Nueva York, 3 de agosto del 2000 — Once meses después de haber prometido eliminar las “leyes mordaza” en Panamá, la presidenta Mireya Moscoso firmó una ley que restringe agudamente el acceso del público a la información.
La nueva ley amplía la definición oficial de privacidad y confidencialidad y establece duras sanciones para quienes divulguen material considerado secreto o censurado.
El 10 de septiembre de 1999, Moscoso dijo públicamente que las leyes restrictivas contra la prensa no tienen justificación posible en la sociedad panameña. El 20 de diciembre, Moscoso firmó un proyecto de ley que revocó algunas de las leyes mordaza más restrictivas y comprometió al gobierno a presentar un amplio proyecto de reforma de las leyes de prensa para junio del 2000.
Dos meses después de ese plazo, las antiguas leyes siguen vigentes, autorizando a la Junta Nacional de Censura y estableciendo penas de hasta dos años de cárcel por el delito de difamación. El 31 de julio, entretanto, la presidenta Moscoso firmó la Ley 38, una serie de restricciones burocráticas que efectivamente eliminan el concepto de información pública.
Bajo el Artículo 70 de esa nueva ley, una información puede ser considerada confidencial o de acceso limitado si causa severos daños a la sociedad o al Estado o a la persona en cuestión como, según dice, es el caso de las negociaciones de tratados o convenciones internacionales, seguridad nacional, salud, ideas políticas, estado civil, orientación sexual, prontuario criminal o policial, cuentas bancarias y otra información que tenga este carácter según las normas legales.
El artículo impone una amplia gama de sanciones administrativas –entre ellas advertencias, suspensión y destitución– de quien viole estas difusas normas de confidencialidad, aún en casos en que el secreto claramente no es del interés público.
Restringir el acceso público a registros financieros, por ejemplo, dificultaría a la prensa cubrir los juicios de personas acusadas de lavado de dinero o narcotráfico. La presidenta Moscoso firmó esta ley apenas días después de haber prometido fortalecer las leyes panameñas contra el narcotráfico, de acuerdo a una declaración reciente del Defensor del Pueblo de Panamá, Italo Isaac Antinori Bolaños.
Irónicamente, la campaña presidencial de la misma Moscoso prometió tomar medidas para establecer sistemas consolidados de información en la administración pública, a fin de permitir un acceso ágil y transparente y estimular la participación social.
El CPJ opina que las cláusulas de confidencialidad de la Ley 38 violan la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo Artículo 13 establece que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir e impartir informaciones y difundir ideas de toda índole…”
“La Ley 38 claramente menoscaba la abilidad de los periodistas panameños de informar sobre temas de vital interés público”, declaró la directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper. “Al firmarla, la presidenta Moscoso ha revertido buena parte del progreso que logró en sus primeros meses en el cargo. Exhortamos al gobierno a revocar esta legislación injusta, junto con otras leyes utilizadas para entorpecer a la prensa independiente en Panamá”.