El 3 de junio de 2020, Junior Arias, presentador del programa de noticias “Detrás de la verdad” de la cadena televisiva privada Gigavisión, anunció durante una emisión que se separaría de su cargo, pues se sentía amenazado por la respuesta del Gobierno boliviano a su trabajo, y se acogería a una licencia temporal con el fin de proteger su integridad física.
El 31 de mayo, Arias había informado que el Gobierno boliviano había adquirido gas lacrimógeno a precios inflados en Brasil, por lo cual presuntamente había malgastado más de dos millones de dólares estadounidenses.
Horas después de la emisión del reportaje, el Ministerio de Gobierno boliviano divulgó un comunicado que calificaba de falso el reportaje y acusaba a Arias de librar una “guerra sucia y guerra política” contra el Gobierno.
El comunicado confirmaba la adquisición de gas lacrimógeno, pero rechazaba que el Gobierno había pagado un precio excesivo, y señalaba: “No vamos a descansar hasta que el Sr. Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”.
En una breve llamada telefónica, Arias declaró al CPJ que estaba demasiado ocupado enfrentándose a la controversia como para responder preguntas.
El 6 de junio, Gigavisión emitió un reportaje que denunciaba que el Gobierno nacional les había ordenado a agentes policiales de Santa Cruz, donde el canal tiene su sede, a espiar a Arias y desacreditar su nombre.
Gigavisión, propiedad de la familia Arias, estaba en estrecha sintonía con el expresidente Evo Morales y recibió un flujo constante de publicidad oficial durante la gestión de Morales, según Raúl Peñaranda, analista de medios boliviano y director del sitio noticioso independiente Brújula Digital, quien ofreció sus declaraciones al CPJ por vía telefónica desde La Paz. El Gobierno de Morales empleó la publicidad oficial para favorecer a empresas privadas de medios afines a su Gobierno, según datos del CPJ.
Desde la renuncia de Morales en noviembre de 2019 y su reemplazo por la presidenta interina Jeanine Áñez, señaló Peñaranda, Gigavisión había difundido varias denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el nuevo Gobierno. En marzo, el Gobierno de Áñez retiró su publicidad del canal, con el argumento de que el índice de teleaudiencia de Gigavisión era demasiado bajo como para justificar el gasto, según informaciones de prensa.
En los siete meses que ha ejercido el poder, el Gobierno interino presidido por Áñez ha cerrado varias radioemisoras opositoras, ha acosado a periodistas críticos y ha calificado a algunos de “sediciosos”, según informaciones de prensa.
El CPJ envió mensajes de texto y llamó al Ministerio de Gobierno de Bolivia y a la Policía de Santa Cruz para obtener una declaración, pero no recibió respuesta.