Ataques a la Prensa en 2000: ARGENTINA

La larga batalla por cambiar las restrictivas leyes de prensa argentinas comenzó en 1992, cuando el entonces presidente Carlos Menem presentó una demanda penal contra el reportero investigativo Horacio Verbitsky por desacato. Verbitsky apeló el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que falló a su favor. Bajo las condiciones de la solución amistosa, el gobierno argentino accedió a revocar su ley de desacato, lo cual hizo en 1993.

En octubre de 1999, Verbitsky, quien es también secretario general de la organización local pro libertad de prensa Asociación Periodistas, llegó a un acuerdo en una demanda distinta que había presentado ante la CIDH. La asociación había denunciado que la Corte Suprema de Justicia de Argentina había violado tanto leyes nacionales como internacionales en tres fallos distintos relativos a casos de difamación. El gobierno accedió a la propuesta de Verbitsky de un arreglo y prometió trabajar en la reforma de las leyes nacionales que consideran la difamación como un delito.

La propuesta, formulada por Periodistas y apoyada por el presidente Fernando de la Rúa durante su campaña electoral, elimina la difamación criminal en los casos de funcionarios públicos e introduce las normas de «real malicia» y reproducción fiel. De acuerdo con la norma de «real malicia», evocada por primera vez por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de New York Times Co. v. Sullivan en 1964, la parte acusadora debe probar no sólo que la información publicada es falsa, sino que los periodistas sabían o debían saber que era falsa cuando la publicaron. La norma de reproducción fiel, ya aceptada por la corte suprema argentina en un caso de 1986, establece que reproducir con exactitud información obtenida de una fuente claramente identificada no puede ser sujeto a penalización.

Tras asumir la presidencia en diciembre de 1999, de la Rúa pidió al Congreso estudiar el proyecto de ley inmediatamente. Una primera audiencia tuvo lugar en el Senado ese mismo mes, pero la propuesta quedó estancada luego de que varios legisladores expresaron sus reservas.

En junio, el CPJ y Periodistas fueron anfitriones en Buenos Aires de una conferencia sobre la difamación criminal en las Américas que contó con la asistencia de destacados periodistas y abogados provenientes de todo el hemisferio. La conferencia buscó conscientizar a la sociedad sobre la manera en que tales leyes son usadas para reprimir el periodismo independiente y castigar a periodistas que critican a funcionarios poderosos, y analizar maneras de presionar para que sean eliminadas. Al mismo tiempo, los participantes en la conferencia expresaron su apoyo a las gestiones del gobierno argentino por reformar la ley. En su intervención ante la conferencia, el entonces ministro de Justicia argentino Ricardo Gil Lavedra destacó que «la protección vinculada con el interés público implica una gran responsabilidad por parte del Estado».

Pero justo cuando el proyecto de ley comenzaba a cobrar ímpetu, la prensa argentina ayudó a descubrir un escándalo de sobornos que implicó a por lo menos 11 senadores. Las denuncias de que los senadores aceptaron enormes sumas de dinero a cambio de su apoyo a un polémico proyecto de ley de reforma laboral estremecieron al gobierno de de la Rúa, que había sido elegido precisamente por sus promesas de combatir la corrupción.

Tras un reordenamiento del gabinete en octubre, el popular vicepresidente Carlos Álvarez renunció en protesta por la negativa de de la Rúa de destituir a dos funcionarios implicados en el escándalo. La controversia además obligó al senador José Genoud, de la Unión Cívica Radical, quien había apoyado la propuesta de reformar la ley de prensa, a renunciar como presidente del Senado el 8 de octubre, bajo la sombra de la sospecha.

Entre los 11 senadores convocados por un juez estaba Augusto Alasino, quien fue obligado a renunciar como líder de la bancada legislativa del opositor Partido Justicialista en septiembre. En un aparente intento por vengarse de la prensa, Alasino luego presentó una propuesta que rechazaba «el ejercicio extralimitado de la libertad de expresión». El 29 de diciembre, un juez determinó que no había suficientes indicios para procesar a los 11 senadores.

Entretanto, la norma de reproducción fiel aceptada por la Corte Suprema de Justicia y luego incorporada a la propuesta de ley de prensa fue incumplida cuando se halló culpable de difamación al periodista de televisión Bernardo Neustadt por comentarios sobre un juez local proferidos por un invitado a su programa «Tiempo Nuevo». El 9 de febrero, según Periodistas, la Cámara Civil de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires ratificó la multa de 80 000 pesos (80 000 dólares estadounidenses) impuesta por un tribunal inferior a Neustadt, a su canal de televisión, Telefé, y al invitado al programa que hizo el comentario.

El 14 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia asestó otro golpe a la libertad de prensa al rechazar una apelación del periodista Eduardo Kimel, quien en 1999 fue hallado culpable de insultar al ex juez Guillermo Rivarola en su libro La masacre de San Patricio, publicado en 1989 y que narra la matanza de cinco sacerdotes en 1976. En abril de 1999, Kimel recibió una sentencia condicional de un año y una multa de 20 000 pesos (20 000 dólares estadounidenses) El caso ha sido remitido a la CIDH.

Aunque varios periodistas argentinos denunciaron haber recibido amenazas el año pasado, no hubo ataques violentos contra la prensa en el 2000. Entretanto, la investigación del asesinato en 1999 del periodista Ricardo Gangeme, propietario y director de la revista semanal El Informador Chubutense del poblado de Trelew, provincia de Chubut, avanzaba con lentitud a fines de año.

Justo antes de ser asesinado, Gangeme había publicado una serie de artículos sobre irregularidades cometidas en los manejos financieros de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. El hombre acusado de planear el crimen, Osvaldo Daniel Viti, iba a ser sometido a juicio en marzo o abril del 2001, junto con el asesino y un cómplice. Viti había sido consejero del directorio de la cooperativa, según el colega de Gangeme Daniel Alejandro Morales.

Otros tres sospechosos, quienes habían sido detenidos en 1999, fueron puestos en libertad en el 2000, afirmó Morales.

El 2 de febrero, un tribunal de apelaciones condenó a cadena perpetua a ocho hombres hallados culpables de participar en el asesinato en 1997 del reportero gráfico José Luis Cabezas. El 25 de enero de 1997, el cadáver chamuscado y maniatado del fotógrafo fue hallado cerca de Pinamar, un balneario a donde Cabezas había sido enviado para un reportaje de la revista Noticias. El tribunal falló que el crimen fue planeado por el empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó en 1998. (Cabezas fue uno de los primeros periodistas en captar imágenes del reclusivo empresario). Pero muchos argentinos opinan que la investigación del crimen dejó muchas interrogantes en torno a la posible participación de funcionarios de alto nivel del gobierno.