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EL SALVADOR Los medios salvadoreños continuaron polarizados, y los periodistas sufrieron violentos ataques y tuvieron que hacer frente a la falta de acceso a la información pública. Los trágicos terremotos de enero y febrero que dejaron desamparados a un millón de salvadoreños revelaron la amplia fractura que aún prevalece entre grupos izquierdistas y conservadores diez años después del final de una guerra civil larga y cruenta. TV DOCE, una estación de televisión fundada en 1984 y reconocida como una de las pocas voces independientes durante el brutal conflicto, fue muy criticada por la cobertura que dio a las labores de rescate. En un editorial del 19 de enero, el conservador y pro gobierno El Diario de Hoy acusó a TV DOCE de fabricar «patéticas escenas» con víctimas, lo cual según este diario ahuyentaba la ayuda extranjera. Sólo días antes, TV DOCE había comenzado a transmitir un programa diario dedicado a brindar a las víctimas del terremoto la oportunidad de comunicarse con sus parientes. Los televidentes comenzaron a llamar para denunciar al gobierno por la inadecuada respuesta al desastre. Según todos los indicios, el gobierno reaccionó imponiendo un boycott publicitario. Los anunciantes privados al parecer también redujeron sus compras de anuncios. Como resultado, la estación fue obligada a reducir sus operaciones. El director de noticias de TV DOCE, Mauricio Funes, dijo al CPJ que el noticiero de la estación, que se transmitía diariamente, ahora sólo se transmite entre semanas. Los empleos y salarios fueron recortados. Sin embargo, TV DOCE comenzó a recuperarse porque la estación recibió apoyo de parte de algunas organizaciones y gobiernos locales, según Funes. La reticencia oficial a dar acceso a la información gubernamental siguió obstaculizando el trabajo de los periodistas en el 2001. Los jueces constantemente utilizaron el artículo 272 del Código Procesal Penal, el cual les permite prohibir la entrada de reporteros a las actuaciones en tribunales a fin de proteger la moralidad, el interés público o la seguridad nacional. De acuerdo con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el poder judicial restringió el acceso a 11 procesos judiciales en el 2001. La APES, cuyas propuestas de reforma legal de 1998 no fueron tomadas en cuenta seriamente, las presentó otra vez en el 2001, junto con otra iniciativa. APES propuso que la Asamblea Legislativa derogara el artículo 324 del Código Penal, el cual impone sanciones de seis meses a tres años de privación de libertad a los funcionarios que revelaran informaciones «que debieran permanecer secretos». La ley no especifica cuándo se debe aplicar la regla del «secreto». El artículo 324 fue expuesto a la luz pública el 28 de agosto cuando el Fiscal General Belisario Artiga publicó un comunicado en el que reprendía a un funcionario anónimo que había filtrado a El Diario de Hoy los resultados de una investigación hecha a varios funcionarios. El Fiscal General había hecho un llamado al funcionario anónimo a que renunciara. Después de varias protestas, Artiga reconoció que el gobierno tenía la obligación de crear normas para la divulgación de documentos oficiales. Pero para fines de año no se había tomado ninguna medida. La APES y una organización no gubernamental llamada Probidad, informaron de numerosos incidentes en los que jueces, policías y otros atacaron física o verbalmente a los reporteros. Ambas organizaciones informaron sobre el ataque del 13 de septiembre a un camarógrafo del Canal 4 y a un fotógrafo de La Prensa Gráfica. Los periodistas cubrían la vista oral en el caso de un juez acusado de ejercer sin licencia, cuando unos sujetos de quienes se dijo eran guardaespaldas del juez los atacaron. En otro caso, unos agentes de la policía atacaron a dos reporteras de El Diario de Hoy durante la celebración de un carnaval. Un agente golpeó con un palo a una de las periodistas y otro intentó confiscar el video de la otra periodista, informaron las organizaciones. |