Nueva York, 2 de febrero del 2005—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está sumamente preocupado por la imputación de la periodista Patricia Poleo por los presuntos delitos de obtener y publicar ilícitamente documentos reservados de un expediente judicial y violar la Ley contra la Corrupción.
La Fiscalía General de la República anunció este último lunes que encausaría a Poleo por publicar información de carácter reservado sobre las investigaciones del asesinato del fiscal Danilo Anderson, hecho ocurrido en noviembre del 2004. Recientemente el gobierno inició una investigación sobre la filtración, que se ha atribuido a miembros de los cuerpos policiales.
Actuando con una orden judicial, agentes de la policía y fiscales allanaron el hogar de Poleo el 28 de enero, revisaron disquetes de computadora y se llevaron fotocopias de documentos que según la Fiscalía fueron filtrados. En una entrevista previa con el fiscal Alejandro Castillo, Poleo había negado poseer documentos filtrados, según versiones difundidas por la prensa local. Poleo ha declarado que el Ministerio Público esconde información que puede perjudicar al gobierno, y ha dicho que no revelará sus fuentes.
Poleo, conocida periodista que ha apoyado a la oposición, es columnista y directora del diario de Caracas El Nuevo País, propiedad de su padre, el también periodista Rafael Poleo. En diciembre del 2004 y enero del 2005, la periodista informó que documentos del expediente judicial vinculaban a Anderson con una red de extorsión a la que pertenecían varios abogados y fiscales.
Anderson era el fiscal encargado de investigar la presunta participación de un grupo de empresarios, políticos y ex funcionarios gubernamentales en el golpe de estado de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez Frías. Anderson murió víctima de un atentado con explosivos cuando conducía su auto en Caracas el 18 de noviembre del 2004, hecho catalogado de “terrorista” por funcionarios del gobierno. La policía ha detenido a tres sospechosos de haber cometido el asesinato, pero otros dos continúan prófugos de la justicia. El Ministerio Público continúa la búsqueda de los actores intelectuales del crimen de Anderson. En los días siguientes al asesinato, algunos partidarios del gobierno reclamaron la aprobación de legislación “antiterrorismo”.
En diciembre del 2004 y enero del 2005, la prensa local recogió las declaraciones de un concejal de Caracas que aseguró que la policía había encontrado una cuantiosa suma de dinero al registrar el apartamento de Anderson. El concejal, Carlos Herrera, sostuvo que Anderson tenía vínculos con una red de extorsión formada por abogados y fiscales que solicitaba dinero a cambio de detener las investigaciones.
Por su parte, el Fiscal General Isaías Rodríguez ha afirmado que en la investigación que adelanta la Fiscalía se manejan tres hipótesis que apuntan hacia una represalia contra Anderson por causa de su labor como fiscal. Rodríguez ha criticado a la prensa por la atención dada a las acusaciones de extorsión con la intención de favorecer a los acusados y posibles involucrados en el asesinato de Anderson.
“Nos preocupa que se haya imputado selectivamente a Poleo”, declaró Ann Cooper, Directora Ejecutiva del CPJ. “Los periodistas no deben ser castigados por informar sobre asuntos de interés público como es el caso Anderson”.