Recuadro: Elevar el costo de la impunidad, en nombre de Magnitsky
Sergei Magnitsky, de 37 años de edad, un abogado y asesor tributario ruso, murió en noviembre de 2009 tras pasar varios meses en la prisión moscovita de Butyrka, conocida por sus duras condiciones. Un informe independiente de la Comisión de Supervisión Pública de Moscú, una ONG rusa que monitorea la situación de los derechos humanos en los centros de detención, llegó a la conclusión de que las autoridades habían mantenido a Magnitsky en condiciones de tortura y le habían negado tratamiento médico por una enfermedad seria. Antes de ser arrestado en 2008 por el presunto delito de fraude, Magnitsky había puesto al descubierto actos de corrupción oficial a gran escala.
William Browder, cofundador y CEO de la empresa de inversión global Hermitage Capital Management, inició una intensa campaña para lograr justicia por la muerte de su amigo y abogado. La normativa que surgió como resultado, La Ley de Rendición de Cuentas por el Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012 requiere que el gobierno estadounidense congele los activos de las personas con culpabilidad en la muerte de Magnitsky y les niegue el visado. Aquellas personas que sean culpables de “graves violaciones” contra los defensores de los derechos humanos y otros denunciantes también son objeto de tales sanciones.
La ley indignó al gobierno ruso, que tomó represalias mediante la prohibición de las adopciones de niños y niñas rusos por parte de ciudadanos estadounidenses y mediante su propia denegación de visados a figuras estadounidenses presuntamente víctimas de violaciones de los derechos humanos, entre ellos dos comandantes del centro de detención de la Bahía de Guantánamo. Los críticos de ambos países argumentan que la Ley Magnitsky equivale a una nueva forma de lista negra, que despeja el camino para que los intereses personales primen sobre el debido proceso en nombre de los derechos humanos. Los partidarios de la ley –entre ellos algunos sectores de la sociedad rusa, según una encuesta de 2012– la consideran como un medio para obligar a los poderosos de Rusia a rendir cuentas.
Más de dos decenas de personas figuran ahora en la “lista Magnitsky”, entre ellos dos sospechosos de tener vínculos con el asesinato del periodista de Forbes Paul Klebnikov, hecho ocurrido en 2004. En la actualidad, el Congreso estadounidense tramita la Ley de Rendición de Cuentas por los Derechos Humanos Globales. De ser aprobada, las mismas medidas de la Ley Magnitsky podrían aplicarse a cualquier país. En Europa, está aumentando la presión para la adopción de una ley similar.
Elisabeth Witchel: ¿Qué sucedió cuando usted comenzó a hacer preguntas y a procurar justicia por la muerte de Sergei Magnitsky en Rusia?
William Browder: El gobierno ruso cerró filas para proteger a todas las personas involucradas en la tortura y muerte de Sergei y en los crímenes que él había denunciado. Ellos exoneraron a todos los individuos implicados y ascendieron a varios de los cómplices e inclusive les otorgaron a algunos de ellos honores especiales del Estado.
EW: ¿Cuándo se dio cuenta de que tendría que salir de Rusia para lograr justicia?
WB: Era más o menos obvio, apenas habían pasado uno o dos meses. Un momento crucial se produjo unas seis semanas después de su asesinato. La Comisión de Supervisión Pública de Moscú llegó a la conclusión de que Sergei había sido arrestado bajo pretextos y ya había sido torturado en poder de las autoridades. Se elaboró un informe detallado y lo enviaron a los ministros de Justicia y del Interior de Rusia. A medida que pasaban las semanas, no había ninguna respuesta. Había suficientes elementos de prueba como para abrir un proceso penal, pero no había ninguna intención de hacer nada.
EW: ¿A dónde acudió primero?
WB: Las organizaciones de derechos humanos me aconsejaron que me dirigiera al Departamento de Estado [de Estados Unidos] y a la Unión Europea. Todos manifestaron su comprensión, pero nadie estaba dispuesto a tomar ninguna medida –en el mejor de los casos, estaban listos para ofrecer alguna declaración–.
EW: La Ley Magnitsky sanciona a los individuos responsables de la muerte de Magnitsky. ¿Cómo se decidió por este método? ¿Había algún precedente?
WB: Analizamos qué tipo de proceso se asemejaría a la justicia y que Occidente verdaderamente tuviera la capacidad de implementar, es decir, las sanciones de visados y el congelamiento de activos. Esto prácticamente no tenía ningún precedente. Estados Unidos y Europa han sancionado a regímenes poco amigables como Irán y Belarús, pero nunca emitieron sanciones contra países con los que tienen relaciones normales, como con Rusia.
EW: ¿Cuál fue la reacción ante esta idea?
WB: Cuando la propuse ante el Departamento de Estado [de Estados Unidos] en abril de 2010, prácticamente se me rieron en la cara. Ellos estaban tan ocupados con normalizar las relaciones con Rusia, el llamado “reset“, que no querían tener nada que ver con una persona que pedía sanciones por el asesinato de su abogado.
EW: ¿Qué cambió?
WB: Tuve la oportunidad de plantear esto por medio del Poder Legislativo [estadounidense]. Acudí ante el Senador Ben Cardin, del estado de Maryland, quien estaba comprometido con los derechos humanos por medio de su trabajo con la Comisión de Helsinki. Cardin analizó las pruebas y luego colocó una lista de 60 funcionarios rusos en el sitio web de la Comisión U.S. Helsinki, los que a su parecer debían ser objeto de sanciones de visado. Esto inició una reacción en cadena que a la larga llevó a la Ley Magnitsky.
EW: ¿A quién se aplica la ley?
WB: Al comienzo, sancionaba a todos los involucrados en el arresto, la tortura y la muerte de Sergei Magnitsky. Esto creó un gran escándalo en Moscú. Después de ser publicada la lista, muchas otras víctimas se acercaron para presentar sus denuncias. Después de muchos acercamientos como estos, Cardin añadió 65 palabras al proyecto de ley con el fin de que abarcara a todos los demás violadores de los derechos humanos en Rusia.
EW: ¿Cuál ha sido el impacto hasta el momento?
WB: Actualmente hay 30 personas en la lista y sospecho que muchos nombres más se añadirán en el futuro. Existe una ley federal ya vigente que penalizará a los violadores de los derechos humanos en Rusia. Al mismo tiempo, una ley similar a la Ley Magnitsky pero con ámbito global está en trámite legislativo ante el Congreso, y la ley haría esto en otros países. Creo que esto se convertirá en un nuevo instrumento para abordar las violaciones de los derechos humanos. Vivimos en un mundo diferente al de, por ejemplo, hace 30 años, cuando el Khmer Rojo no salía de Camboya. Ahora los violadores de los derechos humanos viajan y prefieren mantener su fortuna en países más seguros. Negarles la capacidad de hacer esto es una manera de castigarlos. De ninguna manera se puede ser culpable de abusos de los derechos humanos en el país de uno y al mismo tiempo vivir en una bonita casa cerca de Hyde Park [en el centro de Londres].
Una vez que esta herramienta comience a ser implementada extensivamente, puede emplearse de manera que le permita a un estado mantener relaciones diplomáticas con un país y al mismo tiempo castigar a violadores de los derechos humanos en específico. Esperamos que esto se convierta en una rutina: si los gobiernos regularmente sancionan a los individuos responsables de abusos de los derechos humanos, ellos comenzarán a preguntarse si vale la pena.
EW: Los críticos de la Ley Magnitsky argumentan que es un camino muy peligroso, que abre la puerta al abuso y que puede ser manipulado para lograr ventajas personales. ¿Es cierto?
WB: En lo absoluto. Las sanciones no las determinan personas como yo, sino que se basan en pruebas documentales que son examinadas por el Departamento de Estado y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno estadounidense no sancionará a nadie a menos que considere que las pruebas resistirán el escrutinio de un tribunal. Según nuestra experiencia, para colocar a alguien en la lista Magnitsky el rasero es bien alto, especialmente porque el proceso es tan riguroso e imparcial.
EW: ¿Cómo pueden los activistas de derechos humanos emplear esta ley para luchar contra la impunidad por los asesinatos de periodistas? Por ejemplo, ¿cómo pueden añadir un nombre?
WB: El gobierno [estadounidense] añade los nombres, pero la sociedad civil puede ayudar recabando pruebas y documentación contra los autores de estas violaciones y hacer el ruido suficiente como para que el gobierno tome nota. Estas sanciones no equivalen a una verdadera justicia por crímenes como la tortura y el asesinato, pero son mucho mejores que la impunidad absoluta, que es lo que está sucediendo actualmente en la mayoría de los países.