Ataques a la Prensa en 2000: ESTADOS UNIDOS

Si bien el CPJ reconoce que la libertad de prensa requiere una vigilancia constante y una defensa enérgica tanto en nuestro país como en el extranjero, en los Estados Unidos contamos con la labor rigurosa y profesional de organizaciones que se ocupan del ámbito nacional tales como la Unión Estadounidense pro Libertades Civiles (American Civil Liberties Union); la Sociedad Estadounidense de Jefes de Redacción (American Society of Newspaper Editors); la Fundación Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation); la Asociación Nacional de Empresas de Radiodifusión y Televisión (National Association of Broadcasters); el Comité de Reporteros pro Libertad de Prensa (Reporters’ Committee for Freedom of the Press); y la Sociedad de Periodistas Profesionales (Society of Professional Journalists), entre otras.

Todas estas organizaciones manifestaron su preocupación por los retos que enfrentó la libertad de prensa en los Estados Unidos durante el año pasado. Muchos casos tuvieron que ver con fallos en tribunales estatales o de condados en contra de la protección y los privilegios periodísticos amparados en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Algunos de estos casos estuvieron relacionados en específico con las leyes que protegen a los periodistas y las informaciones recogidas por ellos contra las citaciones ante los tribunales. Otros casos tuvieron que ver con órdenes judiciales que impedían a los involucrados hacer comentarios públicos, y que por tanto interfirieron con la capacidad de los periodistas para recoger y diseminar información.

Otra categoría de violaciones de la libertad de prensa estuvo relacionada con los enfrentamientos entre agentes del orden público y periodistas que brindaban cobertura informativa a manifestaciones políticas. Algunos periodistas fueron arrestados o lesionados en Washington, D.C., durante protestas en contra de las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), y en Miami durante el operativo de las autoridades federales para apoderarse del niño cubano Elián González. Un pequeño grupo de periodistas acreditados que fueron arrestados por la policía tanto en Miami como en Washington parecen haber sido acusados falsamente de unirse a los manifestantes y, en algunos casos, de haber agredido a la policía. Mientras tanto, a algunos radiodifusores comunitarios se les prohibió de manera arbitraria la entrada a la reunión anual del FMI en Washington, D.C.

La Ley de Autorización de Información de Inteligencia (Intelligence Authorization Act) causó gran preocupación ya que este proyecto de ley haría que la divulgación por parte de funcionarios gubernamentales de cualquier tipo de información «debidamente clasificada» fuera un delito grave. El proyecto de ley, tal como lo sostuvo un editorial del The New York Times, no distinguía «entre secretos legítimamente importantes y aquellos que sirven para encubrir la falta de ética profesional, bloquear el acceso a documentos históricos o negar a los estadounidenses la oportunidad de debatir temas cruciales para toda la nación». El presidente Bill Clinton vetó la medida el 4 de noviembre con el argumento de que podría «frenar innecesariamente actividades legítimas que son la base de una democracia».

El 5 de diciembre la Corte Suprema escuchó los argumentos en un caso relacionado con la ley federal de intervención de las líneas telefónicas, la cual establece responsabilidad penal y civil para cualquier persona que divulgue el contenido de comunicaciones interceptadas ilegalmente. El caso trata de la difusión radial de una llamada telefónica que había sido grabada ilegalmente y enviada a una radioemisora. La Corte Suprema deberá decidir si la ley puede ser aplicada a la prensa sin violar la Primera Enmienda de la Constitución.

Debido a las implicaciones de gran alcance que pudiera tener para todos los periodistas alrededor del mundo, el CPJ protestó un incidente ocurrido el 13 de junio en Newark, Nueva Jersey, en el cual policías incautaron la cámara de un reportero de televisión local y se hicieron pasar por periodistas en una tentativa por poner fin a una toma de rehenes. El incidente ocurrió menos de dos semanas después de que la policía de Luxemburgo utilizó una táctica parecida contra un pistolero que había tomado como rehenes a 25 niños. Los policías luxemburgueses incautaron una cámara de una estación de televisión local, escondieron una pistola dentro de ella y la enviaron con un francotirador de la policía que se hizo pasar por camarógrafo. Cuando el secuestrador salió de la guardería infantil con un niño en un brazo y una granada en el otro, el francotirador le disparó con la pistola oculta. A la vez que aplaudió la liberación de los rehenes, la directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper, señaló en una declaración que ese tipo de acciones «compromete la percepción de independencia que se tiene de los periodistas y aumenta el riesgo que corren diariamente al cubrir noticias peligrosas».

El CPJ también se ocupó del caso del periodista Errol Maitland, de la radioemisora WBAI. Maitland fue agredido por agentes policiales de la ciudad de Nueva York y acusado de escándalo público mientras informaba desde el funeral del inmigrante haitiano Patrick Dorismond, quien en marzo sufrió un disparo mortal por parte de un policía encubierto de Nueva York. Luego de haber sido detenido, a Maitland inicialmente se le negó tratamiento médico a pesar de padecer de dolores en el pecho y dificultades para respirar. Luego de la intervención de su abogado, Maitland fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo coronario del Kings County Hospital, donde fue esposado a la cama. El 28 de marzo el CPJ le envió una carta al alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph W. Giuliani, y lo exhortó a que investigara el incidente.

Desde el asesinato ampliamente divulgado en 1976 del reportero Don Bolles del Arizona Republic, por lo menos 11 periodistas más han sido asesinados en los Estados Unidos por su trabajo. En todos los casos menos uno, las víctimas fueron periodistas inmigrantes que informaban en idiomas que no eran el inglés. La mayoría de estos casos recibieron poca o ninguna atención nacional por parte de los medios. En diciembre de 1994, el CPJ elaboró un informe de 60 páginas sobre estos asesinatos, titulado Silenciados: Los asesinatos no resueltos de periodistas inmigrantes en los Estados Unidos (Silenced: The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the United States). La inquietud primordial del CPJ dentro de los Estados Unidos sigue siendo la seguridad de los periodistas inmigrantes y, en general, los casos de periodistas que son asesinados por motivos relacionados directamente con su profesión. Como organización estadounidense que exhorta firmemente a los gobiernos de todo el mundo a investigar los asesinatos de periodistas locales y enjuiciar a los responsables, consideramos esencial pedirle cuentas de igual manera a nuestro gobierno cuando ocurren crímenes similares en nuestro país.

Como parte de su campaña para abolir las leyes penales contra la difamación de los sistemas legales de las Américas, el CPJ ha manifestado su preocupación a las autoridades estadounidenses sobre el hecho de que por lo menos 20 estados (entre ellos el Distrito de Columbia) aún mantienen leyes vigentes que clasifican la difamación como delito. Consideramos que dichas leyes son anticonstitucionales y, de usarse para entablar acciones judiciales contra los periodistas por su trabajo, serían derogados por la Corte Suprema. El CPJ tiene la convicción de que las legislaturas estatales deben retirar de sus códigos todos las leyes penales contra la difamación, para así dar el ejemplo a los países de las Américas y del mundo donde se acostumbra encarcelar a los periodistas por lo que escriben.

El Centro para la Libertad de Prensa, con sede en Puerto Rico, denunció que en diciembre de 1999 el entonces gobernador Pedro Roselló aprobó una enmienda que fortalece las leyes penales que rigen en la isla contra la difamación. La enmienda aumenta la multa por difamación de 500 a 5000 dólares estadounidenses, más indemnización; y añadió las sanciones de servicio comunitario y privación de libertad de seis meses. Los jueces puertorriqueños pueden imponer todas estas sanciones al mismo tiempo. El CPJ considera muy preocupante este suceso.