La actitud del presidente JoeBiden ante los medios estadounidenses contrasta marcadamente con el agresivo discurso de Donald Trump. Sin embargo, al concluir el primer año de gestión del presidente Biden, numerosos defensores de la libertad de prensa siguen preocupados por cuestiones como el limitado acceso de los periodistas al presidente, la lentitud de la administración Biden para responder a las solicitudes de información, la prevista extradición de Julian Assange, las restricciones al acceso de los medios en la frontera sur de Estados Unidos, y la limitada asistencia a los periodistas afganos. Un informe especial del CPJ, elaborado por Leonard Downie Jr.
El primer año de la relación entre la administración Biden y la prensa estadounidense se ha caracterizado por un giro de prácticamente 180 grados en comparación con la manifiesta y nociva hostilidad de la administración Trump, que causó graves daños a la credibilidad de los medios noticiosos y con frecuencia difundió información falsa en todo el mundo.
En marcado contraste, el presidente Joe Biden; Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca; y funcionarios de la administración han subrayado en reiteradas ocasiones la importancia de colaborar con los medios noticiosos para mantener informados a los estadounidenses. Si bien los periodistas siguen teniendo problemas para obtener acceso al presidente, a algunos funcionarios de Gobierno y a la información, no ha habido ningún despiadado ataque contra los periodistas, quienes no han sido tildados de enemigos del pueblo ni de propagadores de “noticias falsas”.
“El cambio más obvio se observa en la retórica”, declaró Jonathan Peters, profesor de Derecho y Medios de la Universidad de Georgia. “Ha desaparecido el discurso del presidente y de altos funcionarios que tenía el propósito de deslegitimar a los medios de prensa”.
En general, según el testimonio de los periodistas consultados, se han registrado significativas mejoras en la relación informativa cotidiana entre el Gobierno y los medios de prensa. Se han reanudado las conferencias de prensa periódicas en la Casa Blanca, en el Departamento de Defensa y en el Departamento de Estado, que son fundamentales para reparar el daño ocasionado a la libertad de prensa en Estados Unidos y fortalecer la credibilidad cuando los funcionarios de Gobierno promueven la libertad de prensa en el extranjero.
En el Departamento de Justicia, el fiscal general Merrick Garland, a pedido de Biden, ha dejado de emitir órdenes federales para acceder a los datos telefónicos y de correo electrónico de los periodistas con el objetivo de descubrir a las fuentes gubernamentales de información oficial de carácter reservado. Durante las presidencias de Trump y Obama, se procesó judicialmente y encarceló a una cantidad inédita de fuentes informativas oficiales; pero, hasta el momento, no se ha procesado judicialmente a ninguna fuente gubernamental durante la gestión de Biden. Por el contrario, el Departamento de Justicia, ha investigado y procesado a los sujetos que agredieron físicamente a periodistas durante la violenta invasión, inspirada por Trump, del Capitolio federal de Estados Unidos, en Washington, el 6 de enero de 2021. Además, los fiscales federales investigan el tratamiento abusivo de periodistas por parte de agentes policiales en las ciudades de Minneapolis, Louisville y Phoenix.
Por otra parte, Biden ha restablecido la independencia editorial de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (U.S. Agency for Global Media), a la cual pertenece la Voz de América, que la administración Trump intentó convertir en organismo de propaganda. Al mismo tiempo, el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental, que durante la gestión de Trump había borrado prácticamente toda la información confiable sobre el cambio climático y otros temas ambientales, ha reincorporado esos recursos informativos.
Lo cual no quiere decir que los medios hayan aplaudido todo ni que la sociedad se haya beneficiado.
Aunque aparentemente el presidente Biden y los altos funcionarios de Gobierno en su mayoría han evitado la desinformación deliberada que caracterizó a la Casa Blanca durante la gestión de Trump, los verificadores de datos de los medios han descubierto numerosas afirmaciones engañosas y falsas tanto en las declaraciones preparadas de Biden como en las improvisadas. Tales afirmaciones fueron particularmente frecuentes en sus explicaciones y argumentos en defensa de la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.
En entrevistas con más de 30 periodistas, académicos especializados en los medios de noticias, defensores de la libertad de prensa y funcionarios de la administración Biden, se plantearon otras cuestiones.
- Los expertos en materia de la Ley de Acceso a la Información Oficial (Freedom of Information Act, FOIA) han constatado pocas mejoras en la respuesta de los organismos oficiales a las solicitudes de información que los periodistas han tramitado en virtud de FOIA, y la administración Biden no ha anunciado ninguna directiva sobre el otorgamiento de las solicitudes de información tramitadas según lo previsto por FOIA.
- Los defensores de la libertad de prensa están decepcionados por la reacción del Gobierno a las peticiones para que ayudara a los periodistas afganos cuya vida y trabajo han estado en riesgo desde que los talibanes tomaran el poder a mediados de agosto de 2021.
- Los intentos de la administración Biden por extraditar a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, desde el Reino Unido han suscitado temores de que la redacción empleada en el proceso judicial por espionaje contra Assange pudiera sentar un peligroso precedente que pudiera utilizarse contra los periodistas en el ejercicio de la profesión.
- Si bien los periodistas dedicados a la cobertura de la política saludan que el Gobierno haya restablecido las conferencias de prensa diarias, a muchos les preocupa el control que ejercen la Casa Blanca y las oficinas de prensa de los distintos ministerios sobre el acceso a los funcionarios de la administración, así como las restricciones para nombrarlos y citarlos en los artículos noticiosos.
La relación entre la Casa Blanca de Biden y la prensa
Una preocupación clave entre los periodistas asignados a la cobertura de la Casa Blanca es su limitado acceso al presidente Biden, quien ha ofrecido menos conferencias de prensa y menos entrevistas a los medios que los presidentes Barack Obama y Donald Trump en el primer año de sus respectivas gestiones. Al mismo tiempo, Biden ha respondido a menos preguntas espontáneas de los periodistas en la Casa Blanca o en actos públicos.
En lugar de ello, la secretaria de prensa Jen Psaki, o uno de sus asistentes, han ofrecido a diario conferencias de prensa televisadas con los periodistas que cubren la Casa Blanca. Durante la presidencia de Trump, las conferencias de prensa en la Casa Blanca se suspendieron durante varios meses.
Psaki, veterana portavoz de las campañas presidenciales del Partido Demócrata, de la Casa Blanca durante la gestión de Obama y del Departamento de Estado, estaba bien calificada para ese cargo, un evidente contraste en relación con los cuatro funcionarios menos experimentados y particularmente combativos que ocuparon ese puesto en el Gobierno Trump. En cierta forma, Psaki ocupa el segundo puesto, solamente después de Biden, como el rostro público de su Gobierno, e incluso ha recibido atención, como un perfil favorable en la revista Vogue, además de sus frecuentes entrevistas en la televisión y la radio.
Biden ha dado apenas una conferencia de prensa a gran escala en la Casa Blanca y cuatro en sus viajes al extranjero durante su primer año en la Presidencia, según consta en los confiables archivos que lleva la politóloga Martha Kumar, directora del Proyecto de Transición de la Casa Blanca durante varias administraciones. Según los datos de Kumar, Biden apenas había otorgado 22 entrevistas como presidente a los medios de prensa para finales de 2021, una pequeña cifra en comparación con las 92 entrevistas otorgadas por Trump y las 150 de Obama durante el mismo período de sus respectivas presidencias.
Biden se apoya más en discursos preparados que lee en la televisión con la ayuda de un teleprompter, y a veces no responde ninguna pregunta y otras veces responde pocas preguntas de los periodistas, quienes se ubican a cierta distancia, detrás del teleprompter y las cámaras. “Si ya no quiere responder más preguntas o ninguna”, declaró Zeke Miller, corresponsal de Associated Press para la Casa Blanca, “se da media vuelta y se va”.
“Si bien el presidente Biden responde preguntas con mayor frecuencia en los actos en que participa en comparación con sus antecesores, dedica menos tiempo a hacerlo”, expresó Kumar. “Él da respuestas cortas y acepta pocas preguntas de seguimiento cuando responde preguntas al final de un discurso agendado con antelación. A menudo acepta una o dos preguntas, mientras que sus antecesores aceptaban más preguntas en menos actos”.
Kumar cree que el personal de la Casa Blanca se esfuerza por reducir al mínimo las declaraciones improvisadas de Biden, debido a su tendencia a cometer errores, los cuales ha tenido que rectificar después. “Han tratado de que hable poco”, señaló Kumar, quien trabaja en una oficina situada en el sótano de la Casa Blanca. “El presidente tiene mayor probabilidad de cometer un error hacia el final de una conferencia de prensa”.
El 21 de diciembre, cuando Biden cortó las preguntas de los periodistas al final de un discurso televisado desde la Casa Blanca sobre el auge del Covid en el país, el presidente les dijo: “No se supone que yo esté dando esta conferencia de prensa ahora mismo”.
“Las tácticas varían de una administración a otra”, manifestó Psaki. “El presidente probablemente responde más preguntas en general. Él ofrece cortas sesiones de preguntas y respuestas un par de veces a la semana y acepta de dos a 10 preguntas cada vez”. Los periodistas asignados a la cobertura de la Casa Blanca estarían en desacuerdo con la cifra mayor de esas dos. “Tenemos una conversación abierta al respecto”, agregó Psaki.
“Necesitamos más acceso al propio Biden”, declaró Jonathan Karl, corresponsal de ABC News para la Casa Blanca y expresidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. “El acceso de la prensa a él hasta ahora ha sido muy limitado. Las conferencias de prensa son pocas y muy espaciadas. Al parecer su gente quiere aislarlo de la prensa”.
Asimismo, la oficina de prensa de la Casa Blanca controla de cerca el acceso de los periodistas a los funcionarios del Gobierno. Demasiadas sesiones informativas y conversaciones con “altos funcionarios de la administración”, coordinadas por la Casa Blanca y las oficinas de prensa de los ministerios, se realizan únicamente en la modalidad deep background, lo cual quiere decir que no se puede revelar la identidad de los funcionarios ni citarlos textualmente, salvo alguna cita textual que la oficina de prensa apruebe antes de la publicación. “Han sido muy herméticos en general”, aseguró Dan Balz, veterano corresponsal político principal del diario The Washington Post. “Los primeros días de la administración han sido muy coreografiados, en su mayoría actos que siguen un libreto”.
Esa cuidadosa preparación se extiende a las publicaciones de Biden en las redes sociales, en marcado contraste con los pensamientos espontáneos proferidos en la multitud de tuits de Trump. Al mismo tiempo, se filtran mucho menos informaciones a los medios sobre las deliberaciones y desacuerdos en el seno del Gobierno en comparación con la Casa Blanca de Trump, donde eran comunes las rivalidades.
Los asesores de Biden “no están en guerra”, declaró Ashley Parker, corresponsal del Washington Post para la Casa Blanca. “Muy pocos actúan por su cuenta. Se parece a la disciplina de la administración Obama”, añadió la periodista. “Te dan información aprobada sobre la Casa Blanca. No quieren hablarte de desacuerdos”.
“Es la diferencia entre el día y la noche”, expresó Karl, el corresponsal de ABC News. “Hemos regresado a algo cercano a la normalidad. En los últimos días de la administración Trump, ningún funcionario daba declaraciones de carácter oficial”.
Steve Coll, decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, sostiene que Biden ha tratado de restablecer las normas destruidas por la administración Trump. “En cuestiones relacionadas con las tradicionales relaciones entre la Casa Blanca y la prensa, este presidente es respetuoso de las tradiciones”, indicó Coll.
“La oficina de prensa de la Casa Blanca es una operación mucho más sólida”, planteó Miller, el veterano corresponsal de AP para la Casa Blanca. “Mucha más gente. Más información por escrito. Más preparados”.
Cuando Biden seleccionó a Psaki para el cargo de secretaria de prensa, declaró Psaki en entrevista otorgada para este informe, “sostuve conversaciones con el presidente durante la transición y hablé sobre su concepción del papel de la prensa y la función de la conferencia de prensa en la Casa Blanca. Lo que más le importaba era tener el tono adecuado y ofrecer la mayor cantidad posible de información”.
Psaki ofrece información confiable, si bien cuidadosamente limitada, en sus conferencias de prensa. Ella discute firme pero afablemente con los reporteros , y a veces desafía los supuestos en que se basan sus preguntas con inteligentes respuestas conocidas en las redes sociales como #PsakiBomb. También se ha asegurado de aceptar preguntas de los reporteros de Fox News y otros medios de prensa de derecha que son críticos de Biden. Recordando sus conversaciones con Biden sobre las conferencias de prensa, Psaki expresó: “Era importante aceptar preguntas de todo el mundo”.
Psaki “tiene mérito por volver a celebrar a diario conferencias de prensa y reducir los ataques desde el podio”, señaló Frank Sesno, exdirector de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. “Es una relación respetuosa, aunque de adversarios”.
“Sigue habiendo una distancia muy sana”, indicó Miller. “Pero a pesar de que la atmósfera se haya enfriado, en el fondo sigue existiendo una relación conflictiva”.
“Hemos regresado a un nivel básico de cooperación”, aunque “los periodistas no siempre quedan satisfechos”, refirió Psaki. “Ese intercambio es saludable. Espero que tengamos una línea de comunicación abierta”.
Miller añadió que “Psaki trae a la sala de conferencias a ministros y a otros funcionarios periódicamente” para que concedan declaraciones oficiales sobre las políticas y las acciones de la administración. Psaki expresó: “Me siento orgullosa de traer a expertos de la administración y a integrantes del gabinete presidencial con frecuencia”.
Otras declaraciones y entrevistas con “altos funcionarios de la administración” se ofrecen en la modalidad deep background, lo cual significa que los reporteros no pueden atribuir la información a los funcionarios ni citarlos textualmente.
“Todo tiene que ser declaraciones sin atribución”, declaró Anita Kumar (sin parentesco con Martha Kumar), editora sénior del medio digital Politico y quien dio cobertura a la Casa Blanca por nueve años. “Constantes declaraciones sin atribución de los funcionarios de organismos o de la Casa Blanca”.
Psaki sostiene que las decisiones sobre las declaraciones sin atribución dependen del grado de comodidad de la persona que hable con el periodista. “Muchos de ellos se sienten cómodos solamente si hacen declaraciones sin atribución”, indicó Psaki.
Sin embargo, Kumar, la editora de Politico, acotó que los periodistas deben solicitar a la oficina de prensa de la Casa Blanca “aprobación de las declaraciones” para cualquier declaración o entrevista que se haya ofrecido en la modalidad de declaración sin atribución y que los periodistas quieran citar en sus artículos. “Están volviendo a aprobar el contenido por segunda vez”, aseveró Kumar.
Parker señaló que el equipo de reporteros de The Washington Post asignado a la Casa Blanca decidió por su cuenta “no permitirles a los funcionarios de la Casa Blanca hablar sin atribución para luego solicitar la aprobación de las citas para su reproducción directa. Seguimos hablando con fuentes sin atribución cuando tiene sentido. Lo que no hacemos es hablar con fuentes sin atribución y luego ir detrás de ellas para pedirles que aprueben las citas para su reproducción directa.
“La oficina de prensa controla el acceso a los altos funcionarios”, aseguró Parker. “Tienes que consultar a la oficina de prensa. Ellos hacen preguntas sobre lo que uno desea saber en detalle, es más como en la administración Obama. Negocias por adelantado con la oficina de prensa o con los asistentes de los funcionarios respecto a la duración y las condiciones. A menudo están al teléfono para controlar la duración”.
“Si haces una llamada a algún miembro del personal de la Casa Blanca de Biden, o incluso a un aliado de Biden no vinculado a la Casa Blanca”, relató Karl, el corresponsal de ABC News, “frecuentemente recibes una llamada de vuelta de la oficina de prensa, que te pregunta qué deseas saber y qué noticia estás cubriendo. Generalmente, a la larga, te ponen en contacto con el funcionario, quien es supervisado por la oficina de prensa, tienen a alguien en la entrevista”.
“A veces, los funcionarios desean saber de qué trata la noticia”, respondió Psaki cuando se le indagó al respecto. “Ellos dependen de la oficina de prensa para saber el contexto”. Alguien de la oficina de prensa sí controla muchas veces las entrevistas, reconoció, “para saber mejor de qué trata la noticia”.
Miller, otro expresidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, comentó que no siempre utiliza la oficina de prensa para hablar con los funcionarios que conoce. “Todavía hay algunas fuentes que hablan contigo sin seguir ningún libreto”, agregó. Pero a menudo no dan declaraciones de forma oficial. “La oficina de prensa sigue siendo el intermediario a cargo del acceso a los altos funcionarios de la Casa Blanca”.
¿Qué cambiaría Miller si pudiera? “Un intercambio más sustantivo con el presidente para que se revele lo que pasa por su mente”, contestó el corresponsal. “Y eliminar la etiqueta de alto funcionario de la administración” otorgando más sesiones informativas y entrevistas de carácter oficial con los nombres de los funcionarios.
“Al igual que la administración de Obama, el equipo de prensa de Biden quiere controlar la noticia, aunque no es tan combativo como el de la administración Obama, cuyo equipo de prensa era muy sensible”, señaló Karl. “Discutían intensamente con los reporteros. No vacilaban en llamar a los editores o a los productores ejecutivos cuando no les gustaba el reportaje. En la administración Biden, no tanto”.
“Cuando tiene importancia para ellos, pueden discutir”, observó Anita Kumar, la editora de Politico, y añadió que es muy raro que la oficina de prensa de Biden no le responda incluso cuando no quieren dar ninguna declaración. “Hay tanta disciplina en esta Casa Blanca”, prosiguió. “Tienen un mensaje que quieren difundir cada día. No quieren desviarse de él”.
Los funcionarios de la Casa Blanca y los integrantes del gabinete presidencial también promueven ese mensaje de manera más directa a los votantes mediante entrevistas con medios de prensa nacionales y locales de todo el país. Para mediados del verano, según el programa Reliable Sources de CNN, funcionarios de la Casa Blanca y del gabinete presidencial, entre ellos Psaki, habían concedido más de mil entrevistas con medios de prensa locales, en su mayoría canales de televisión locales, desde un estudio en el Edificio de la Oficina Ejecutiva, adyacente a la Casa Blanca.
“Hay menos acceso con Biden que con Trump”, expresó Parker, el corresponsal del Washington Post. “Unas pocas preguntas gritadas tras sus intervenciones y discursos, y cuando va y viene del [helicóptero presidencial] Marine One. Solamente un grupo de 12 personas [reporteros] para las reuniones con el gabinete o con dignatarios visitantes, y el grupo es acompañado para que salga rápidamente. Trump con frecuencia los dejaba entrar, y respondía muchas preguntas en camino al Marine One”.
La respuesta de Psaki: “Si estuviéramos tratando de evitar que [Biden] interactuara con la prensa, no lo estamos haciendo muy bien”.
Más allá de la Casa Blanca
Los periodistas que cubren los organismos y ministerios de la administración Biden también han encontrado mejoras y limitaciones en el acceso a los funcionarios y a la información.
En el Departamento de Estado, las conferencias de prensa diarias se han reanudado tras una larga interrupción en el Gobierno de Trump. En contraste con la manifiesta y a menudo furiosa hostilidad del ex secretario de Estado Mike Pompeo hacia los periodistas, Antony Blinken, el secretario de Estado del Gobierno Biden, declaró en su primer día en el cargo que los medios noticiosos eran un “pilar de nuestra democracia” y se comprometió a cooperar con los medios.
“Se exhorta a los altos funcionarios a hacer llamadas informativas para explicar las cuestiones”, a participar en entrevistas televisivas y a comparecer ante los periodistas en el salón de conferencias de prensa, declaró Ned Price, vocero del Departamento de Estado. “Nuestra disposición es decir que sí siempre que sea posible”.
“Ha habido una gran mejora para los reporteros que cubren el Departamento de Estado”, señaló Shaun Tandon, de Agence France-Presse, presidente de la Asociación de Corresponsales del Departamento de Estado. “Tenemos buen acceso al secretario Blinken, quien celebra conferencias de prensa periódicamente, y también acceso informal a él cuando viaja al extranjero”.
No obstante, los periodistas deben utilizar la oficina de prensa del Departamento de Estado para hablar con otros funcionarios. “El mensaje está extremadamente gestionado”, expresó Tandon, “pero el tono en general es positivo. Se maneja de una manera cortés. No te están insultando”.
John Hudson, reportero del Washington Post asignado al Departamento de Estado, coincidió: “Hay muchas cosas que no nos cuentan, por lo cual tenemos que indagar mucho”. “Han facilitado la participación de funcionarios en sesiones informativas y lo han hecho bien. La oficina de prensa no reacciona con furia contra la gente, aunque a veces las conversaciones pueden ser difíciles”.
En el Departamento de Defensa, tras el período del primer secretario de Defensa del presidente Trump, el general James Mattis, quien en general era poco cooperativo con los medios informativos, su sucesor, Mark Esper, amplió significativamente el acceso a la prensa. Por ello, los reporteros asignados a la cobertura del Pentágono notaron menos la transición con el secretario de Defensa del Gobierno Biden, Lloyd Austin III. Sin embargo, de acuerdo con Missy Ryan, corresponsal de seguridad nacional del Washington Post, ha habido “menos tensión y más acceso a la información” durante la gestión de Austin al frente del Pentágono.
John Kirby, secretario de prensa del Pentágono, ha hablado con los reporteros a diario y “ha aumentado la disponibilidad de los funcionarios y ha dado marcha atrás a las restricciones” sobre el acceso a la información, e “interactúa contigo cuando te diriges a ellos por alguna noticia”, aseguró Ryan. Austin también ha aumentado sus contactos con la prensa. Sin embargo, para entrevistar a otros funcionarios civiles y militares, “ellos insisten en que se debe utilizar las oficinas de prensa, de las cuales hay muchas en el Pentágono, según las distintas ramas de las fuerzas armadas”.
Ninguna entidad de la administración Trump fue tan combativa y poco cooperativa con la prensa como la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Este organismo reiteradamente divulgaba comunicados de prensa en los cuales atacaba a periodistas específicos y organizaciones de noticias por publicar reportajes críticos sobre el organismo. Durante el mandato de Trump, se borró contenidos y recursos informativos sobre cambio climático y otras cuestiones ambientales del sitio web de la EPA.
Todos esos contenidos han regresado, ampliados, al sitio web de la EPA durante el Gobierno Biden, y su oficina de prensa es mucho más cooperativa con los periodistas. “Estoy cautelosamente optimista”, comentó Sadie Babits, presidenta de la Sociedad de Periodistas Ambientales (SEJ, por sus siglas en inglés). “Ha sido muy receptiva, y la mayoría de los periodistas han tenido una experiencia más normal con el organismo”.
“Los altos funcionarios de las oficinas de prensa de la EPA y del (Departamento del) Interior por lo general han sido sumamente francos”, observó Juliet Eilperin, la veterana reportera ambiental del Washington Post. Los funcionarios de la EPA y del Departamento del Interior contactados por medio de las oficinas de prensa están a disposición para asegurar que los reportajes sean precisos, añadió, aunque “su insistencia en el anonimato continúa siendo un problema significativo”.
Una encuesta interna de la Sociedad de Periodistas Ambientales en la cual participaron los reporteros ambientales de organizaciones noticiosas nacionales halló que “la mayoría de ellos conseguían lo que buscaban la mayoría de las veces”, en contraste con “ninguna o poca respuesta durante la administración Trump”, señaló Tim Wheeler, expresidente de la SEJ. Aunque “la oficina de prensa sigue insistiendo en ser un intermediario a la hora de conseguir información o una entrevista”, agregó, “es más profesional en el tratamiento de los reporteros y en las respuestas a las solicitudes para entrevistar a funcionarios nombrados políticamente”.
“Realmente queríamos recomenzar nuestra relación con los medios informativos”, declaró Lindsay Hamilton, administradora asociada para los asuntos públicos de la EPA. “Comenzamos haciendo contacto directo con los principales periodistas que nos dan la mayor cobertura informativa. Les dijimos que queríamos tener una relación profesional positiva”.
Hamilton explicó que había ofrecido capacitación en medios informativos a los especialistas en distintos temas del organismo, para quienes tratar con periodistas “puede ser una experiencia incómoda en ocasiones”. Hamilton agregó que “seguimos pidiendo que los periodistas coordinen con Asuntos Públicos para hablar con ellos. Nosotros decidimos cómo tratar cada entrevista”.
En comparación con la administración Trump, dar cobertura periodística al Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) y su papel en la respuesta a la cifra récord de migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos ha sido, irónicamente, más difícil, aunque no ha habido tanta hostilidad, durante el primer año del Gobierno Biden, según Nick Miroff, reportero del Washington Post. “El DHS del Gobierno Trump era menos disciplinado, por lo que era más fácil cultivar fuentes y obtener acceso a la frontera”, expresó el reportero, “aunque desinformaban y tomaban represalias por los reportajes que no les gustaban”.
“Ha sido difícil” con la administración Biden, reiteró Miroff. “Han reforzado el control sobre el acceso a la información y han ejercido un control más profesional sobre el mensaje. Ello pone en desventaja a los periodistas al informar a la sociedad. Son menos transparentes” aunque “no es una relación de adversarios”.
“Los periodistas están frustrados por la falta de acceso en la frontera”, agregó Miroff. Cuando a los periodistas se les negó la entrada al gigantesco campamento de migrantes haitianos en la frontera entre Texas y México en octubre de 2021, “los periodistas tuvieron que ir a México y cruzar el Río Grande con los haitianos”.
El control que ejercen las oficinas de prensa de los distintos ministerios y organismos sobre el acceso a los funcionarios de Gobierno, así como las restricciones para mencionarlos y citarlos en los reportajes, fueron preocupaciones fundamentales de los periodistas entrevistados para este informe. La mención de las fuentes oficiales y las declaraciones e información con la debida atribución hacen que los reportajes de noticias tengan más credibilidad. La ausencia de estas fuentes y declaraciones puede utilizarse como excusa para acusar a los medios de difundir “noticias falsas”.
Las barreras al acceso a documentos oficiales y a información de otra índole continúan frustrando a los periodistas. A pesar del compromiso público tanto de Biden como del fiscal general Garland a favor del fortalecimiento de la transparencia gubernamental, los expertos en materia de la Ley de Acceso a la Información Oficial (FOIA, por sus siglas en inglés) han observado pocas mejoras en la respuesta lenta y a menudo poco cooperativa de los organismos gubernamentales a las solicitudes de información presentadas por periodistas de conformidad con FOIA. Cartas formales dirigidas a Biden y Garland por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones defensoras de la libertad de prensa con propuestas específicas para introducir mejoras, no han recibido respuesta. El Gobierno no ha anunciado ninguna directiva sobre las respuestas a las solicitudes presentadas en virtud de FOIA.
En los Gobiernos Obama y Trump, “había acumulación de solicitudes y retrasos, documentos completamente expurgados o nada en lo absoluto”, expresó el profesor Peters, de la Universidad de Georgia. “Ha habido un aumento en el número de demandas judiciales relacionadas con FOIA, y se están demorando más en cerrarlas. Me encantaría que la administración Biden cambiara eso. Pero todavía no hay ninguna prueba de cambio”.
“No me he enterado de ninguna señal de mejoras para los periodistas”, afirmó Adam Marshall, abogado de plantilla sénior del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés), y quien está involucrado en muchos pleitos relacionados con FOIA y los medios noticiosos. “No ha cambiado mucho respecto a los retrasos y negativas de las solicitudes presentadas por periodistas en virtud de FOIA”, señaló Marshall. “En gran medida es una continuación de lo que teníamos. No hay información sobre cómo FOIA funcionaría en esta administración”.
El Departamento de Justicia de la administración Biden y la prensa
El presidente Biden tomó una de las decisiones más importantes del primer año de su Gobierno en materia de libertad de prensa con una respuesta, al parecer espontánea, a la pregunta de un periodista en la Casa Blanca. El 21 de mayo, le hicieron una pregunta a Biden sobre las órdenes que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitía a terceros para obtener datos sobre las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de los periodistas, como se hacía con frecuencia durante los Gobiernos Obama y Trump.
“Absolutamente, definitivamente está mal”, respondió el presidente. “Sencillamente, sencillamente está mal”.
“¿Entonces no dejará que el Departamento de Justicia lo haga?”, persistió el periodista.
“No dejaré que suceda”, declaró Biden.
El periodista hizo la pregunta porque el Departamento de Justicia recientemente había informado a tres reporteros del Washington Post y al corresponsal de CNN asignado al Pentágono que el Departamento de Justicia, en los últimos días de la administración Trump, había obtenido secretamente datos sobre sus llamadas telefónicas y correos electrónicos en relación con investigaciones sobre filtraciones de información oficial a los periodistas. Días después de las declaraciones de Biden, el Departamento de Justicia informó al diario The New York Times que también había obtenido secretamente datos de las llamadas telefónicas de cuatro de sus periodistas. Ninguna de las incautaciones de datos había sido revelada ni anulada anteriormente por el Departamento de Justicia durante el Gobierno Biden.
A mediados de junio, el fiscal general Merrick Garland se reunió con directivos del Washington Post, el New York Times y CNN. Garland coincidió con ellos en que el Departamento de Justicia debía elaborar “reglas firmes y duraderas” para cumplir la promesa de Biden de prohibir la incautación de datos telefónicos y del correo electrónico de los periodistas. El 19 de julio, Garland divulgó un memorando dirigido a los fiscales federales de todo el país en el cual ordenaba el cese de esa práctica.
“El Departamento de Justicia dejará de utilizar las medidas legales obligatorias con el propósito de obtener datos o información de los datos de los profesionales de los medios noticiosos que se desempeñan dentro del ámbito de las actividades periodísticas”, escribió el fiscal general Garland, quien añadió que, en concordancia, el Departamento de Justicia modificaría las directrices para los fiscales federales.
El memorando contenía excepciones para los casos de periodistas investigados por un delito no relacionado con su cobertura periodística, o de periodistas considerados agentes de potencias extranjeras, o cuando fuera necesario “prevenir un riesgo inminente de muerte o daño corporal grave, como ataques terroristas, secuestros, delitos específicos contra un menor” o ataques contra la infraestructura esencial. Y la nueva prohibición no afecta la incautación de datos de todo empleado gubernamental “que haya divulgado ilícitamente información gubernamental”.
“El memorando es un verdadero cambio de política”, expresó con aprobación Bruce Brown, director ejecutivo del RCFP. “Nos encantó lo que hizo Biden”, afirmó. “Nos encantó lo que hizo el DOJ”.
Brown añadió que él y un grupo de directivos y abogados de los medios noticiosos que se había reunido con Garland antes de que se divulgara el memorando tienen previsto reunirse nuevamente con el Departamento de Justicia para analizar cómo el memorando se puede transformar en directrices para los fiscales federales. Brown comentó que en particular les preocupa que las excepciones a la prohibición de la incautación de datos de los periodistas se formulen ampliamente.
El director de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, Anthony Coley, confirmó que “nos reuniremos nuevamente con el grupo de diálogo de los medios noticiosos”. Coley agregó: “Una gran pregunta es cómo uno define a un periodista?”.
“No sabemos exactamente cuáles serán las modificaciones”, señaló Peters, el profesor de la Universidad de Georgia. “Hay vacíos en el memorando de Garland. ¿Qué significa ‘involucrado en la actividad periodística’? ¿Quién es ‘un miembro de los medios noticiosos’? El DOJ tiene mucha discrecionalidad. Esperamos que ello quede mejor definido en detalle en las directrices”.
“La administración Biden no solamente se está alejando de lo que Trump estaba haciendo, sino también de lo que Obama estaba haciendo”, declaró Trevor Timm, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. “Pero, hasta el momento, se trata solamente de palabras. Es necesario que se incorporen a las directrices del Departamento de Justicia. Y el Congreso necesita tomar las palabras de Garland y codificarlas en una ley”.
Durante la administración Obama, el Departamento de Justicia procesó judicialmente a la cantidad sin precedentes de 10 empleados y contratistas gubernamentales por filtrar información de carácter reservado a los medios noticiosos. Esta cifra incluye investigaciones que el Departamento de Justicia había iniciado durante la gestión del presidente George W. Bush. En varios de tales casos, el Departamento de Justicia solicitó a terceros e incautó secretamente registros de llamadas telefónicas y correos electrónicos de periodistas. Durante el Gobierno Trump, el Departamento de Justicia procesó judicialmente a otros ocho empleados y contratistas gubernamentales por filtrar información a la prensa. Además, abrió una causa penal contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, por obtener documentos diplomáticos y militares secretos y publicarlos en el sitio web de WikiLeaks, con lo cual estaban a disposiciones de los medios de noticias de todo el mundo.
El Departamento de Justicia, presionado por Trump, también inició investigaciones por la filtración de información que implicaron la incautación en secreto, en el año 2020, de datos de las llamadas telefónicas y el correo electrónico de periodistas del Washington Post, el New York Times y CNN que databan de 2017. El Departamento de Justicia de la administración Biden no dio a conocer la incautación de esos datos hasta que notificó a los periodistas afectados en mayo y junio de 2021. Si bien Garland asumió la responsabilidad por ello, Brown, el director ejecutivo del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés), expresó que los directivos y abogados de medios noticiosos que se reunieron con Garland “insistieron en que se debía rendir cuentas a lo interno del DOJ” por el secretismo y el retraso en las notificaciones.
Además, Brown y otros defensores de la libertad de prensa siguen preocupados por la decisión que la administración Biden adopte respecto al dilatado proceso judicial de Assange, iniciado de conformidad con la Ley de Espionaje de 1917, que fue empleada tanto por el Gobierno Obama como por el Gobierno Trump en muchos de los procesos judiciales contra empleados y contratistas gubernamentales acusados de filtrar información de carácter reservado a la prensa.
El proceso judicial abierto durante la gestión de Trump acusa a Assange de conspirar con Chelsea Manning, analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, para adquirir información diplomática y militar secreta y publicarla en WikiLeaks.
En febrero de 2021, el Departamento de Justicia presentó su alegato de apelación contra el fallo de un tribunal británico que había bloqueado la extradición de Assange del Reino Unido. “Seguimos procurando la extradición”, declaró en ese momento Marc Raimondi, vocero del Departamento de Justicia. El 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Gran Bretaña resolvió que Assange podía ser extraditado, luego de recibir garantías de la administración Biden de que, en caso de ser condenado, Assange no sería recluido en la cárcel estadounidense de máxima seguridad ni sería recluido en aislamiento. Los abogados de Assange han declarado que solicitarían apelaciones adicionales por motivos de derechos humanos y libertad de expresión. Un vocero del Departamento de Justicia declinó ofrecer más declaraciones al respecto.
Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos, las libertades civiles y la libertad de prensa ha instado a la administración Biden a abandonar sus intentos por extraditar a Assange, porque consideran que enjuiciar a Assange supone un grave peligro para la libertad de prensa. Muchas organizaciones temen que, si las autoridades lo enjuician exitosamente, ello podría dificultar las investigaciones periodísticas en todo el mundo, pues se catalogaría de espionaje los métodos que utilizan los periodistas para obtener información de las fuentes gubernamentales.
“El contenido de la causa penal es una amenaza a los periodistas de todas partes que consiguen y publican información de carácter reservado”, declaró Timm, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. “El proceso judicial contra Assange convertiría en delito informar sobre la seguridad nacional. Pudiera criminalizar el periodismo investigativo. La administración Biden debería desistir del proceso judicial”.
Coll, el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, concordó. “La causa penal contra Assange debe abandonarse”, afirmó. La causa penal “está llena de malentendidos sobre cómo funciona la actividad periodística, actividad periodística muy ordinaria”.
“Es verdaderamente preocupante que en la causa penal se describa la investigación periodística básica como elemento de una conspiración”, acotó Peters, el profesor de la Universidad de Georgia.
“¿Cómo el Gobierno puede compatibilizar las nuevas garantías para periodistas con las acciones que toma contra Assange?”, preguntó Jameel Jaffer, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. “La respuesta arrojará luz sobre el alcance de esas garantías”.
Quedan otras secuelas del tóxico clima antiprensa del Gobierno Trump. Un ejemplo son las agresivas acciones que continúan por parte de agentes del orden público y la ciudadanía contra periodistas. En 2021, 59 periodistas fueron arrestados o detenidos por la Policía, según el U.S. Press Freedom Tracker, en comparación con 142 arrestos similares en 2020. Otros 142 periodistas resultaron agredidos o bien por agentes del orden público o bien por la ciudadanía, un significativo descenso en comparación con los 436 periodistas agredidos en 2020, pero de todos modos es una inquietante señal de la hostilidad remanente.
El 29 de abril de 2020, el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa y una coalición compuesta por 91 organizaciones de medios noticiosos solicitaron al fiscal general Garland que, en el marco de las nuevas investigaciones en materia de derechos civiles adelantadas por el Departamento de Justicia contra los respectivos Departamentos de Policía de Minneapolis, Louisville y Phoenix, investigara el trato dado por los organismos del orden público a la prensa durante las protestas del movimiento Black Lives Matter que se extendieron por todo el país tras el asesinato de George Floyd.
Además del arresto de representantes de los medios informativos que cubrían manifestaciones en ciudades estadounidenses en 2020, la carta que la coalición dirigió a Garland expresó que “decenas de otros periodistas habían sido alcanzados por armas menos letales, habían estado expuestos a municiones químicas, o de otro modo habían sido sometidos a una fuerza injustificada”.
Coley, el director de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia, declaró que esas investigaciones abordarán cómo los Departamentos de Policía trataron a los periodistas que daban cobertura a las manifestaciones en esas ciudades. “Nos hemos puesto en contacto con las organizaciones de periodistas” para obtener información, indicó Coley, y CNN está recopilando información para la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Esto es algo sumamente importante para el fiscal general”, agregó Coley.
En julio, el Departamento de Justicia comenzó a arrestar y enjuiciar a los acusados de agredir a periodistas y destruir cámaras de prensa durante la invasión del Capitolio federal de Estados Unidos, ocurrida el 6 de enero de 2021. “Saludamos las medidas adoptadas por el Departamento de Justicia para hacer que las personas rindan cuenta de sus actos por agredir a periodistas y dañar sus equipos de trabajo mientras documentaban uno de los peores ataques contra nuestra democracia de los últimos tiempos”, declaró en esa época Brown, el director ejecutivo del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa. “Estas imputaciones expresan claramente que el Departamento de Justicia protegerá a los periodistas que ejercen la profesión para mantenernos informados”.
La libertad de prensa a escala mundial
Los funcionarios de la administración Biden han apoyado públicamente la libertad de prensa a escala mundial en momentos cuando en muchos países han aumentado la censura de los medios informativos y los ataques contra periodistas, que Trump aparentemente alentaba en sus encuentros con líderes extranjeros autoritarios. Sin embargo, hasta la Cumbre por la Democracia organizada por Biden en diciembre de 2021, poco se había hecho de manera visible para respaldar las palabras de la administración, y falta por ver cómo se implementarán las iniciativas de la cumbre.
De particular importancia para la libertad de prensa fue la decisión tomada por Biden, en su primer día en la presidencia, de destituir a Michael Pack, funcionario nombrado por Trump, de su cargo como director ejecutivo de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM, por sus siglas en inglés). La USAGM es un organismo federal independiente compuesto por la Voz de América, Radio Europa Libre/Radio Libertad, Radio Asia Libre, Redes de Transmisiones para el Medio Oriente y la Oficina de Transmisiones para Cuba. Por mucho tiempo, la misión de estas redes noticiosas había sido brindar noticias con precisión y sin censura a los países del mundo, particularmente a los que carecen de una prensa libre.
El presidente Trump, tras dos años de intentos, había logrado en junio de 2020 confirmar el nombramiento de Pack en el Senado, controlado por el Partido Republicano. De inmediato, Pack comenzó a reorientar el organismo con el objetivo de obligar a estas redes noticiosas, que tradicionalmente habían gozado de autonomía, a promover a Trump y su programa político basado en el mensaje de “Estados Unidos primero”. Pack suspendió a muchos altos directivos de la USAGM, destituyó a los directores de cada una de sus cinco organizaciones noticiosas, se negó a renovar los visados de muchos de sus periodistas extranjeros, y ordenó investigar a sus periodistas y las decisiones en torno a la cobertura informativa. Pack eliminó los mecanismos de la USAGM que prohibían cualquier intento de sus directivos “por dirigir, presionar, coaccionar, amenazar, interferir o de otra manera influenciar inaceptablemente a cualquiera de las redes de la USAGM”.
Algunos de los funcionarios de la USAGM suspendidos y otros que continuaron en el organismo interpusieron una demanda en los tribunales federales. En noviembre de 2020, Beryl Howell, jueza principal de un Tribunal de Distrito Federal, dictó medidas cautelares que prohibían a Pack interferir en las decisiones en materia de personal en las cinco redes de la USAGM u ordenar investigaciones sobre el contenido periodístico y sobre periodistas o editores específicos. Pack ignoró las medidas cautelares, mientras que el Departamento de Justicia de Trump apeló el fallo.
Tras exigir la renuncia de Pack el día de su investidura, de inmediato Biden nombró a Kelu Chao, alta directiva de la Voz de América, como directora ejecutiva interina de la USAGM. Chao, quien se había sumado a la demanda judicial contra Pack, restituyó a todos los altos directivos de la USAGM y a los directores de sus cinco redes noticiosas. Chao declaró que, además, había renovado los visados a sus periodistas extranjeros y había restablecido “en la práctica” los mecanismos para evitar la interferencia política, mientras vuelven a redactarlos.
“Las personas de cada nivel necesitan saber que existen los mecanismos, y que se ha restablecido la independencia de nuestros periodistas”, expresó Chao. “Quiero que las personas sepan que la USAGM no es nada sin nuestros periodistas y su libertad. Fuimos afortunados de que Biden ganara”.
El secretario de Estado Blinken se reunió con Chao el 6 de abril “para analizar el papel crucial que desempeñan los medios libres e independientes en la preservación y promoción de los principios democráticos en todo el mundo”. El encuentro se centró en la decisión del Gobierno ruso de designar el contenido noticioso de la Voz de América y Radio Europa Libre/Radio Libertad como contenido producido por agentes extranjeros. Sin embargo, el Departamento de Estado también aprovechó la oportunidad para declarar en un comunicado que “la cobertura con independencia editorial de estas redes (las cinco redes de la USAGM) es particularmente importante en países con panoramas mediáticos caracterizados por la represión, como aquellos países donde el periodismo independiente es censurado o la libertad de expresión es limitada o castigada”.
Blinken y Biden han hablado en otras ocasiones sobre la necesidad de revertir la tendencia mundial hacia los ataques contra periodistas y la supresión de la libertad de prensa. El Día Mundial de la Libertad de Prensa, Biden declaró que Estados Unidos volvía a comprometerse con “la protección y promoción de medios diversos, independientes y libres en todo el mundo”.
Las declaraciones ofrecidas por Blinken el Día Mundial de la Libertad de Prensa se refirieron a “los valientes periodistas que se enfrentan a la intimidación, el hostigamiento, el arresto y la violencia en el ejercicio de sus derechos”.
“Un importante paso que la administración Biden ha dado es hablar con respeto sobre la prensa”, afirmó Peters, el profesor de la Universidad de Georgia, a finales de agosto de 2021. “Pero hay más trabajo que hacer aparte del tratamiento retórico”.
No obstante, para muchos activistas a favor de la libertad de prensa, el discurso del Gobierno Biden ha sido insuficiente en lo referente a apoyar la libertad de prensa en todo el mundo.
Michael DeDora, coordinador de campañas en Washington del Comité para la Protección de los Periodistas, citó el drama de los periodistas estadounidenses y afganos tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán. El Gobierno Biden ha recibido críticas por su limitada asistencia a periodistas en situación de riesgo. Ben Smith, el columnista del New York Times especializado en temas de medios informativos, informó que hasta los periodistas afganos que trabajaban para medios financiados por Estados Unidos como Radio Europa Libre tuvieron que hacer sus propias gestiones para huir del país.
DeDora comentó que organizaciones noticiosas estadounidenses, el Comité para la Protección de los Periodistas y otras organizaciones de prensa —en coordinación con Gobiernos extranjeros y las Naciones Unidas— tuvieron que encargarse de gran parte del trabajo de evacuar a periodistas estadounidenses y afganos durante la caótica evacuación de las tropas estadounidenses y posteriormente.
“No había una persona en el Departamento de Estado que fuera la responsable de ocuparse de los desafíos de Afganistán”, manifestó DeDora, quien estuvo involucrado en las iniciativas del CPJ. “La administración podía actuar más enérgicamente para asegurarse de que los periodistas fueran atendidos de una manera segura”.
“Me cuesta entender las críticas”, respondió Price. “Creamos un grupo de trabajo con el único objetivo de ayudar con la evacuación” de los periodistas estadounidenses y afganos y de los traductores y choferes de los periodistas estadounidenses. Price señaló que unos 500 han salido de Afganistán hasta el momento.
Entre los periodistas que permanecen en Afganistán se encuentran varios periodistas que trabajaban para la USAGM y sus familias, afirmó Martins Zvaners, subdirector de Asuntos Externos de Radio Europa Libre. “Todavía quedan personas que necesitan ayuda para salir”, expresó, por problemas con el pasaporte y el visado. Zvaners mencionó como ejemplo las tres viudas de periodistas de la USAGM que fueron muertos por los talibanes y quienes por sí solas no tenían derecho a recibir visados especiales. “No podemos obtener apoyo de Estados Unidos para ellas”, aseveró.
El Departamento de Estado ha ayudado al reasentamiento de periodistas de la USAGM y sus familias “cuando los sacamos” de Afganistán, agregó Zvaners. “La USAGM hizo un montón de cosas por su cuenta”.
El senador Benjamin Cardin, de Maryland, y el congresista Steve Cohen, de Tennessee, enviaron una carta el 10 de septiembre de 2021 al secretario de Estado Blinken, en la cual expresan “nuestra grave preocupación por los empleados de la USAGM y sus familias que todavía están en Afganistán”. La funcionaria del Departamento de Estado Naz Durakoglu respondió el 20 de diciembre que el Departamento de Estado “continúa sus esfuerzos por ayudar a aquéllos que siguen en el país”.
En mayo, un grupo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa encabezado por el Comité para la Protección de los Periodistas se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional y efectuó recomendaciones a la administración Biden para que promoviera y protegiera la libertad de prensa en el ámbito nacional e internacional, como, por ejemplo, fortalecer las capacidades en materia de libertad de prensa del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, las cuales habían sido desmanteladas por la administración Trump.
“Por lo que sé, se han puesto en práctica muy pocas de las recomendaciones”, señaló DeDora, del CPJ. La reunión con el Consejo de Seguridad Nacional “debía llevar a una serie de reuniones con funcionarios encargados de elaborar políticas, pero eso no ha sucedido”.
No obstante, durante la realización de la Cumbre por la Democracia, un evento internacional virtual organizado por Biden en diciembre, el presidente Biden, la Casa Blanca y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) anunciaron un conjunto de medidas, en su mayoría financieras, para “apoyar a los medios libres e independientes” en todo el mundo.
La USAID “suministrará hasta 30 millones de dólares estadounidenses” al Fondo Internacional para Medios de Interés Público, un fondo nuevo y con múltiples donantes, “para reforzar la independencia, el desarrollo y la sostenibilidad de los medios independientes, especialmente en entornos frágiles y de pocos recursos”, declaró la Casa Blanca. El fondo independiente tiene como presidentes a la periodista filipina Maria Ressa, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y a Mark Thompson, ex director ejecutivo del New York Times y ex director general de la BBC, quienes saludaron la ayuda prometida por Biden.
El presidente Biden anunció que, además, la USAID crearía un Fondo de Defensa de Periodistas contra Demandas por Difamación y donaría hasta nueve millones de dólares estadounidenses al fondo “para contribuir a proteger a los periodistas investigativos de frívolas demandas concebidas para impedir que realicen su trabajo, su crucial trabajo en todo el mundo”. Samantha Power, la administradora de la USAID, declaró que el fondo protegería a los periodistas contra “autócratas y oligarcas” que con frecuencia utilizan los procesos judiciales como “una táctica cruda pero eficaz para suprimir noticias que no les agradan”.
La Casa Blanca declaró, sin dar detalles, que la USAID también destinaría hasta cinco millones de dólares estadounidenses a lanzar una aceleradora de viabilidad de medios “para mejorar la viabilidad financiera de los medios de prensa independientes tanto en los mercados de medios con insuficiente desarrollo como en aquéllos más desarrollados”. Agregó que la administración Biden “aumentará su colaboración con la Coalición para la Libertad de los Medios, una alianza intergubernamental que se dedica a promover la libertad de los medios y la seguridad de los periodistas en todo el mundo”. Asimismo, la Casa Blanca expresó que el Departamento de Estado ofrecería hasta 3,5 millones de dólares estadounidenses con el fin de crear una Plataforma de Protección del Periodismo, “que suministrará a periodistas en situación de riesgo capacitación en seguridad física y digital, atención sicológica, asistencia jurídica y otras formas de asistencia”.
DeDora, el coordinador del CPJ en Washington, saludó estos anuncios. “En general, la administración logró con éxito elaborar impactantes compromisos a favor de la libertad de prensa a escala mundial”, señaló. “Una de las recomendaciones de la reunión de mayo fue aumentar la cantidad de dinero que Estados Unidos dona a organizaciones internacionales que se dedican al tema de la libertad de prensa a escala mundial. Este es el resultado más claro y específico hasta el momento”.
Al mismo tiempo, DeDora mantuvo su postura crítica respecto a lo que consideró como el fracaso del Departamento de Estado en lo relativo a crear capacidades institucionales específicas para responder al aumento de las amenazas contra la libertad de prensa en todo el mundo. Los informes del CPJ y de los medios informativos han documentado los frecuentes cierres y apropiaciones de medios noticiosos independientes por parte de regímenes autoritarios —y la muerte y el encarcelamiento de decenas de periodistas—, inclusive en países invitados por el Gobierno Biden a la Cumbre por la Democracia. DeDora reconoció que los funcionarios del Departamento de Estado con frecuencia se ponen en contacto con periodistas y organizaciones de medios afectados y con organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa.
“El Departamento de Estado periódicamente se pronuncia en comunicados cuando los periodistas en alguna parte del mundo reciben amenazas o sufren cosas peores”, apuntó Ned Price, el vocero del Departamento de Estado. “También es un tema que planteamos en privado a nuestros equivalentes en todo el mundo”. Price agregó que la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Derechos Laborales del Departamento de Estado “se ha reunido periódicamente con periodistas y medios noticiosos que han sido expulsados de otros países”.
El Gobierno Biden también ha recibido fuertes críticas de los medios de prensa y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa por no esforzarse más por que el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salman rindiera cuentas por el asesinato de Jamal Khashoggi, periodista del Washington Post a manos de agentes sauditas. “El líder de una potencia mundial ha escapado impunemente del asesinato de un periodista”, afirmó DeDora.
“El mensaje que se transmitió es que, si eres lo suficientemente importante para la economía estadounidense, entonces no pasa nada”, declaró Margaret Sullivan, columnista del Washington Post sobre temas relacionados con los medios de comunicación. “Debemos rechazar a MBS y a sus familiares, y no tener una relación normal con ellos”.
El Gobierno Biden sí anunció sanciones contra varios ciudadanos sauditas, además de restricciones de visado, una política llamada “la prohibición Khashoggi” que se aplicaría “contra agentes de cualquier Gobierno extranjero” que “repriman, hostiguen, vigilen, amenacen o hagan daño a periodistas”.
Según Price, 76 ciudadanos sauditas han sido sancionados hasta el momento. “Es algo que se ha abordado en conversaciones de alto nivel con los sauditas”, sostuvo Price. “Se ha planteado ante el propio MBS”.
Sin embargo, la administración Biden no ha sancionado al propio Mohamed bin Salman. El presidente Biden se ha negado a relacionarse con él, pero el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, ha sostenido encuentros tanto con bin Salman como con su hermano, el príncipe Khalid bin Salman, viceministro de Defensa de Arabia Saudita.
A principios de noviembre, el Gobierno Biden impuso controles de exportación al NSO Group, empresa israelí que ha suministrado la avanzada tecnología de vigilancia conocida como Pegasus a Gobiernos extranjeros, entre ellos el de Arabia Saudita, que lo ha utilizado para espiar los teléfonos de periodistas, así como los teléfonos de jefes de Estado, disidentes, activistas de derechos humanos y otras personas, como, por ejemplo, tres familiares de Khashoggi. Una coalición internacional de organizaciones noticiosas informó en julio que se había utilizado el programa Pegasus para espiar a como mínimo 180 periodistas en 20 países, inclusive contra periodistas que trabajaban para los medios The New York Times, The Wall Street Journal, Associated Press, CNN yBloomberg News. Las sanciones prohíben a empresas estadounidenses hacer negocios con NSO, salvo que reciban autorización explícita.
“El Departamento de Estado determinó que NSO estaba involucrada en actividades contrarias a la seguridad nacional”, apuntó Price, lo que conllevó a la decisión del Departamento de Comercio de tomar medidas contra la empresa. “Todo intento de espiar las actividades de los periodistas en cualquier parte del mundo por su trabajo periodístico es algo que no vamos a tolerar”, expresó Price.
El futuro del Gobierno Biden y la prensa
Al Gobierno Biden le quedan por lo menos tres años, y falta mucho más por hacer para mitigar parte del duradero y continuo daño que Trump, su Gobierno y sus partidarios dentro y fuera de la política y los medios de prensa infligieron a los medios noticiosos.
Las encuestas de opinión siguen reflejando la amplia desconfianza en los medios noticiosos objetivos, particularmente entre las personas que se identifican como republicanos. No cesan los ataques contra la prensa objetiva por parte de políticos y figuras mediáticas de derecha. Demasiados periodistas estadounidenses, particularmente mujeres periodistas, siguen siendo víctimas de amenazas y abuso digitales por parte de la ciudadanía. Redes sociales y medios de derecha continúan diseminando mentiras y desinformación, como la llamada “gran mentira”, que sostiene que las elecciones presidenciales del 2020 fueron fraudulentas, lo cual puede socavar la propia democracia estadounidense. Un número cada vez mayor de Gobiernos autoritarios en todo el mundo censuran los medios informativos y se apropian de ellos, y arrestan y matan a periodistas.
La forma como la administración Biden responda a estos desafíos con palabras y con acciones contribuirá a determinar el futuro del papel de la prensa libre en una época turbulenta.
Leonard Downie Jr., ex editor ejecutivo del diario The Washington Post, es titular de la cátedra de Periodismo Familia Weil de la Escuela de Periodismo Walter Cronkite de la Universidad Estatal de Arizona. Él también elaboró el informe publicado por el CPJ sobre la administración Obama y la prensa, y el informe publicado por el CPJ sobre la administración Trump y los medios noticiosos.
Recomendaciones
El Comité para la Protección de los Periodistas efectúa las siguientes recomendaciones a la administración Biden:
- Adoptar buenas prácticas y transparencia en las relaciones con la prensa: hablar con los periodistas de manera oficial y con atribución y evitar el uso excesivo de las declaraciones sin atribución y la aprobación de citas. Hacer que el presidente sea más accesible a los periodistas.
- Ordenar a todos los departamentos de Gobierno que cumplan oportunamente con las solicitudes de información presentadas en virtud de la Ley de Acceso a la Información Oficial (FOIA, por sus siglas en inglés), sin importar la organización noticiosa o el periodista que tramite esas solicitudes. Para facilitar la transparencia, ordenar que las respuestas a las solicitudes FOIA sean más ágiles y menos limitadas.
- Implementar restricciones que obliguen al Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a obtener órdenes judiciales antes de inspeccionar dispositivos electrónicos. Requerir que ambos organismos publiquen informes de transparencia sobre tales inspecciones.
- Prohibir que los agentes del DHS y el CBP intimiden e interroguen selectivamente a periodistas o que los interroguen acerca de su trabajo.
- Codificar la nueva política del Departamento de Justicia que limita la capacidad de los fiscales federales de obtener datos sobre las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de periodistas en el marco de las investigaciones gubernamentales sobre filtraciones de información oficial.
- Apoyar y dar prioridad a las leyes, como el proyecto de Ley PRESS del senador Ron Wyden, que protegen los derechos de los periodistas consagrados en la Primera Enmienda contra la persecución gubernamental por utilizar y recibir información confidencial o reservada. Estas leyes deben definir ampliamente la categoría de periodistas, y blindar los datos sobre las comunicaciones de los periodistas, para así asegurar que el Gobierno no pueda obligar a los periodistas a revelar ni sus fuentes ni información periodística no publicada.
- Dejar de utilizar indebidamente la Ley de Espionaje para poner trabas a la libertad de prensa: abandonar el proceso judicial por espionaje contra Julian Assange y poner fin a los intentos por extraditarlo a Estados Unidos. Implementar leyes que eviten el uso de la Ley de Espionaje como instrumento para frenar la actividad periodística.
- Garantizar que ni las empresas ni los ciudadanos estadounidenses contribuyan a la vigilancia secreta de periodistas. Garantizar que las empresas extranjeras sean objeto de sanciones selectivas por facilitar que Gobiernos autoritarios espíen a los periodistas.
- Tomar medidas contra la impunidad por el asesinato de periodistas: imponer sanciones al príncipe heredero saudita Mohamed bin Salman, y hacer que rinda cuentas por su papel en el asesinato del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi.
- Tramitar las solicitudes de visado P-2 para periodistas afganos lo más rápidamente posible y ser más comunicativa sobre los casos que se están tramitando; permitir la tramitación de los visados P-2 para personas que hayan llegado a Estados Unidos; y brindar asistencia y protección a los periodistas que siguen en Afganistán o que han escapado a terceros países.
- Respaldar la creación de un visado de emergencia para periodistas en situación de riesgo en todo el mundo (como lo previsto en la sección 6 de la Ley por la Libertad de Prensa Internacional de 2021), para garantizar que existan soluciones en futuras crisis similares a la de Afganistán.