El periodista de investigación chileno Mauricio Weibel esperó seis años hasta la sentencia judicial que condenó a un exjuez y a un exgeneral a cinco años de prisión por espiarle ilegalmente. (Foto: Cortesía de Mauricio Weibel)

Exjuez y exgeneral son condenados a cinco años de prisión por espiar a un periodista chileno

São Paulo, 1 de julio de 2026—El Comité para la Protección de los Periodistas considera justa la sentencia judicial sin precedentes del 30 de junio que condenó a un exjuez y a un exgeneral a cinco años de prisión por espiar ilegalmente al periodista independiente Mauricio Weibel Barahona mientras este investigaba un caso de corrupción en el ejército chileno.

La investigación de Weibel, “Milicogate: el gran robo del fondo reservado del cobre”, se publicó por primera vez en 2015 en el periódico The Clinic. En 2016, Weibel publicó un libro sobre el mismo tema titulado “Traición a la Patria”. Al año siguiente, el juez Juan Poblete y el general Shafik Nazal ordenaron de forma fraudulenta una intervención telefónica contra Weibel, alegando que su número de teléfono pertenecía a una inmigrante boliviana al que acusaban de ser una agente extranjera.

“Esto sienta un importante precedente en la lucha contra la impunidad en los casos de espionaje a periodistas, y no solo en Chile”, afirmó Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del CPJ. “En los últimos años, el CPJ ha documentado casos de espionaje ilegal a periodistas por parte de los gobiernos de México y El Salvador. Esta decisión puede contribuir a que se haga justicia en casos similares en la región y el mundo”.

El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago consideró las obligaciones del Gobierno chileno de investigar y sancionar los ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas, rechazando los argumentos basados en la prescripción que suelen esgrimirse en los casos de abusos cometidos por el Estado. La sentencia es firme y no cabe recurso alguno. Además, se ha inhabilitado de por vida a los acusados para el ejercicio de sus derechos políticos.

En un amicus curiae presentado ante el tribunal y revisado por el CPJ, la iniciativa Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia destacó que el caso formaba parte de un contexto regional e internacional “preocupante para la libertad de expresión”, debido al uso ilegítimo de tecnologías de vigilancia para controlar el trabajo y las conversaciones privadas de periodistas.