos consecuencias, según abogados del Instituto Prensa y Sociedad, un grupo de libertad de prensa regional. La corte podría dictar una sentencia absolutoria –en cuyo caso un nuevo juicio sería altamente improbable- o decidir su nulidad basándose en vicios de procedimiento. Una anulación podría conducir a un nuevo juicio. El carácter de la decisión, sin embargo, no puede conocerse hasta tanto la corte no haga pública la resolución.
“Estamos alarmados por la decisión de la Corte Suprema de liberar, sin explicación, a tres individuos que fueron juzgados y condenados por el asesinato de Antonio de la Torre”, señaló el Director Ejecutivo del CPJ Joel Simon. “El incumplimiento de la corte en proporcionar una explicación pública de sus acciones socava la transparencia del proceso legal”.
En el 2002, de la Torre fue jefe de la campaña electoral de León y luego titular de la Oficina de Imagen Institucional de la municipalidad. De la torre indicó haber renunciado tras detectar presuntos actos de corrupción.
Torre y Ángeles fueron detenidos días después del crimen. En marzo del 2004, un juzgado de Áncash ordenó la detención de León y su hija, Emma, por complotar para asesinar a de la Torre en una tentativa de acallarlo. León fue encarcelado en Huaraz, pero su hija y otro sospechoso, el presunto sicario Moisés David Julca, se dieron a la fuga.
Más cobertura de este caso por el CPJ:
http://www.cpj.org/protests/04ltrs/Peru25mar04pl_Sp.html
http://www.cpj.org/news/2005/Peru16dec05na_Sp.html