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Ataques a la Prensa en 2001: ESTADOS UNIDOS



ESTADOS UNIDOS

Desde su fundación en 1981, el CPJ, como estrategia y política, se ha concentrado en las violaciones a la libertad de prensa y los ataques a los periodistas fuera de los Estados Unidos. Dentro del país, una activa comunidad pro libertad de prensa destina sus recursos y su experiencia a defender los derechos de los periodistas. El CPJ tiene como meta enfocar su labor en aquellos países donde los periodistas más necesitan la ayuda y protección internacionales.

Sin embargo, el CPJ admitió varios casos estadounidenses en el 2001, ya sea porque eran particularmente serios o porque tenían amplias repercusiones internacionales. Por primera vez en sus 20 años, el CPJ incluyó a una estadounidense en su lista anual de periodistas encarcelados. Dos periodistas estadounidenses fueron asesinados en el 2001: el fotógrafo independiente William Biggart murió cubriendo los ataques al World Trade Center el 11 de septiembre y Robert Stevens, director de fotografía del periódico sensacionalista Sun, murió de inhalación de carbunco en octubre.

El 7 de agosto, el CPJ le envió una carta al Fiscal General de EE UU, John Ashcroft, en la cual expresaba su preocupación por la detención de la periodista Vanessa Leggett por cargos de desacato al tribunal.

Leggett, una periodista independiente de 33 años radicada en Houston, Texas, citó la confidencialidad de sus fuentes como motivo para negarse a entregar material de investigación a un jurado de acusación que investigaba el asesinato en 1997 de una figura de la alta sociedad de Houston. La carta del CPJ señaló que la detención « envía precisamente la señal equivocada a los regímenes autoritarios, los cuales ahora pueden mostrar aún menos voluntad para dejar de utilizar el poder del estado con el fin de restringir la libertad de prensa.». Se cree que Leggett, quien fue liberada el 4 de enero, estuvo encarcelada más que ningún otro periodista en la historia estadounidense.

El caso de Leggett no fue el único intento por parte del Departamento de Justicia para quebrantar la relación periodista-fuente. En agosto, el reportero de la Associated Press John Solomon recibió notificación de que las cuentas de teléfono de su domicilio habían sido solicitadas para conocer la fuente de una noticia acerca del crimen organizado.

Los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, y el Pentágono, en Washington, D.C., cambiaron dramáticamente el panorama de los medios en los Estados Unidos y sacaron a relucir un número de cuestiones alarmantes acerca de la libertad de prensa.

Si bien la prensa ganó amplio apoyo público por la cobertura informativa de los ataques, algunos observadores de los medios cuestionaron el por qué los medios estadounidenses abandonaron la objetividad al cubrir la respuesta doméstica al terrorismo al igual que las operaciones militares de Estados Unidos en Afganistán. Comentaristas estadounidenses, y en particular de Europa y el Medio Oriente, criticaron duramente a algunos medios estadounidenses por su cobertura superficial del Islam, por dar una cobertura mínima a las víctimas civiles en Afganistán y por sus tímidos reportajes acerca de medidas gubernamentales tan polémicas como la detención sin formulación de cargos de cientos de sospechosos de terrorismo.

El gobierno de George W. Bush también tomó varias medidas para influenciar tanto la cobertura doméstica como la internacional, en particular sobre Osama bin Laden y la red terrorista Al Qaida.

Pocos días después del 11 de septiembre, el Departamento de Estado de los EE UU se comunicó con la Voz de los Estados Unidos de América (VOA), una organización de radiodifusión financiada por el gobierno federal, y expresó su preocupación acerca de la transmisión de una entrevista exclusiva con el líder talibán, el mulá Mohammed Omar. «No creemos que el contribuyente estadounidense... deba transmitir la voz de los talibanes», explicó el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher. En diciembre, Spozhmai W. Maiwandi, la periodista de la VOA que realizó la entrevista, fue obligada a dejar su trabajo como jefe del servicio en idioma Pashtu. Al mismo tiempo, el director de la VOA, Robert Reilly, distribuyó un memorando por el que prohibía entrevistas con funcionarios de «naciones que amparan el terrorismo». El personal de la VOA protestó la medida por interferir con la labor informativa de la radioemisora.

El 3 de octubre el Secretario de Estado Colin Powell le pidió al emir de Qatar que utilizara su influencia para controlar a Al-Yazira, un canal por satélite radicado en Qatar y financiado por el gobierno de Qatar. La petición se debió a la preocupación de que el canal presuntamente estaba parcializado contra los Estados Unidos y por sus repetidas transmisiones de una entrevista exclusiva en 1998 con Osama bin Laden.

Una semana después, el 10 de octubre, la Consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, le pidió a un grupo de ejecutivos de la televisión estadounidense que tuvieran cuidado al transmitir mensajes pregrabados de Osama bin Laden y sus colaboradores. Rice alegó que tales declaraciones en el mejor de los casos eran propaganda, pero que también podían contener mensajes codificados con instrucciones para células terroristas. Los ejecutivos de las cadenas aceptaron considerar la edición de futuros videos de bin Laden y la supresión de declaraciones que pudieran incitar a la violencia contra los estadounidenses.

Si bien en los Estados Unidos se cuestionó si la conferencia telefónica de Rice con los ejecutivos de los medios fue apropiada, las medidas tomadas por el gobierno de Bush parecieron haber alentado a los gobiernos represivos de otras partes del mundo para arremeter contra los medios de comunicación nacionales. En Rusia, un consejero del presidente Vladimir Putin planeaba estudiar las limitaciones impuestas por los Estados Unidos a los reportajes sobre el terrorismo para diseñar medidas para los medios rusos.

Una nueva sección del portal de Internet del CPJ (www.cpj.org) llamado «Covering the New War» (Cubriendo la nueva guerra), dio seguimiento a otros abusos contra la libertad de prensa en otra partes del planeta relacionados con la guerra, como por ejemplo en Benín, China, Indonesia, Israel, Liberia, Uganda y Zimbabwe.

Aunque los periodistas que cubrían la guerra de Afganistán corrieron el riesgo de ser arrestados por los talibanes o de ser víctimas de un ataque armado, muchos también se quejaron de la falta de acceso a las fuerzas estadounidenses en el campo de batalla. En diciembre, varias agencias de noticias protestaron cuando reporteros en una base de las tropas aerotransportadas cerca de Kandahar fueron confinados a un depósito para prevenir que fotografiaran a los soldados heridos que estaban siendo transportados a la base para recibir tratamiento después de un incidente en que recibieron disparos por parte de sus propias tropas.

Luego ese mismo mes, fuerzas tribales afganas detuvieron a tres fotoperiodistas a solicitud de las tropas especiales estadounidenses que operaban en la región de Tora Bora, según el New York Times. Tarjetas de memoria que contenían imágenes de soldados estadounidenses fueron confiscadas de dos cámaras digitales.

El 31 de enero de 2002, el CPJ también envió una carta al Secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, en la que pidió que aclarara el ataque con misiles contra la corresponsalía de Al-Yazira en Kabul. Las fuerzas armadas estadounidenses describieron el edificio como una instalación «conocida» de Al Qaida sin ofrecer más pruebas. A pesar de que la instalación había sido sede de Al-Yazira por casi dos años y tenía varias antenas parabólicas en el techo, los militares estadounidenses alegaron que no tenían indicios de que el edificio fuese utilizado como corresponsalía de Al-Yazira en Kabul.

Una serie de cartas contaminadas con carbunco y enviadas a personalidades de los medios y a políticos estadounidenses en octubre crearon una gran ansiedad en la prensa. Las cartas contaminadas fueron enviadas al presentador de NBC Tom Brokaw y al New York Post. El hijo de una empleada del noticiero de ABC y varios empleados de American Media Inc. en la Florida también fueron infectados, aunque el origen del carbunco no pudo ser identificado con precisión. American Media publica periódicos sensacionalistas de supermercados, incluyendo al National Enquirer que más que nada cubre chismes de farándula (aunque el periódico publicó noticias que atacaban a Osama bin Laden). The Sun, donde Robert Stevens trabajó como director de fotografía, está lleno de raras historias de interés humano y predicciones astrológicas. A fines de año, las autoridades no habían podido vincular las cartas al ataque del 11 de septiembre.

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