Bogotá, 16 de junio de 2020 – La investigación de las autoridades bolivianas sobre las agresiones cometidas contra periodistas de Unitel TV y El Deber debe ser exhaustiva y transparente, y los responsables deben rendir cuentas de sus actos, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 11 de junio, un grupo de unas 50 personas que se manifestaban en la localidad de Entre Ríos, en la región central de Bolivia, agredieron a tres periodistas de los citados medios y a su chofer, cuando daban cobertura a una protesta contra el confinamiento por el COVID-19 en la localidad, según informaciones de la cadena Unitel TV y el diario El Deber.
Los manifestantes patearon y dieron puñetazos al reportero de Unitel TV Rodolfo Orellana y a su camarógrafo, Joel Orellana, los obligaron a suspender las grabaciones y luego destruyeron la cámara, según la nota de Unitel TV. Los manifestantes también golpearon a Iván Escobar, el chofer de los periodistas, según El Deber.
En entrevista concedida a su diario y en declaraciones ofrecidas al CPJ por vía telefónica, la reportera de El Deber Soledad Prado señaló que los manifestantes amenazaron con quemar vivos a los periodistas.
Los periodistas se refugiaron en su auto, pero fueron rodeados por los manifestantes, quienes empujaban el auto de un lado a otro y le destrozaron las llantas traseras, Prado declaró al CPJ. Según la periodista, la Policía intervino y escoltó a los periodistas, ninguno de los cuales resultó lesionado de gravedad, hasta que estuvieron seguros en la cercana localidad de Yapacaní.
Franklin Villazón, el jefe policial de Yapacaní, expresó que las autoridades investigaban la agresión, según informaciones de prensa. En un mensaje de Twitter, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, calificó el incidente de “secuestro” y prometió someter a los responsables a la acción de la justicia.
“Elogiamos las medidas tomadas por las autoridades bolivianas para proteger a los periodistas de Unitel TV y El Deber cuando resultaron agredidos en Entre Ríos y para abrir una investigación sobre este preocupante incidente”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Instamos al Gobierno a llevar a los responsables ante la Justicia y transmitir el mensaje de que los periodistas deben tener libertad para dar cobertura a las protestas sin temor a ser agredidos o amenazados”.
Prado señaló que los manifestantes habían acusado a los periodistas de trabajar para medios derechistas que estaban “vendidos” al Gobierno. La periodista afirmó que los manifestantes eran seguidores del expresidente izquierdista boliviano Evo Morales, quien renunció bajo presiones el año pasado y fue reemplazado en el cargo por la presidenta interina Jeanine Áñez.
Entre Ríos ha sido escenario de numerosas manifestaciones y del bloqueo de carreteras, en protesta contra el Gobierno de Áñez, según la nota de Unitel TV.
Raúl Peñaranda, analista de medios boliviano y director del portal de noticias Brújula Digital, declaró al CPJ que los pobladores de Entre Ríos y localidades cercanas han hostigado a periodistas por grabar a pobladores locales que, al reabrir sus negocios o ignorar las recomendaciones sobre el distanciamiento social, violaban las medidas de confinamiento por el COVID-19 decretadas por el Gobierno.
Desde que la pandemia del COVID-19 llegó a Bolivia en marzo, ha habido como mínimo 10 agresiones contra periodistas que daban cobertura a la pandemia, según el diario independiente de La Paz Página Siete.