Ampollas de la vacuna contra el coronavirus en Rosario, Argentina, el 29 de diciembre de 2020. El municipio de Quilmes presentó una denuncia penal por un artículo del periodista Roberto Carrigall sobre la campaña de vacunación en la zona. (AFP)

Gobierno de municipio argentino presenta denuncia penal por las informaciones de un periodista sobre la vacuna contra la COVID-19

Miami, 20 de enero de 2021— Las autoridades argentinas deben retirar la denuncia penal presentada contra el periodista Roberto Carrigall y permitirle trabajar libremente, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El 13 de enero, el Municipio de Quilmes, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, presentó una denuncia penal ante un juzgado federal por la cobertura informativa que Carrigall dio a la presunta manipulación incorrecta de la vacuna contra el coronavirus por parte del gobierno municipal, según versiones de prensa, declaraciones del propio periodista, quien habló con el CPJ por una aplicación de mensajería, y una nota del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), organización nacional defensora de la libertad de expresión.

Carrigall declaró al CPJ que trabaja como reportero y presentador de la radioemisora Del Bosque, donde se dedica principalmente a la cobertura de la política local, y también publica sus informaciones en su cuenta personal de Facebook.

El 8 de enero, Carrigall afirmó en una publicación de Facebook que un hospital administrado por el Municipio de Quilmes había refrigerado inadecuadamente 40 dosis de la vacuna contra la COVID-19, y como consecuencia las había dañado.

En su denuncia penal, el Gobierno de Quilmes argumentó que la publicación violaba el Artículo 205 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno para impedir la introducción o la propagación de una epidemia; y el Artículo 211, que se refiere a infundir un temor público, según el Código Penal y la nota de FOPEA. La denuncia se ha presentado ante un juzgado federal, pero las autoridades federales no han abierto formalmente un proceso penal ni le han notificado la denuncia a Carrigall, señaló el periodista.

De ser procesado y condenado en virtud de esos artículos del Código Penal, Carrigall pudiera ser sancionado con una pena de cárcel de hasta seis años.

“Las autoridades municipales argentinas no deben dedicarse a amenazar a periodistas con penas de cárcel por su trabajo periodístico”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “El Municipio de Quilmes debe retirar su denuncia penal contra el periodista Roberto Carrigall y abstenerse de presentar semejantes denuncias en el futuro”.

En su publicación del 8 de enero en Facebook, que fue reproducida por el portal de noticias local Realpolitik, Carrigall indicó que antes de publicar había tratado de comunicarse con la Secretaría de Salud del Municipio de Quilmes para obtener una declaración, pero no había recibido respuesta.

El CPJ envió un mensaje a la cuenta oficial de Twitter del Municipio de Quilmes para obtener una declaración, pero no recibió respuesta. Después de que Carrigall publicó su artículo en Facebook, las autoridades municipales negaron haber manipulado incorrectamente las dosis de la vacuna, según versiones de prensa.