Nueva York, 2 de mayo de 2011–El periodista ecuatoriano de radio Walter Vite Benítez fue condenado el miércoles a un año de prisión por un comentario crítico que hizo tres años atrás sobre un alcalde local. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó a las autoridades ecuatorianas a liberar a Vite y adecuar la ley ecuatoriana a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Según informó Fundamedios, el grupo de libertad de prensa en Ecuador, Vite fue arrestado el miércoles por policías en la ciudad norteña de Esmeraldas luego de que un juez local condenó al periodista a un año en la cárcel y al pago de una multa de 500 dólares.
La acusación se originó tras un comentario efectuado por Vite hace tres años en un programa de opinión en la radio Iris, según informes de prensa. Vite, quien criticó el desempeño del alcalde de Esmeraldas Ernesto Estupiñán, indicó a Fundamedios que nunca nombró al funcionario y solo hizo referencia a “un alcalde.” El periodista acredita que está siendo perseguido por su cubertura crítica del gobierno municipal y ha comenzado una huelga de hambre para protestar su encarcelamiento, según Fundamedios e informes de prensa.
“La decisión de encarcelar a Vite por injurias calumniosas indica que Ecuador contradice el consenso regional que promueve la despenalización de la difamación”, señaló Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Exhortamos a las autoridades locales a que liberen a Vite, revoquen la sentencia por difamación y adecuen la legislación a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
La investigación del CPJ muestra que las anticuadas disposiciones penales sobre difamación en Ecuador han sido utilizadas sistemáticamente para castigar a periodistas críticos. En marzo, el presidente Rafael Correa presentó una demanda por injurias calumniosas contra tres ejecutivos y el editor de opinión del diario ecuatoriano El Universo luego de que el periódico publicó una columna sumamente crítica en que se refiere a Correa como “el dictador”. Correa ha también presentado una demanda de difamación civil de 10 millones de dólares contra los periodistas investigativos Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de un libro llamado “Gan Hermano” sobre corrupción oficial.
La legislación ecuatoriana también contradice el consenso emergente en América Latina que considera a las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la prisión como condena para casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó la difamación incluida en el código penal. Y en abril de 2009, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una medida que aplicaba penas graves por injuria y calumnias.
Existe un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. En 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló: “En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.