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La prescripción de casos, el gran reto de la justicia en Colombia

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Por Andrés Morales/Bloguero Invitado del CPJ

El problema de impunidad afecta el real acceso a la justicia de los colombianos en general y no es solo un problema de los crímenes contra periodistas. Diversos organismos institucionales y no gubernamentales de derechos humanos han coincidido en reconocer la dramática situación de impunidad que vive el país, especialmente por los crímenes cometidos durante el conflicto armado que todavía continúa.

En el caso de periodistas, es bueno recordar que Colombia es el país con más periodistas asesinados en América Latina en los últimos 35 años - 139 relacionados con el oficio- por encima de países hoy muy violentos como México o Honduras. La mayoría de ellos se dieron en la década de los ochentas, los noventas y en los primeros años de este siglo.

En los últimos 10 años ha sido evidente la disminución de asesinatos contra periodistas en el país, mientras que en 2002 asesinaron a diez, en 2011 a uno. Eso, además de ser un avance en las condiciones de seguridad para hacer periodismo, explica, en parte, por qué Colombia no está en los primeros lugares del ranking de impunidad del CPJ.

Si entendemos que se ha conseguido justicia cuando el Estado ha sido capaz de encontrar, juzgar y sancionar a todos los responsables (materiales e intelectuales) del crimen contra un periodista, entonces difícilmente se puede concluir que Colombia ha mejorado.

Si damos un vistazo, vemos que la mayoría de asesinatos durante los ochentas quedaron impunes. Todos ellos ya prescribieron pues la ley en su momento establecía que la justicia tenía 20 años para investigar. En casos emblemáticos como el de Guillermo Cano, director de El Espectador, asesinado en 1986, la justicia se vio en la obligación de declararlo delito de lesa humanidad y abrir la investigación de nuevo en el 2010. Si bien se supo que el reconocido narcotraficante Pablo Escobar dio la orden del crimen y un empresario, Luis Carlos Molina Yepes, fue el único condenado, todavía no han sido enjuiciados todos los responsables, en especial los presuntos funcionarios de organismos del Estado que estuvieron involucrados. El caso se declaró delito de lesa humanidad porque la justicia fue incapaz de encontrar la verdad y le tocó acudir a una figura jurídica, poco usual para estos caos, y así darse tiempo indefinido en la investigación. El de Cano es el único crimen contra un periodista que ha sido declarado delito de lesa humanidad en Colombia y, desde que se reabrió la investigación, no se han visto logros destacables.

Precisamente, la gran preocupación ahora está en que los asesinatos ocurridos durante los noventas pueden correr la misma suerte de la prescripción. Es decir, empezamos a cumplir 20 años de sucedidos muchos de esos crímenes y algunos empiezan a prescribir. En 2011, prescribieron diez casos, como los de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, también periodistas de El Espectador, asesinados en abril de 1991, mientras hacían un cubrimiento especial en Segovia, Antioquia. Durante 20 años las investigaciones judiciales se contradijeron en este caso. En un principio se encarcelaron a dos guerrilleros del ELN, después fueron puestos en libertad porque aparentemente no tenían nada que ver con el crimen, no se vincularon a nuevos sospechosos, continuó la investigación sin resultados, y en 2011 la justicia cerró el caso porque se dio cuenta de que efectivamente los responsables eran esos guerrilleros que nunca procesó, y que ya habían muerto. El caso quedó en total impunidad y la Sociedad Interamericana de Prensa lo puso a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a finales de 2011.

Este año otros dos casos más pueden prescribir, el de Jon Félix Tirado asesinado en Cartago en el departamento del Valle del Cauca, y el de José Domingo Cortés en Valencia, Córdoba. Los dos casos tienen la misma particularidad: se desconoce cuál es el estado y en dónde se adelanta la investigación. A pesar de que en múltiples ocasiones la FLIP le ha solicitado esa información a la Fiscalía General de la Nación, no se ha dado respuesta. Es muy posible que ni siquiera ellos sepan donde están los expedientes y con el paso del tiempo los casos queden impunes. Misma situación se teme con otros cinco casos que pueden prescribir en los próximos dos años, en tres de ellos no se sabe el estado de la investigación, uno ya no está activo y el otro sigue en investigación.

En los crímenes ocurridos este siglo la situación ha sido similar, aunque es justo reconocer algunos avances, en especial porque ha existido una mayor presión por parte de las organizaciones de prensa nacionales e internacionales, y de los mismos medios de comunicación, exigiendo resultados. En el asesinato de Emeterio Rivas, por ejemplo, ocurrido en 2003, se condenó al ex alcalde de Barrancabermeja, Santander, Julio Cesar Ardila, a 28 años de prisión por ser el autor intelectual, y a varios de sus funcionarios de ser cómplices.

En casos como el del periodista Orlando Sierra, asesinado en Manizales, Caldas, en 2002, ha habido una impunidad parcial, pues la justicia ha podido condenar a los autores materiales pero no ha dado con los intelectuales. Precisamente a mediados de 2011 se llamó a juicio al dirigente político de esa región, Ferney Tapasco por ser presuntamente quien diera la orden del crimen.

Pero en otros, como el de Guillermo Bravo, asesinado el departamento del Huila en 2004, o el de José Everardo Aguilar en el Cauca en 2009, o Clodomiro Castilla en Córdoba en 2010, no se han conseguido avances.

El Congreso colombiano aprobó una reforma en 2010 que aumenta a 30 años el plazo de prescripción para los asesinatos contra periodistas. Esto puede ser positivo o negativo. Positivo porque efectivamente permite darle mayor tiempo a las investigaciones complejas. Pero también negativo porque empieza a aplicar para los asesinatos sucedidos después del 2010 y porque se teme que se use la figura para dilatar los procesos, y así investigarlos durante demasiado tiempo.

La impunidad es el incentivo que tienen los criminales para seguir amenazando o asesinando periodistas. Mientras ellos sigan en la calle y no se sientan intimidados por el peso de la justicia, difícilmente el panorama de la impunidad en Colombia pueda cambiar.

Hasta ahora la justicia sigue en deuda.

Andrés Morales, abogado colombiano, es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), un grupo de libertad de prensa radicado en Bogotá.

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