Nueva York, 20 de diciembre del 2005—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) protesta enérgicamente la detención de la periodista y activista de los derechos humanos Lydia Cacho Ribeiro. Cacho fue liberada tras pagar una fianza y enfrenta cargos por difamación.
Cacho, columnista de las revistas Día Siete y Tentaciones de Ciudad de México, fue arrestada cerca del mediodía cuando llegaba a las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), un centro de ayuda a las víctimas de violencia doméstica y violación en Cancún, según informes de la prensa local. Cacho es la directora del centro.
Policías del estado de Puebla, con el apoyo de agentes locales, detuvieron a Cacho y la trasladaron en automóvil a Puebla, a 1,600 kilómetros de distancia, en un viaje de más de 20 horas. La jueza Rosa Celia Pérez González del Juzgado Quinto en lo Penal de Puebla liberó a Cacho unas horas más tarde luego de que la periodista pagara una fianza de 106 mil pesos (10 mil dólares estadounidenses).
La jueza giró la orden de arresto con el argumento de que Cacho no había respondido al citatorio en la demanda por difamación, afirmó la periodista en un artículo publicado en Mujeres en Red. Cacho escribió que nunca recibió el citatorio, y agregó que “no se puede girar una orden de aprehensión sin asegurarse de que la o el acusado no ha recibido los citatorios”.
El caso de difamación se basa en una demanda presentada por el empresario textil José Camel Nacif Borge, señaló la prensa mexicana. En un libro publicado en mayo y titulado “Los Demonios del Edén”, Cacho describió las actividades de una banda de prostitución infantil que según ella operaba con la complicidad de policías y políticos locales. Según Cacho, Nacif estaba vinculado a un individuo acusado de pedofilia. El empresario señaló que Cacho había dañado su reputación.
Cacho recibió numerosas amenazas de muerte luego de la publicación del libro y las autiordades le asignaron protección de agentes federales.
“Si bien el arresto por sí solo suscita numerosos interrogantes, el punto central es que los periodistas nunca deben enfrentar procesos penales por lo que escriben”, señaló la Directora Ejecutiva del CPJ Ann Cooper. “La amenaza de detención y procesamiento penal por difamación inhibe seriamente la capacidad de la prensa mexicana para ejercer la profesión libremente”.
Aunque el encarcelamiento por delitos de prensa ha sido prácticamente eliminado en América Latina, los procesos penales por difamación siguen siendo habituales. En agosto del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció un fallo por el cual se revocó la condena al periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, reportero del diario La Nación de San José condenado por difamación. El tribunal radicado en Costa Rica dictaminó que la sentencia violó el derecho de Herrera Ulloa a la libertad de expresión y le ordenó a Costa Rica a pagarle al periodista dinero en concepto de daños y perjuicios. El presidente de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez, redactó una opinión concurrente en la cual cuestionó la criminalización de la difamación y sugirió que dichas leyes deberían derogarse.