Nueva York, 2 de marzo del 2006—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está alarmado por amenazas de muerte contra una periodista del diario colombiano Vanguardia Liberal, que también dice estar siendo vigilado por un organismo de seguridad del gobierno.
Jenny Manrique indicó que en enero había huido de Bucaramanga, en el departamento oriental de Santander, al recibir amenazas de muerte tras haber informado sobre abusos de las fuerzas paramilitares. Manrique pidió al CPJ que mantuviera su salida de Bucaramanga en secreto por miedo a represalias. Tras publicar Vanguardia Liberal acusaciones de vigilancia e intervención telefónica a directivos del periódico por parte de agentes de seguridad del Estado la semana pasada, Manrique decidió hacer público su caso.
El 25 de febrero, el diario de Bucaramanga informó que integrantes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) intervinieron los teléfonos y siguieron al presidente, al gerente y al director del periódico y a sus familias.
El director del DAS, Andrés Peñate Giraldo, aseguró que no sabía nada de las acusaciones aunque su oficina llevaría a cabo una investigación, según la prensa local. Peñate especificó que la oficina central del DAS en Bogotá no había ordenado vigilar al diario. El lunes, sin embargo, Peñate reemplazó al director regional del DAS en Santander para poder garantizar la transparencia de la investigación.
Según el diario El Tiempo, Vanguardia Liberal ha sido crítico del gobierno departamental, y en particular del Gobernador Hugo Aguilar Naranjo. Aguilar negó estar involucrado en las acusaciones de espionaje, informó El Tiempo.
Manrique, coordinadora del suplemento semanal “Séptimo Día”, indicó al CPJ que entre mayo y diciembre del 2005 recibió una serie de llamadas telefónicas cada vez más amenazadoras.
El 9 de enero, Manrique recibió una amenaza advirtiéndole: “porque mejor no se va de la región o si no la quebramos”. Al día siguiente, Manrique denunció las amenazas ante la policía local y el 12 de enero salió de Santander bajo la protección del Ministerio del Interior. La Fiscalía General de la Nación y el DAS iniciaron una investigación en enero, aunque Manrique indicó que no han arrestado a ningún sospechoso.
“Estamos sumamente preocupados por estas acusaciones de espionaje a Vanguardia Liberal y por las amenazas de muerte contra una de sus periodistas”, señaló la Directora Ejecutiva del CPJ Ann Cooper. “Instamos a las autoridades colombianas a investigar rigurosamente ambos incidentes y a enjuiciar a los responsables”.
En un reportaje especial publicado en octubre y titulado “Historias no contadas”, el CPJ encontró que editores, reporteros y otros profesionales de los medios de comunicación se autocensuran por miedo a las represalias de los actores del conflicto armado, así como el acoso por parte de los funcionarios del gobierno y del ejército colombiano. Dichos ataques han forzado a la prensa a limitar fuertemente el cubrimiento del conflicto armado, en especial en temas relacionados con los abusos a los derechos humanos, crimen organizado, tráfico de drogas y corrupción.