Veinticuatro organizaciones de la sociedad civil que trabajan en siete países de América Latina, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas, publicaron en noviembre de 2024 un informe titulado “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas”, que incluye información proporcionada durante el 190º periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en julio de 2024.
Los grupos de defensa de la libertad de prensa trabajan en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua.
El informe nombra tres tipos de censura indirecta que son evidentes en la región y se están utilizando para reprimir la libertad de expresión: la estigmatización; las formas de control social facilitadas por las nuevas tecnologías con capacidad de vigilancia; y la judicialización de la libertad de expresión en asuntos de interés público.
El informe hace varias recomendaciones, entre ellas la elaboración de un modelo de protocolo que aborde los estándares establecidos por el sistema interamericano en materia de libertad de expresión de los funcionarios públicos, los derechos y obligaciones que conlleva y su impacto en las comunicaciones estatales y en el mundo digital.
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