Miami, 21 de julio —El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) insta al Gobierno cubano a que ponga fin al acoso al periodista Austin Llerandi, del boletín informativo no estatal Amanecer Habanero.
Llerandi, de 36 años, contó a CPJ que agentes de la Seguridad del Estado se presentaron el 13 de julio en la casa de su padre, en La Habana, y demostraron un conocimiento inquietante de su vida personal, incluido el embarazo de alto riesgo de su esposa.
El periodista explicó que, durante el interrogatorio de dos horas que tuvo lugar en la estación policial de Marianao al día siguiente, los agentes le mostraron un voluminoso expediente con su nombre y lo acusaron de cometer delitos contra la seguridad del Estado. Según el periodista, también le advirtieron que debía dejar de difundir noticias o se enfrentaría a una pena de prisión.
“El acoso al periodista Austin Llerandi por parte de agentes de la Seguridad del Estado refleja la campaña sostenida de las autoridades cubanas para intimidar a la prensa y silenciar la información crítica”, afirmó José Zamora, director del programa para las Américas de CPJ. “Las autoridades deben poner fin a estas amenazas y garantizar que los y las periodistas puedan ejercer su labor sin temor a represalias ni a la cárcel”.
Según Llerandi, el interrogatorio no estuvo motivado por ningún artículo en particular publicado en Amanecer Habanero, sino por el contenido general del boletín, que documenta la vida cotidiana en Cuba en medio del deterioro de las infraestructuras públicas y la creciente represión de cualquier forma de disenso.
Amanecer Habanero es uno de los varios medios vinculados al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP), una organización de periodistas de Cuba en el exilio que ha recibido financiación de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés). La NED es una organización sin ánimo de lucro que administra programas de apoyo a la democracia y la libertad de prensa financiados por el Gobierno de Estados Unidos. Desde 2012, ICLEP publica boletines informativos distribuidos dentro de Cuba.
El Código Penal cubano tipifica como delito desafiar el “orden socialista” o ejercer el periodismo al margen de los medios controlados por el Estado. Estas disposiciones contradicen la propia Constitución cubana, que reconoce la libertad de prensa, así como la libertad de pensamiento y de expresión, y consagra el derecho de todas las personas al “libre desarrollo de su personalidad”.