Ciudad de México, 8 de marzo de 2021 – Las autoridades mexicanas deben investigar de inmediato las amenazas recibidas por el periodista Alberto Amaro Jordán y garantizar su seguridad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 2 de marzo, a las 6:15 p. m., un vehículo todoterreno trató de embestir el auto de Amaro en la carretera cuando el periodista conducía en compañía de su hijo en el municipio de Tetla de la Solidaridad, estado de Tlaxcala, al este de Ciudad de México, el periodista declaró al CPJ en entrevista telefónica.
El periodista señaló que el auto había tratado de impactar su vehículo y había estado “muy cerca de lograrlo”, y que él había logrado identificar al conductor como a Eleazar Molina Pérez, alcalde de ese municipio.
De acuerdo con Amaro, él y los agentes policiales que lo protegían le pasaron al vehículo de Molina Pérez, y los agentes policiales escoltaron al alcalde hasta la sede local de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala. El alcalde fue liberado poco después sin que le imputaran cargos, indicó Amaro.
Amaro es cofundador y director de La Prensa de Tlaxcala, un portal de noticias que se dedica a la cobertura de temas generales, la política y la delincuencia en el estado, y ha sido un duro crítico de la gestión del alcalde Molina Pérez, según el análisis del CPJ respecto al contenido del sitio web.
Antes del incidente de tránsito, el sitio web había criticado la posible candidatura del alcalde al Congreso de la República y había informado sobre denuncias de corrupción que implicaban a Molina Pérez.
“Los periodistas como Alberto Amaro con demasiada frecuencia son señalados como objetivos en México por ejercer su trabajo, en un clima de violencia extrema y casi absoluta impunidad en los crímenes contra la prensa”, declaró Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. “Las autoridades del estado de Tlaxcala no pueden tolerar las amenazas y demás actos intimidatorios, y deben garantizar que Amaro pueda trabajar en condiciones de seguridad y que toda persona que lo amenace rinda cuentas ante la Justicia”.
Horas después, el propio día del incidente, un usuario de Facebook llamado Gastón Tadeo Armendis le envió a Amaro un mensaje donde le decía que “valorara su vida y la de su familia” y lo acusaba de escribir “un artículo sensacionalista” sobre él, pero sin referirse a ningún artículo en específico, según una captura de pantalla del mensaje a la cual el CPJ tuvo acceso.
Amaro declaró al CPJ que no conocía a nadie con ese nombre de usuario, y no sabía si el mensaje de Facebook estaba relacionado con el incidente ocurrido horas antes.
En un comunicado publicado el 3 de marzo en la página oficial del Gobierno municipal de Tetla de la Solidaridad en Facebook, el alcalde negó haber intentado embestir el vehículo de Amaro y expresó que había sido “tolerante” de la cobertura informativa de La Prensa de Tlaxcala sobre su gestión, pese a que el sitio web era “carente de objetividad”.
El CPJ llamó al despacho del alcalde para obtener una declaración, pero nadie contestó.
En 2020, el 15 de abril, un comandante de la Policía municipal de Tetla amenazó a Amaro cuando éste cubría una protesta que se desarrollaba en la localidad. En agosto y septiembre de 2019, el periodista denunció que su vivienda había sido objeto de disparos y que había visto a un sujeto desconocido que tomaba fotos de la vivienda, aseguró Amaro.
El periodista expresó que había documentado ambos incidentes ante la Oficina de México de la organización defensora de la libertad de expresión Article 19, y que, luego de los incidentes, se había incorporado a un esquema de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Amaro agregó que le habían asignado agentes de la policía estatal como guardaespaldas que lo acompañan siempre que viaja para trabajar.
Una fuente del mecanismo confirmó la versión de Amaro respecto a ambos incidentes y que el periodista había recibido medidas de protección. La fuente solicitó el anonimato, porque no tenía autorización para hablar públicamente sobre el asunto.
México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo. Tan solo el año pasado, como mínimo cinco periodistas murieron en represalia por su trabajo informativo, según datos del CPJ.