Periodistas con equipo de protección esperan cerca de un hostal donde los habitantes están en cuarentena por la enfermedad del COVID-19 en Kiev, Ucrania, el 28 de abril de 2020. (Reuters/Gleb Garanich)

En medio de la pandemia del COVID-19, el pronóstico para la libertad de prensa es poco alentador. A continuación se mencionan 10 síntomas a los que se debe dar seguimiento.

Por Katherine Jacobsen

La pandemia del COVID-19 ha puesto a correr a los funcionarios de salud pública, ha provocado una conmoción en la economía mundial y ha hundido en la crisis a los Gobiernos de todas partes. También ha redefinido la manera como los periodistas ejercen su labor, en buena parte porque las autoridades de muchos países han citado la pandemia como motivo para reprimir a los medios noticiosos.

Ciertos peligros disminuirán con el tiempo: la vacuna del COVID-19 finalmente deberá proteger a las personas, incluidos los periodistas, contra la propagación o el contagio con el virus. Sin embargo, algunas de las medidas que se han adoptado y que limitan la libertad de prensa —ya sea intencionalmente o no— pudieran continuar por mucho tiempo en el futuro, de acuerdo con expertos.

Es posible que las respuestas al coronavirus puedan cambiar el paradigma a largo plazo del periodismo de maneras imprevistas, del mismo modo que los atentados del 11 de septiembre de 2001 estimularon la expansión mundial de las leyes antiterrorismo y, a su vez, comenzaron la tendencia al repunte en la cifra de periodistas encarcelados, que continúa hasta hoy.

La violaciones a la libertad de prensa en todo el mundo que el CPJ ha documentado en relación con la pandemia se pueden dividir, a grandes rasgos, en 10 categorías para dar seguimiento (se ofrecen ejemplos):

1. Las leyes contra las “fake news”

La pandemia les ha dado a los Gobiernos una nueva excusa para aplicar leyes que sancionan penalmente la difusión de las “noticias falsas”, la “desinformación” o la “información falsa”, y les ha ofrecido un motivo para adoptar nuevas leyes. En los últimos siete años, la cifra de periodistas que han sido encarcelados por la presunta comisión del delito de difusión de “noticias falsas” o “noticias inciertas” se ha incrementado, según datos del CPJ.

Carlos Gaio, quien es responsable jurídico sénior de la Iniciativa de Defensa Jurídica de los Medios (Media Legal Defence Initiative) y quien radica en el Reino Unido, declaró al CPJ que las leyes sobre las “noticias falsas” continuarán expandiéndose conforme los Gobiernos intentan controlar el mensaje sobre el virus, lo cual afecta tanto a los periodistas como a los verificadores de datos. “Es un asunto muy complicado ilegalizar algo como eso [y] es muy, muy peligroso”, añadió Gaio.

La desinformación es un problema real, pero estas medidas jurídicas les otorgan a los Gobiernos libertad para decidir lo que consideran falso, y transmiten un escalofriante mensaje a los periodistas críticos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump con frecuencia descalifica la cobertura de prensa sobre el COVID-19 y utiliza el término “noticias falsas” cuando discrepa de la cobertura, una estrategia que, según ha constatado el CPJ, en la práctica desacredita a los medios y erosiona la confianza ciudadana. Actúa de luz verde para que los Gobiernos autoritarios ridiculicen y enjuicien a la prensa de sus respectivos países.

  • En Sudáfrica, el 18 de marzo se establecieron sanciones penales por la desinformación sobre la pandemia, las que van desde elevadas multas hasta penas de cárcel, una medida particularmente preocupante, ya que Sudáfrica con frecuencia ejerce de modelo regional.
  • En Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos, el 6 de abril se les prohibió a los medios de comunicación “transmitir o permitir la transmisión” de “información falsa”. Los infractores pueden ser condenados a una pena de hasta seis meses de cárcel y a multas de hasta USD 5.000.

2. El encarcelamiento de periodistas

Arrestar periodistas ha sido, desde hace mucho tiempo, una táctica de los Gobiernos autoritarios que intentan silenciar el periodismo crítico; como mínimo, 250 periodistas se encontraban presos en las cárceles de todo el mundo en diciembre de 2019, cuando el CPJ realizó su último conteo anual. En circunstancias en que el COVID-19 se propaga, el encarcelamiento podría tener consecuencias mortales: los periodistas están encerrados en pésimas condiciones sanitarias y son obligados a estar cerca de otras personas que pudieran estar infectadas. El CPJ y más de 190 organizaciones aliadas han instado a las autoridades de todos los países del mundo a liberar a todos los periodistas que han sido encarcelados por su labor informativa.

No obstante, los arrestos continúan.

  • En la India, el 23 de abril las autoridades del estado de Tamil Nadu arrestaron al fundador del portal de noticias SimpliCity y lo acusaron de haber violado la anticuada Ley sobre Enfermedades Epidémicas y otras leyes. El sitio web había denunciado presuntos actos de corrupción gubernamental en las labores de distribución de alimentos relacionadas con la pandemia.
  • Efectivos militares de Jordania arrestaron a dos periodistas del canal satelital Roya TV el 10 de abril, por un reportaje sobre las quejas de trabajadores acerca del impacto económico de un toque de queda.
  • Las autoridades de Somalia arrestaron a un editor del Goobjoog Media Group el 14 de abril y lo acusaron de difundir noticias falsas y ofender el honor del presidente, luego de que el periodista publicara críticas en Facebook sobre la gestión gubernamental de la crisis.

3. La suspensión del derecho a la libertad de expresión

Las medidas de emergencia de algunos Gobiernos han revocado o suspendido el derecho a la libertad de expresión por el período de duración de la emergencia.

  • La Constitución de Liberia protege la libertad de expresión “salvo durante una emergencia” y le confiere al presidente el poder de “suspender o afectar ciertos derechos, libertades y garantías” durante un estado de emergencia como el que se estableció el 11 de abril.
  • El 16 de marzo, el Gobierno de Honduras declaró un estado de emergencia temporal que suspendió varios artículos de la Constitución, entre ellos el artículo que garantiza el derecho a la libertad de expresión (aunque el Gobierno dio marcha atrás a esa medida días después).

4. La censura directa, tanto en la Internet como en otros medios

Las autoridades de varios países suspendieron la circulación e impresión de periódicos, con el aparente objetivo de limitar la propagación del COVID-19. En otros países, los entes reguladores de los medios de comunicación han bloqueado sitios web o han retirado artículos críticos.

  • Los Gobiernos de Jordania, Omán, Marruecos, Yemen e Irán suspendieron la circulación de periódicos en marzo.
  • Las autoridades de Tayikistán bloquearon el portal noticioso independiente Akhbor el 9 de abril, luego de que publicara críticas contra el Gobierno.
  • El ente regulador de los medios de comunicación de Rusia, Roskomnadzor, le ordenó a la radioemisora Ekho Moskvy (Eco de Moscú) retirar una entrevista con un experto médico, y le ordenó al portal noticioso Govorit Magadan retirar un artículo sobre la muerte por neumonía de un habitante local.

5. Las amenazas y el acoso contra los periodistas, tanto en la Internet como en el mundo real

Funcionarios gubernamentales y ciudadanos particulares por igual han respondido con violencia y amenazas a la cobertura periodística crítica sobre la respuesta a la pandemia. En lugares donde el clima para el ejercicio del periodismo ya era peligroso, la situación ha empeorado.

  • El líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, amenazó a una reportera del periódico Novaya Gazeta luego de que ella escribiera, el 12 de abril, que los chechenos habían dejado de  reportar los síntomas del coronavirus por temor a ser calificados de “terroristas”.
  • Periodistas haitianos fueron agredidos por sujetos no identificados en la Oficina de Identificación Nacional gubernamental el 2 de abril, cuando investigaban denuncias de que la entidad violaba las pautas sobre el distanciamiento social por el COVID-19.
  • Efectivos militares de Ghana que vigilaban el cumplimiento de restricciones relacionadas con la pandemia, agredieron a periodistas en dos incidentes distintos en abril.

6. Los requisitos de acreditación y la limitación de la libertad de movimiento

Las autoridades han limitado la capacidad de los periodistas para moverse con libertad, por ejemplo si quieren hacer una cobertura durante un toque de queda o entrar a un hospital para obtener un testimonio de primera mano sobre la atención médica. A veces los medios de prensa reciben acceso especial, pero exigirles a los periodistas contar con credenciales de prensa expedidas por el Gobierno les permite a los gobernantes decidir quién se cuenta como periodista.

Los datos del CPJ muestran que ello expone a los periodistas a la posibilidad de que los Gobiernos excluyan a los periodistas que no están afiliados a los principales medios y a los que publican críticas de las autoridades.

  • Agentes policiales en la India agredieron a, como mínimo, cuatro periodistas en tres incidentes distintos en Hyderabad y Delhi el 23 de marzo, cuando viajaban hacia o desde el trabajo durante el período de confinamiento, aunque las autoridades nacionales han declarado que los periodistas están exentos de las restricciones.
  • El Gobierno de Nigeria les exigió a los periodistas portar una tarjeta de identificación válida para trasladarse por ciertas zonas en confinamiento, inclusive en la capital, Abuja, y solamente otorgó permiso a 16 periodistas para ingresar a la residencia del presidente.

7. La limitación del acceso a la información

Leyes sobre el acceso a la información que les permiten a los periodistas solicitar datos y documentos al Gobierno se han suspendido. Actos gubernamentales a los que los periodistas suelen asistir se han trasladado a la Internet, con diversos grados de acceso para la prensa. En Estados Unidos, el antagonismo de Trump hacia los periodistas da un mal ejemplo a los funcionarios estatales y municipales de Estados Unidos.

Gaio declaró al CPJ que es probable que estas tendencias persistan. “[Los Gobiernos] dificultarán que los funcionarios faciliten información. El acceso a la información se demorará más, y será más complicado que los periodistas tengan acceso a los espacios públicos debido al riesgo de infección”, expresó Gaio.

  • El 23 de marzo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro promulgó una medida que suspende los plazos que tienen que las autoridades y las instituciones públicas para responder a las solicitudes de información, y que elimina las apelaciones en caso de rechazo de la solicitud. (El Supremo Tribunal Federal de Brasil revocó la medida el 30 de abril, según informaciones de prensa).
  • Los gobernadores estatales y los alcaldes municipales de Estados Unidos han creado disímiles mecanismos para otorgar acceso a las conferencias de prensa en todo el país. El 28 de marzo, el gobernador de la Florida le impidió a una periodista asistir a una conferencia de prensa cuando ella solicitó adoptar medidas de distanciamiento social en las conferencias de prensa.

8. Expulsiones y restricciones de visado

Para controlar el relato sobre cómo el Gobierno está respondiendo al COVID-19, algunos Gobiernos están tratando con hostilidad a la prensa extranjera, que en algunos países históricamente ha gozado de mayor libertad que la prensa local para publicar críticas.

  • Los Gobiernos de China y Estados Unidos se han enfrascado en un cruce de represalias por la cuestión del acceso de los periodistas desde inicios de 2020. Algunos de los hechos: en febrero, China expulsó a tres periodistas del diario The Wall Street Journal, aparentemente en represalia por el titular de un artículo de opinión sobre el COVID-19. En marzo, Estados Unidos impuso un límite de 100 visados para los medios estatales chinos; China respondió suspendiendo los visados de, como mínimo, 13 periodistas estadounidenses de los diarios The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal.
  • El Gobierno de Egipto expulsó a la periodista del diario The Guardian Ruth Michaelson en represalia por un artículo publicado el 15 de marzo y que cuestionaba las estadísticas oficiales del Gobierno respecto a la pandemia.

9. La vigilancia y el rastreo de contactos

Los Gobiernos de todo el mundo están monitoreando los datos de localización de los teléfonos móviles y están probando o introduciendo nuevas aplicaciones de rastreo para dar seguimiento a la propagación del COVID-19, según informaciones de prensa. La vigilancia pudiera poner en riesgo la reserva de las fuentes periodísticas. Estos sistemas se introducen con limitada fiscalización y pudieran estar vigentes hasta mucho tiempo después del fin de la pandemia.

“Siempre se tiene la preocupación de que las situaciones de emergencia crean un nuevo marco de referencia sobre qué tipo de vigilancia el Gobierno está autorizado a realizar. Ciertamente vimos esto después de los atentados del 11 de septiembre, pero creo que la misma cuestión se manifiesta ahora”, señaló Carrie DeCell, abogada del Instituto Knight sobre la Primera Enmienda (Knight First Amendment Institute) en Nueva York. “Los actos que pudieran estar justificados en ese contexto específico, ciertamente no estarían justificados cuando los Gobiernos logren controlar esta pandemia y cuando la crisis disminuya en algún momento del futuro cercano”.

David Maass, investigador sénior de la Electronic Frontier Foundation, con sede en San Francisco, coincidió en que, cuando se les da una nueva tecnología a los organismos de seguridad pública, es difícil quitársela. “Hemos visto que hoy la utilizan para este virus muy peligroso, pero no sabemos lo que ocurrirá después”.

  • Las empresas de telecomunicaciones de Italia, Alemania y Austria están entregando datos de localización a los funcionarios de salud pública, aunque se trata de datos generales y anonimizados. Por su parte, los Gobiernos de Corea del Sur y Sudáfrica están monitoreando las localizaciones de teléfonos móviles individuales, y el Gobierno de Israel autorizó a los agentes de la Seguridad a tener acceso a los datos sobre localización y de otra índole pertenecientes a millones de usuarios de teléfonos móviles.

10. Medidas de emergencia

Los gobernantes autoritarios pueden adoptar una actitud oportunista con relación a las medidas de emergencia y sancionar penalmente o limitar las coberturas periodísticas, como el CPJ ha documentado anteriormente. 

  • El 30 de marzo, el Parlamento de Hungría aprobó un conjunto de leyes de emergencia que le permiten al primer ministro Viktor Orbán gobernar por decreto.
  • El 26 de marzo, el Gobierno de Tailandia decretó un estado de emergencia que le permite al Ejecutivo “rectificar” noticias que considere incorrectas y permite procesar penalmente a periodistas en virtud de la Ley de Delitos Informáticos, que establece penas de cinco años de prisión para los infractores.

Puesto que muchos países todavía se encuentran en estados de emergencia que les otorgan a las autoridades el poder de gobernar por decreto —y el virus apenas se asienta en algunos países en desarrollo—, incluso más restricciones pudieran sobrevenir.