Ataques a la Prensa en 2000: NICARAGUA

En marzo, los periódicos informaron que Byron Jerez, el titular de la Dirección General de Ingresos, presuntamente había firmado cheques por valor de casi medio millón de dólares para propósitos fraudulentos. Tres meses después, Jerez fue obligado a renunciar luego de que un informe de la Contraloría determinó que el funcionario, quien también es un cercano aliado del presidente Arnoldo Alemán y miembro de alto rango del oficialista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), había quebrantado la ley. Los periodistas se anotaron otra victoria cuando una resolución de la Contraloría confirmó las denuncias periodísticas de que Jerez se había construido una casa de verano con fondos destinados para la ayuda a los damnificados del huracán Mitch. Los distintos delitos supuestamente cometidos por Jerez fueron descubiertos por el semanario Confidencial en el transcurso de una investigación que duró cuatro meses.

Hubo informes creíbles de que el gobierno utilizó auditorías fiscales para castigar a los medios de comunicación que lo criticaban. A finales de agosto, el diario de Managua La Prensa, que está aliado al Partido Conservador de Nicaragua, denunció intentos del gobierno de cobrar un reparo fiscal de más de 6 millones de córdobas (500 000 dólares estadounidenses) al periódico. Los reparos fiscales fueron el resultado de una auditoría de 1999 que se realizó poco después de que La Prensa publicó un informe sobre la corrupción gubernamental. El 3 de octubre, la Corte de Apelaciones detuvo el intento de cobrar los reparos fiscales pero para fines de año aún no había emitido una decisión final. Las autoridades tributarias presuntamente han hostigado a otras organizaciones de los medios, entre ellos los canales de televisión Canal 2 y Telenica Canal 8.

El gobierno liderado por el PLC es el mayor anunciante del país y ha sido acusado en varias ocasiones de manipular la distribución de la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios. Los medios de la oposición siguen quejándose de que el periódico oficial La Noticia recibe una cuota desproporcionada de la publicidad oficial. A finales de agosto, La Prensa denunció al organismo tributario estatal por colocar 6,4 veces más publicidad en La Noticia que en La Prensa durante un período de seis meses, aun cuando la circulación de La Prensa fue casi diez veces mayor que la de La Noticia. En septiembre, el presidente Alemán prometió que los criterios políticos ya no determinarían la política gubernamental en materia de publicidad.

A finales de marzo el diario sandinista Barricada, que había sido clausurado en enero de 1998 luego de haber adoptado una actitud demasiado crítica de la dirigencia del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN), reabrió como el semanario oficial del FSLN. Dependiendo de los miembros locales del partido para su circulación, la nueva encarnación de Barricada duró bien poco: el semanario cerró sus puertas en julio.

En febrero, Alemán anunció en su alocución semanal en una radioemisora estatal que su administración planeaba aprobar una ley de salario mínimo para los periodistas. Mientras que por un lado la Asociación de Periodistas de Nicaragua apoyó la medida, por otro muchos medios la calificaron de populista y derivada de motivos políticos, y plantearon que enfrentaría a los periodistas contra los dueños de los medios. Algunos periodistas señalaron que el proyecto de ley acerca del salario mínimo debía considerarse con detenimiento, ya que los salarios bajos y no regulados han hecho que los periodistas se sientan más presionados para vender publicidad a políticos y empresarios a cambio de un tratamiento informativo favorable. Tras enfrentar una fuerte oposición por parte de los dueños de los medios, la medida fue suspendida temporalmente en marzo.

En mayo, la Asamblea Nacional aprobó una versión general del nuevo Código Penal. Si bien el artículo 372 garantiza el derecho a la información, el código incluye otros artículos que protegen la privacidad individual y que pueden obstruir el periodismo investigativo. El 13 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó una ley en favor de la inscripción obligatoria de los periodistas en el Colegio de Periodistas de Nicaragua. (En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dictaminó que las leyes que exigen la colegiatura obligatoria de los periodistas violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos.)