Nueva York, 7 de febrero de 2012–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la sentencia de ayer contra dos periodistas ecuatorianos que fueron condenados por difamar al Presidente Rafael Correa.
Un tribunal regional civil ordenó a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita a pagar 1 millón de dólares estadounidenses en concepto de daños a Correa, así como también 100 mil dólares por el costo de abogados, según indicaron informes de prensa. Los periodistas fueron acusados de difamar a Correa en su libro El Gran Hermano, en el que alegaron que el hermano del presidente, Fabricio Correa, había obtenido contratos con el estado de 600 millones de dólares, mayormente en obras para construcción vial, según indicaron informes de prensa. La ley ecuatoriana prohíbe a integrantes de la familia presidencial hacer uso de sus relaciones para beneficio económico, según investigación del CPJ.
Tras la revelación del escándalo de corrupción, Correa canceló los contratos, afirmando que no tenía conocimiento sobre la cuestión, pero presentó una demanda contra los periodistas y dedicó tres cadenas a desacreditar al libro y a sus autores, según informes de prensa. En la sentencia, la jueza indicó que las acusaciones contra el presidente le habían causado daño moral, que “refiere a lo espiritual”.
“La escala de los daños en este caso es excesiva y claramente diseñada para amordazar voces críticas”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “El Presidente Correa tiene un extenso registro de utilizar las leyes de difamación para silenciar a periodistas críticos, y esta práctica debe llegar a su fin. El tribunal de apelación debe revocar la decision”.
El diario ecuatoriano El Universo informó que una cadena estatal de televisión anticipó la sentencia antes de que los acusados hubieran sido notificados. Calderón indicó al CPJ que él y Zurita apelarán la decisión.
Un informe especial del CPJ muestra que al enjuiciar a periodistas por difamación en tribunales civiles y penales, interrumpir programas de noticias en medios privados para imponer el punto de vista oficial, promover medidas legales restrictivas y lanzar campañas de desprestigio contra los críticos, la administración de Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada. El gobierno también promovió recientemente la aprobación de una serie de recomendaciones ante la Organización de los Estados Americanos que podría debilitar seriamente el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que ha sido crítica de sus políticas.
Un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales, incluyendo la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirma que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. En 2000, las Naciones Unidas, la OEA y la OSCE indicaron que las sanciones civiles “no deben ser de tales proporciones que susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, y deben ser diseñadas de modo de restablecer la reputación dañada, y no de indemnizar al demandante o castigar al demandado”.