Nueva York, 25 de enero del 2006—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la orden dictada el lunes por un juez de Caracas prohibiendo a los medios de comunicación reportar sobre el asesinato del conocido fiscal Danilo Anderson en el 2004.
Tras la solicitud del Fiscal General Isaías Rodríguez, el juez Florencio Silano prohibió “la publicación, la difusión y la exposición” de información sobre el caso Anderson. Entre otras cosas, Rodríguez dijo querer proteger al testigo principal de la Fiscalía, Giovanny Vásquez de Armas, de lo que ha llamado una campaña de acoso y presión sicológica.
Los medios locales han puesto en duda la credibilidad de Vásquez repetidamente. Vásquez ha sido condenado por fraude en Colombia, su país natal, y algunos reportajes de prensa lo acusan de colaborar con las FARC, un grupo guerrillero colombiano. Reportajes locales afirman igualmente que Vásquez estaba encarcelado en el 2003 cuando supuestamente asistió a una reunión en Panamá donde se hubiera planeado el asesinato de Anderson.
El Ministerio Público abrió también una investigación dirigida por Silano contra seis estaciones de televisión y cuatro diarios por supuesta “obstrucción de justicia” al haber reportado sobre documentos y testigos del caso, según reportajes locales. La acusación por obstrucción de justicia se está llevando a cabo bajo la Ley de Autoridad Judicial y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La ley de “responsabilidad social”, aprobada en el 2004, ha sido criticada por no seguir los estándares internacionales de libertad de prensa.
La investigación le apunta a cuatro estaciones de televisión privadas— Televén, RCTV, Venevisión y Globovisión, al Canal Metropolitano de Caracas, al canal público Venezolana de Televisión (VTV)—al igual que a cuatro diarios— El Nacional, El Universal, Ultimas Noticias y El Nuevo País.
“Esta prohibición es un ataque escandaloso contra la libertad de prensa y el derecho a la información de todos los ciudadanos venezolanos”, señaló la Directora Ejecutiva del CPJ Ann Cooper. “Instamos al fiscal a retirar su petición que coarta estos derechos humanos”.
Anderson era el fiscal encargado de investigar la presunta participación de un grupo de empresarios, políticos y ex funcionarios gubernamentales en el golpe de estado de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez Frías. Anderson murió víctima de un atentado con explosivos cuando conducía su auto en Caracas el 18 de noviembre del 2004, hecho catalogado de “terrorista” por funcionarios del gobierno.
En diciembre del 2004 y enero del 2005, la prensa local recogió las declaraciones de un concejal de Caracas que aseguró que la policía había encontrado una cuantiosa suma de dinero al registrar el apartamento de Anderson. El concejal, Carlos Herrera, sostuvo que Anderson tenía vínculos con una red de extorsión formada por abogados y fiscales que solicitaba dinero a cambio de detener las investigaciones.
Pero Rodríguez ha afirmado que en la investigación que adelanta la Fiscalía se manejan tres hipótesis que apuntan hacia una represalia contra Anderson por causa de su labor como fiscal. Rodríguez ha criticado a la prensa por la atención dada a las acusaciones de extorsión con la intención de favorecer a los acusados y posibles involucrados en el asesinato de Anderson.
Tres hombres han sido condenado de asesinar a Anderson pero los fiscales creen que hay otros involucrados en la autoría intelectual. En noviembre del 2005, las autoridades venezolanas ordenaron la detención de cuatro personas acusadas de planear el crimen, incluyendo a la periodista Patricia Poleo, conocida columnista y directora del diario de Caracas El Nuevo País, que ha apoyado a la oposición. Poleo pasó a la clandestinidad hace casi tres meses. El gobierno indicó que presentará evidencia durante el juicio y que su procesamiento no tiene relación con su trabajo periodístico.