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En Colombia, las bacrim representan nueva amenaza para la prensa

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Por John Otis/Corresponsal del CPJ en los Andes  

La policía colombiana muestra armas confiscadas durante una redada contra una banda criminal  en el municipio de Tarazá. (Reuters / Fredy Amariles)

Al lado de la oficina del alcalde en la ciudad colombiana de Caucasia se encuentra un monumento que simboliza la disfuncionalidad del gobierno: una biblioteca pública medio construida con ventanas rotas, un suelo manchado con agua y barras oxidadas sobresaliendo de pilares de hormigón.

Según informes de prensa, la construcción misteriosamente se paralizó después de que el gobierno de la ciudad gastara alrededor de un millón de dólares en el proyecto. Pero cuando el periodista local Rober Nieto trató recientemente de investigarlo, un funcionario de la ciudad le advirtió que se retirara.

Estas amenazas son tomadas en serio por los periodistas de Caucasia y otras ciudades en el departamento norteño de Antioquia. La zona está abarrotada con ex paramilitares que se han formado en bandas criminales, conocidas como bacrim, que trafican drogas y extorsionan a los negocios. Las bacrim a menudo trabajan en connivencia con políticos locales, y cuando los periodistas investigan temas como la corrupción gubernamental, a veces reciben amenazas de las bacrim.

"Podemos registrar los acontecimientos, pero el periodismo de investigación está fuera de los límites", indicó Nieto, director de  Región al Día, un periódico mensual en Caucasia, al CPJ. "Necesitamos buen periodismo, pero es peligroso escribir sobre alianzas entre las autoridades locales y las bacrim".

Según la Fundación para la Libertad de Prensa, o FLIP, radicada en Bogotá, Antioquia es una de las regiones más peligrosas para periodistas en Colombia.  Además de las bacrim, dos grupos de guerrillas marxistas recorren en partes del departamento. Desde 2009, la FLIP registró 31 amenazas contra periodistas. Durante este período, dos periodistas fueron obligados a huir de la región.

El resultado ha sido un apagón virtual de la cobertura informativa en profundidad en algunas regiones de Antioquia. Muchos periodistas en Caucasia y pueblos cercanos dicen que pueden informar al público sobre lo que está pasando, pero se meten en problemas cuando tratan de explicar por qué.

Por ejemplo, Oscar Martínez, director de la radio ​​Caucasia Stereo, afirmó que solía informar sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos, como la policía, y las bacrim. Pero después de un ataque con granadas contra la emisora en 2011 que fue seguido por amenazas de extorsión, dejó de informar sobre estas cuestiones.

"Antes cubríamos todo", señaló  Martínez. "Me gustaría informar cuando el alcalde no está haciendo bien las cosas. Pero es peligroso".

La situación es aún más difícil en la ciudad cercana de Tarazá donde operan las bacrim y guerrillas de las  FARC. Luis Carlos Cervantes antes dirigía el único programa de noticias locales de la ciudad en la radio Morena FM. No era exactamente periodismo de investigación, el programa consistía en Cervantes condensando artículos de los diarios y haciendo anuncios de servicio público.

"Solo leíamos los diarios durante el programa", Cervantes señaló al CPJ en una entrevista en el estudio de Morena FM, que está ubicado en la plaza de Tarazá. "Pero ahora ni siquiera eso podemos".

De hecho, la programación en ocasiones incluía comunicados del ejército colombiano y la policía así como notas sobre las bacrim y las guerrillas, a quienes aparentemente no les gustó el programa y comenzaron a amenazar de muerte a Cervantes a través de llamadas a su teléfono celular. Luego de recibir siete de estas amenazas, Cervantes decidió levantar el programa de noticias y actualmente la radio solo transmite música.  

Uno de los pocos periodistas combativos que permanecen en la región es Leiderman Ortiz, editor de La Verdad del Pueblo, un diario mensual de Caucasia que trata temas de crimen y corrupción.

Ortiz, un ex candidato a alcalde que tiene planeado volver a candidatearse, es un luchador. En la última edición de La Verdad del Pueblo, publicó un suplemento con un poster de "buscado" de un supuesto miembro de las bacrim acusado de extorsión. Pero en lugar de recomendar que los lectores alerten a la policía si tenían alguna información, el poster los instaba a llamar a Ortiz e incluía su teléfono celular y dirección de correo electrónico.   

Pero Ortiz pagó un alto precio por su postura. En 2010, una granada fue arrojada contra su propiedad y más tarde recibió dos amenazas de muerte telefónicas de supuestos integrantes de las bacrim. En la actualidad, Ortiz está acompañado por dos guardaespaldas facilitados por las autoridades para protegerlo las 24 horas.

En entrevistas con el CPJ, la policía tanto en Caucasia como en Tarazá admitieron que las bacrim continúan contrabandeando drogas y extorsionando a negocios locales. Pero negaron que los periodistas enfrenten cualquier problema en particular. Al ser consultados sobre como evaluaría la libertad de prensa en una escala de 1 a 10, siendo 10 lo más alto, el comandante de la policía de Caucasia Álvaro Cardoso le otorgó un puntaje de 10 a la ciudad.       

Una evaluación similar ofreció el alcalde de Caucasia José Nadín Arabia, cuya oficina con un amplio ventanal ofrece una vista panorámica de la parcialmente terminada biblioteca. Arabia afirmó que el proyecto había sido llevado a cabo por su predecesor y sostuvo no tener conocimiento sobre los problemas que tenía Nieto para investigar lo que había ocurrido.  

A excepción de Ortiz, según comentó Arabia, no había recibido información sobre alguna amenaza reciente contra periodistas. De todos modos, admitió que los reporteros habían bajado el torno de su cobertura crítica.

"Las bacrim presionan a todos los que escriben cosas negativas sobre ellas", agregó Arabia. "Pero los periodistas ya no publican mucho sobre las bacrim".

[Informes desde Caucasia, Colombia]

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