Agentes policiales situados en la sede de la Fiscalía en Managua, Nicaragua, el 21 de mayo de 2021. Varios fiscales interrogaron recientemente a más de una docena de periodistas respecto a una investigación contra una aspirante presidencial por el presunto delito de lavado de dinero. (Reuters/Carlos Herrera)

Fiscales nicaragüenses interrogan a unos 16 periodistas y amenazan con investigar penalmente a corresponsal de Univisión

Ciudad de Guatemala, 1 de junio de 2021 — Las autoridades nicaragüenses deben abstenerse de comenzar una investigación penal por la labor de la periodista María Lilly Delgado y de cualquier otro comunicador social, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Desde finales de mayo, las autoridades han citado a 16 periodistas, como mínimo, a declarar como testigos respecto a una investigación de lavado de dinero contra Cristiana Chamorro, aspirante presidencial en las elecciones de noviembre de 2021 y exdirectora de una organización defensora de la libertad de expresión, según versiones de prensa.

Uno de esos periodistas, Delgado, corresponsal freelance de la cadena televisiva estadounidense Univisión, recibió una citación el 24 de mayo, según declaró al CPJ en entrevista telefónica. Delgado expresó que, cumpliendo con la citación, se había presentado con su abogado al día siguiente, pero los fiscales presentes le dijeron que no le harían preguntas en presencia de su abogado y la dejaron ir.

En un segundo encuentro con fiscales, que se celebró el 28 de mayo, la fiscal Heidy Ramírez “me dijo que mi condición había pasado de testigo a investigada”, Delgado declaró al CPJ. Desde entonces, la Fiscalía no ha notificado a Delgado cuáles son las imputaciones formales contra ella ni le han brindado ninguna información adicional sobre la supuesta investigación, la periodista declaró ayer al CPJ. 

“Citar arbitrariamente a periodistas a declarar como testigos y vincularlos con un proceso penal de gran connotación política que no tiene ninguna relación con su labor, es otra táctica más para intimidar a los periodistas nicaragüenses”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades nicaragüenses deben dejar de usar las entrevistas judiciales para hostigar a la prensa, y deben abstenerse de comenzar una investigación penal contra María Lilly Delgado o cualquier otro periodista por causa de su trabajo”.

Según las versiones de prensa citadas, las autoridades no han imputado formalmente a ninguno de los periodistas.

El 28 de mayo, la Fiscalía nicaragüense divulgó un comunicado en el cual sostiene que Delgado se había negado a contestar preguntas y a firmar el acta de la entrevista, pero no indicó si la estaba investigando formalmente.

Delgado declaró al CPJ que los fiscales “se negaron a permitir que mi abogado estuviera conmigo durante la entrevista y luego me acusaron falsamente de no colaborar”.

“Nunca dije que no estaba dispuesta a contestar preguntas y a firmar los documentos, pero sus declaraciones contenían varias inexactitudes. Les solicité que las rectificaran y ellos se negaron”, añadió.

El CPJ envió un correo electrónico a la Fiscalía nicaragüense para obtener una declaración, pero no recibió ninguna respuesta inmediatamente.

El 20 de mayo, agentes policiales allanaron y ocuparon la sede del portal de noticias Confidencial, cuyo director es hermano de Chamorro, y detuvieron a un periodista durante siete horas, como el CPJ lo documentó.