Por John Otis
En la única radioemisora de la remota localidad ecuatoriana de Baeza, el presentador del noticiero matutino, Juan Carlos Tito, actualiza a los oyentes sobre el estado del tiempo, los recientes apagones y las reparaciones que se hacen a un puente que cruza un cercano río. Durante los últimos 24 años, Tito, de 53 años, ha sido la confiable voz de Radio Selva, que transmite importantes noticias locales a esta comunidad de 2000 habitantes ubicada en una sierra de los Andes.
Sin embargo, ahora la voz de Tito llega a Baeza desde el extranjero.
Luego de investigar a bandas involucradas en el tráfico de drogas en Baeza y pueblos vecinos, Tito recibió varias amenazas de muerte el año pasado. Por eso, en octubre él y su esposa, la productora Elvira del Pilar Nole, y sus dos hijos apretujaron su equipaje en la parte trasera de un carro prestado y escaparon de Baeza en plena noche.
“Estábamos absolutamente seguros de que en las próximas 24 a 48 horas nos iban a atacar”, declaró Nole. “Por eso tuvimos que escapar”.
Ahora transmiten su noticiero matutino de dos horas, “Buenos Días, América”, desde la mesa de la cocina de su pequeño apartamento, en una ciudad latinoamericana que sufre de la contaminación y los embotellamientos y que ellos decidieron no mencionar para proteger su seguridad. Al explicar por qué ella y Tito siguen transmitiendo desde el extranjero, Nole, de 42 años, dijo: “Somos como el cordón umbilical de Baeza, porque somos los únicos que ofrecemos noticias locales”.
Tito y Nole se han sumado al creciente éxodo de periodistas de esa nación sudamericana. El estallido de la violencia relacionada con las drogas ha conllevado al aumento de las amenazas contra los periodistas, según César Ricaurte, director de la organización defensora de la libertad de prensa Fundamedios, con sede en Quito. Ricaurte declaró que 16 periodistas habían huido de Ecuador desde 2023, de acuerdo con datos de Fundamedios.
“Se ha vuelto algo común debido al auge del crimen organizado”, expresó Ricaurte en entrevista telefónica. “Cualquier noticia que estos grupos crean que afectará sus negocios lleva a amenazas y ataques contra periodistas”.
Los periodistas ecuatorianos no son los únicos que huyen. En todo el mundo, los comunicadores sociales están abandonando sus países por causa de las amenazas, la guerra y los regímenes represivos. Entre el 2020 y el 2023, la ayuda del CPJ a periodistas exiliados se disparó en 227 %, y periodistas de Afganistán, Irán y Nicaragua representan la mayor cuota de periodistas exiliados que reciben ayuda.
“Cuando un periodista es obligado a salir al exilio, el periodismo sufre”, escribió la directora de Emergencias del CPJ, Lucy Westcott, el año pasado. “Muchos periodistas dejan de trabajar cuando se asientan en otros países, y los lectores, televidentes y oyentes son despojados de la información que necesitan para tomar decisiones fundamentadas sobre su vida”.
Un destacado periodista ecuatoriano que recientemente se decidió a empacar las maletas es José Luis Calderón, reportero y presentador de TC Televisión, quien fue tomado como rehén por pistoleros encapuchados que ocuparon brevemente la sede del canal en Guayaquil el 9 de enero. Durante una emisión en vivo, los televidentes vieron cómo Calderón, de 48 años, trataba de razonar con los atacantes, quienes le apuntaron con sus armas al periodista, le colocaron un cartucho de dinamita en el bolsillo de la chaqueta y amenazaron con matar a sus colegas si la Policía intervenía.
“Traté de calmar a los pistoleros, porque todos estábamos en peligro”, recordó Calderón en entrevista telefónica con el CPJ. “Mis compañeros de trabajo suplicaban por sus vidas”.
Finalmente, agentes policiales arrestaron a los pistoleros, pero los hechos tuvieron un devastador impacto sobre Calderón, quien explicó que se volvió ansioso y paranoico, buscó ayuda psicológica y fue diagnosticado con trastorno por estrés postraumático. Con la convicción de que TC Televisión no podía garantizar su seguridad, Calderón renunció a su puesto y en abril salió de Ecuador con destino a Estados Unidos, donde solicitó asilo político.
“Tuve que irme porque realmente estaba muy mal”, señaló Calderón. “Mi salud mental estaba en juego”.
En un informe especial publicado el año pasado, el CPJ concluyó que la convulsión política y el auge del crimen organizado en Ecuador habían aumentado dramáticamente los peligros para la prensa, provocando que los periodistas que trabajan en zonas de alto riesgo se autocensuren y que algunos decidan abandonar el país.
En el último decenio, las bandas de narcotraficantes locales se han vuelto cada vez más violentas, y han convertido a Ecuador en un importante punto de tránsito para los cargamentos de cocaína procedentes de la vecina Colombia, según Insight Crime. Entre 2019 y 2023, el índice de homicidios aumentó en más del 500 %, de acuerdo con la organización independiente Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Luego de la toma de la sede de TC Televisión en enero, el presidente Daniel Noboa, quien fue elegido el año pasado por su plataforma de mano dura contra la delincuencia, declaró el estado de “conflicto armado interno” contra 22 grupos criminales. Desde entonces, la cifra de homicidios ha disminuido, pero las extorsiones y los secuestros han aumentado y “la situación de seguridad sigue siendo grave”, según Human Rights Watch.
Las dos principales bandas de Ecuador, conocidas como Los Choneros y Los Lobos, controlan muchas de las cárceles del país y se han aliado con los carteles del narcotráfico colombianos y mexicanos, así como con funcionarios locales corruptos. La Fiscalía General del Estado sostiene que miembros de Los Lobos planearon el asesinato del candidato presidencial y experiodista Fernando Villavicencio, hecho ocurrido en 2023. Villavicencio había prometido combatir al crimen organizado.
Los periodistas que informan sobre las actividades de las bandas criminales son generalmente los que reciben las amenazas, afirma Karol Noroña, quien trabajaba para el medio digital ecuatoriano GK. Los problemas de Noroña llegaron cuando comenzó a investigar cómo los líderes de las bandas controlaban las cárceles y desde allí dirigían negocios ilícitos. Cuando una de sus fuentes le dijo que el líder de una banda había amenazado con matarla, Noroña huyó de Ecuador en abril de 2022.
“Las bandas se dieron cuenta de que yo no estaba de su lado”, Noroña declaró al CPJ en entrevista telefónica. “Por eso me tuve que ir al exilio”.
La periodista ha dividido su tiempo entre Bogotá y Buenos Aires, pero dice que la vida en el exilio es triste, deprimente y cara.
“La parte más dura es dejar tu tierra”, dijo Noroña. “Nunca quise abandonar el país. No poder trabajar me quitó lo más importante de mi vida”.
Noroña y otros periodistas ecuatorianos exiliados declararon al CPJ que habían recibido alguna ayuda de organizaciones independientes, como Fundamedios. (El CPJ también ha dado subvenciones de ayuda a periodistas ecuatorianos). Estos periodistas se quejan de que funcionarios del Gobierno de Ecuador han mostrado escaso interés por su situación.
El pasado año, el Gobierno ecuatoriano creó un “mecanismo de protección” compuesto por funcionarios, civiles y periodistas de medios independientes, para brindar ayuda a los periodistas en situación de riesgo. Sin embargo, de acuerdo con Ricardo Rivas, presidente del mecanismo, hasta ahora el Gobierno se ha negado a entregarle fondos, a pesar de que se solicitó un presupuesto de unos USD 66.000 para proteger a periodistas.
“El Gobierno habla de la importancia de la libertad de expresión y el respeto por la prensa, pero en la práctica no está interesado”, señaló Rivas, cuyo hermano, el fotógrafo Paúl Rivas, fue secuestrado y asesinado por guerrilleros colombianos en 2018.
Carlos Lauría, autor del informe especial del CPJ sobre Ecuador y actual director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresó que era esencial que el Gobierno ecuatoriano financiara el mecanismo de protección. En entrevista telefónica con el CPJ, Lauría agregó que la salida forzada de tantos periodistas, sumada al hecho de que muchos de los que se quedan se autocensuran, había afectado enormemente la libertad de prensa en Ecuador.
“Es un golpe tremendo para la sociedad ecuatoriana, que necesita acceder a información crucial para poder debatir los problemas nacionales y tomar decisiones fundamentadas”, aseguró Lauría.
Irene Vélez, secretaria de Comunicación del Gobierno, no respondió a los mensajes de texto que el CPJ le envió para obtener su versión.
Mientras más tiempo los periodistas permanecen en el exilio, más difícil puede ser para ellos seguir ejerciendo la profesión, observó Ricaurte, el director de Fundamedios. Calderón, por ejemplo, está viviendo en Miami, pero no encontraba trabajo y se preguntaba si alguna vez volvería a trabajar de periodista.
“Me siento más tranquilo viviendo en Estados Unidos”, afirmó Calderón. “Pero ahora debo empezar mi carrera de nuevo, desde cero”.
Para Tito y Nole, el matrimonio que dirige Radio Selva desde el exilio, la radioemisora los mantiene vinculados con Ecuador y les permite hacer el trabajo que aman. Por eso, de lunes a viernes, se levantan temprano para recoger información por vía telefónica, grupos de chat y las redes sociales, y así mantener con vida su noticiero matutino.
Un tema que ya no cubren es el del narcotráfico. Precisamente sus problemas comenzaron hace dos años cuando Tito, a pedido de pobladores locales cuyos hijos se estaban volviendo adictos a la cocaína, comenzó a investigar quién estaba vendiendo drogas en Baeza y en los poblados vecinos.
Poco después, ladrones entraron a la casa de Tito y Nole en Baeza y les robaron sus computadoras portátiles y sus teléfonos móviles. Un abogado que defiende a integrantes de las bandas les advirtió que debían irse de Baeza. Para enfatizar el mensaje, un hombre que iba en una motocicleta amenazó a Tito.
“Se levantó la camisa y me mostró una pistola”, aseguró Tito. “Me llamó ‘sapo’ [informante de la Policía] y me dijo que, si seguía publicando esas cosas, ya vería lo que me sucedería”.
Cuando la familia, que incluye a dos hijas de 8 y 13 años, decidió huir, en un inicio se mudaron a otra localidad de Ecuador, en octubre pasado; pero cuando las amenazas telefónicas no cesaron, salieron del país en enero.
Pocas personas conocen su paradero. De hecho, los habitantes y funcionarios de Baeza a veces quedan confundidos cuando Tito y Nole insisten en hacerles entrevistas por teléfono en vez de en persona para su noticiero. No obstante, ellos prefieren mantener la discreción sobre su ubicación. Si la gente de Baeza descubre que los periodistas fueron obligados a huir, puede que también sienta miedo de hablar con ellos, señaló Nole.
No está claro por cuánto tiempo la familia podrá mantener el simulacro. Ellos tendrán que regresar a Ecuador antes de fines de año si quieren renovar la licencia para operar Radio Selva. También es muy difícil vender publicidad cuando no pueden ir de puerta en puerta para convencer a posibles clientes.
Sin embargo, Tito y Nole reconocen que es poco probable que el clima de seguridad mejore pronto en Ecuador, ni que las bandas de narcotraficantes que están activas en Baeza y en la región se vayan. Mientras tanto, ellos han solicitado asilo político en el país donde se encuentran y están evaluando propuestas de la agencia de refugiados de la ONU para asentarse en un país incluso más lejos de Ecuador.
Semejante paso implicaría apagar Radio Selva para siempre. Si eso sucede, afirmó Nole, “significa que los malos ganaron”.
John Otis, corresponsal del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ para la región andina, se desempeña como reportero de NPR. Es autor del libro Law of the Jungle, que fue publicado en 2010 y cuenta la historia de contratistas militares estadounidenses que fueron secuestrados por la guerrilla colombiana. Otis radica en Bogotá, Colombia.