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Silencio o muerte en la prensa mexicana

6. Recomendaciones

El CPJ ofrece las siguientes recomendaciones a las autoridades mexicanas, a la comunidad internacional y a la comunidad periodística:


A las autoridades mexicanas

Al Presidente Felipe Calderón Hinojosa 

  • Utilizar los poderes plenos de su investidura para asegurar que todos los ciudadanos, incluyendo los miembros de los medios de comunicación, puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, consagrado en los artículos sexto y séptimo de la constitución. Condenar públicamente los actos de violencia contra los periodistas como delitos no sólo contra los ciudadanos, sino contra el derecho a la libertad de expresión de un pueblo.
  • Materializar su promesa de federalizar los delitos contra la libre expresión. En conjunto con la Cámara de Diputados, utilizar el poder de su investidura para promulgar reformas legales que federalicen los delitos contra la libertad de expresión y asignar responsabilidades para la investigación y procesamiento de dichos delitos a las autoridades federales. Asegurar que dicha legislación cumpla con los estándares internacionales que garantizan el derecho a la libertad de expresión.
  • Hasta que se adopten las reformas legales, asegurar que funcionarios federales de las fuerzas de seguridad asuman la responsabilidad de investigar todos los ataques contra la prensa que caigan dentro de su jurisdicción. Las autoridades federales cuentan actualmente con facultades para investigar delitos que tengan vínculos con la delincuencia organizada y con el uso de armas exclusivas del ejército. Instruir a los funcionarios federales a que investiguen estos casos en forma exhaustiva y hagan caer todo el peso de la ley sobre los perpetradores.
  • Hasta que se adopten las reformas legales, utilizar su influencia para que las autoridades de los estados investiguen en profundidad y esclarezcan todos los delitos contra la prensa que caigan dentro de su jurisdicción.
  • Promover la creación de un comité gubernamental que brinde protección directa a los periodistas en riesgo inminente.
  • Utilizar la influencia de su investidura para fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos la Libertad de Expresión, de modo que tenga la suficiente autoridad y recursos para hacer cumplir la ley.
  • Desarrollar nuevos procedimientos y capacitación para asegurar que la policía federal y las fuerzas militares respeten el derecho de los periodistas cubrir los operativos de las fuerzas de seguridad sin interferencias.

Al Congreso de la Unión

  • En conjunto con el poder ejecutivo, promulgar reformas legales que federalicen los delitos contra la libre expresión y que asignen la responsabilidad de la investigación y esclarecimiento de dichos delitos a las autoridades federales. Asegurarse de que esta legislación incluya la responsabilidad y rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel del gobierno del país. Asegurarse de que la legislación cumpla con los estándares internacionales.
  • La comisión legislativa para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación debe asumir un papel de liderazgo en el impulso de reformas legales que federalicen los delitos contra la libre expresión; en el análisis de otros problemas sistemáticos que impidan el trabajo de la justicia; en continuar con las reformas en marcha; y en salir a la defensa del derecho a la libre expresión de los ciudadanos.

Al Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez

  • Fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión con el propósito de asegurarse que cuente con la suficiente autoridad y recursos para hacer cumplir la ley.
  • Asegurar que funcionarios federales de las fuerzas de seguridad asuman la responsabilidad de investigar todos los ataques contra la prensa que caigan dentro de su jurisdicción, al amparo de la ley. Instruir a funcionarios federales de la procuración de justicia a que investiguen estos casos en forma exhaustiva y a procesar a los perpetradores con todo el peso de la ley.
  • Utilizar todos los recursos de su despacho para arrestar sospechosos y conseguir sentencias por el asesinato de Armando Rodríguez Carreón ocurrido en noviembre de 2008 en Ciudad Juárez. El CPJ ha calificado este homicidio, actualmente en manos de las autoridades federales, como uno de los 10 casos emblemáticos de impunidad entre los asesinatos de periodistas en todo el mundo.
  • Capacitar a los ministerios públicos asignados a los delitos contra la libre expresión. Asegurar que su capacitación cubra los problemas especiales que enfrentan los periodistas y el vital papel de la prensa libre a nivel nacional.
  • Cooperar plenamente con las procuradurías estatales en las actuales investigaciones de ataques contra la prensa. Reclamar que las autoridades estatales cooperen y se comuniquen en forma fluida con su despacho.

A la Comunidad Internacional

Al Comité de Derechos Humanos de la ONU

  • Hacer responsable al gobierno federal de México, al amparo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de proporcionar reparaciones eficientes por los delitos en contra de la libertad de expresión.
  • Monitorear y procurar que México cumpla con los hallazgos del comité de 2010, que hacen un llamado a "una inmediata acción para proporcionar protección efectiva a periodistas cuyas vidas y seguridad están en riesgo".

A la Organización de Estados Americanos

  • Hacer responsable al gobierno federal de México, al amparo del Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Principio 9 establece que "El asesinato, secuestro, intimidación y/o amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión".
  • Establecer metas específicas para asegurar que México cumpla las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La relatoría especial ha instado la implementación de medidas para garantizar la vida y seguridad de periodistas en riesgo, para dar a las autoridades federales mayor jurisdicción para investigar y procesar delitos contra la prensa, y para fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas.

A la Unión Europea

  • Plantear el problema de la impunidad en los ataques contra periodistas mexicanos en el contexto de la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México. Abordar el tema en el próximo Foro de Diálogo con la Sociedad Civil México-Unión Europea, programado para octubre de 2010.
  • Con base en su resolución de marzo de 2010, relativa a la violencia en México, el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo y su subcomité de derechos humanos deben convocar a una audiencia sobre los ataques a la prensa en México.

Al Gobierno de los Estados Unidos 

  • Asegurar que el problema de la violencia contra la prensa en México sea abordado en forma regular como parte de la comunicación bilateral. El Presidente Barack Obama y altos funcionarios de su administración deben dejar en claro la profunda preocupación de los Estados Unidos por la violencia generalizada contra la prensa mexicana y considerar este problema como prioritario.

A la Comunidad Periodística

A los medios de comunicación

  • Realizar una cobertura permanente del problema de la violencia contra los medios de comunicación. Brindar amplia cobertura periodística a los ataques contra la prensa, incluso aquellos contra medios competidores. Alzar la voz contra los ataques a la prensa en comentarios al aire y en páginas editoriales.

A las organizaciones de libertad de prensa 

  • Forjar un consenso sobre una serie de principios para proteger a los periodistas y trabajar conjuntamente para asegurar su adopción.
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