Nueva York, 15 de mayo del 2007—El Presidente de Ecuador Rafael Correa Delgado debe retirar de inmediato una demanda por injurias presentada contra un alto ejecutivo de un diario sobre un editorial crítico, y debe ayudar a adecuar las leyes de prensa del país a las normas internacionales en materia de libertad de expresión, señaló hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 10 de mayo, Correa presentó una demanda por injurias contra Francisco Vivanco Riofrío, presidente del diario La Hora de Quito, luego de un editorial crítico publicado en el diario el 9 de marzo, según informes de la prensa local. El editorial, titulado “Vandalismo Oficial”, indicó que Correa pretende gobernar “con tumultos, piedras y palos” y describió la conducta del presidente como “vergonzosa”.
El presidente indicó que la publicación era difamatoria y le causaba “daño moral”, según una copia de la demanda revisada por el CPJ. La demanda se basa en el Artículo 230 del código penal ecuatoriano que establece penas de prisión de hasta dos años al que “con amenazas o injurias ofendiere al Presidente de la República”.
El editorial fue publicado durante una crisis en marzo sobre la decisión del presidente de impulsar un referéndum ante la posibilidad de dictar una nueva constitución. El diario criticó en particular la decisión de Correa de utilizar a la policía para prevenir que varios legisladores que se oponían al referéndum ingresaran al Congreso. El referéndum fue aprobado en abril por amplio margen. Un total de 57 legisladores fueron expulsados del cargo durante la crisis.
La prensa local sostuvo que Correa retiraría la demanda solo si el ejecutivo del diario se disculpaba públicamente. En una conferencia de prensa el lunes, Vivanco afirmó que su decisión de no retractarse obedece a una línea de defensa del derecho del ciudadano a opinar.
“El temor a sanciones penales inhibirá la capacidad de los prensa ecuatoriana de informar y comentar sobre temas de interés público”, declaró el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Exhortamos al presidente Correa a retirar el juicio por injurias contra Vivanco y a eliminar las leyes de difamación que contradicen estándares internacionales en material de libertad de expresión”.
Existe un consenso creciente entre organismos internacionales en el sentido que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los delitos de prensa. El 12 de abril, el Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa promulgó una ley que elimina definitivamente la injuria y la calumnia a nivel federal, remitiendo las demandas relativas a estas causas a la jurisdicción civil. México se unió a El Salvador como los primeros países en América Latina en eliminar la difamación como delito penal.
Aunque el encarcelamiento por delitos de prensa ha sido prácticamente eliminado en América Latina, los procesos penales por difamación siguen siendo habituales. Sin embargo, una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a varios políticos en la región a considerar reformas que harían desaparecer la difamación por completo de la legislación penal.
En el caso del 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos revocó la condena al periodista costarricense Mauricio Herrera Ulloa, reportero del diario La Nación de San José condenado por difamación. El tribunal radicado en Costa Rica dictaminó que la sentencia violó el derecho de Herrera Ulloa a la libertad de expresión y le ordenó a Costa Rica a pagarle al periodista dinero en concepto de daños y perjuicios. El presidente de la Corte Interamericana, el juez Sergio García Ramírez, redactó una opinión concurrente en la cual cuestionó la penalización de la difamación y sugirió que dichas leyes deberían derogarse.