Ciudad de México, 25 de abril de 2024—Las autoridades chilenas deben desestimar los cargos penales contra los periodistas Daniel Labbé y Josefa Barraza, y garantizar que puedan ejercer su labor sin restricciones, declaró el jueves el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El martes, Labbé, un periodista independiente, fue condenado a una pena de cárcel suspendida de 61 días por desorden público, el periodista declaró por vía telefónica al CPJ. Labbé fue arrestado y agredido físicamente por agentes policiales el 29 de enero de 2021, cuando cubría una protesta en Santiago, la capital, según versiones noticiosas. Labbé contó que, cuando lo liberaron al día siguiente, la Policía dijo que él había agredido a los agentes policiales y las autoridades lo acusaron formalmente de desorden público.
“Yo estaba ahí como periodista. El juez no creyó las pruebas que presenté: las fotos y videos de mi cobertura. Él creyó el testimonio de esos agentes, que mintieron y dijeron que me habían visto lanzando piedras y atacándolos”, precisó Labbé.
El lunes 22 de abril Josefa Barraza, directora del medio digital independiente El Ciudadano, compareció a la primera audiencia de una querella que la exdiputada Andrea Molina había presentado contra ella en Santiago. En la querella, Molina acusa formalmente a Barraza de haberla injuriado al informar sobre la nueva posición de Molina en el municipio de La Reina.
Barraza explicó al CPJ por vía telefónica que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago había declarado que carecía de competencia en el caso, porque el abogado de Molina había presentado la querella en el juzgado equivocado. El procedimiento judicial continuará en otro tribunal. De acuerdo con Barraza, la exdiputada pretende que la encarcelen como castigo por su cobertura informativa. En Chile, la difamación es un delito sancionable con una pena de entre uno y tres años de cárcel, en virtud del Código Penal.
El CPJ envió un mensaje a la cuenta de Instagram de la exdiputada Andrea Molina para obtener su versión, pero no recibió respuesta.
“En momentos en que Chile se prepara para ser sede de la Conferencia Mundial de la Libertad de Prensa, en Santiago, es alarmante que se condene a un periodista por supuesto desorden público y a una periodista por injuria”, declaró Cristina Zahar, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde São Paulo. “Instamos a las autoridades a desestimar estos cargos y proteger la libertad esencial de los periodistas para cumplir con su deber sin temor ni restricciones”.
Labbé, periodista con más de 15 años de experiencia, ha colaborado con medios como El Ciudadano y Ciudad Invisible. Al momento de su arresto el 29 de enero de 2021, él informaba para el medio digital independiente Muros y Resistencia, cubriendo una protesta organizada por las familias de las personas detenidas durante la ola de protestas que sacudió a Chile entre 2019 y 2022, conocida como el estallido social.
El periodista contó al CPJ que él estaba transmitiendo en directo los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes cuando lo arrestaron mientras descansaba en la acera. Según Labbé, él llevaba credenciales de prensa e informó a las autoridades que padecía de un problema cardíaco, que dificulta la actividad física, y necesitaba su medicamento, que no tenía encima.
Con más de cinco años de experiencia, Barraza es una periodista investigativa conocida por publicar denuncias sobre brutalidad policial y corrupción en medios alternativos como CIPER.
De acuerdo con Javier García, vocero de la organización local Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC), Chile tiene un largo historial de criminalizar el trabajo de los periodistas.
“La difamación es un delito que no ha cambiado desde el Código Penal de Chile de 1884. Nos enfrentamos a una regulación desactualizada y obsoleta”, afirmó García. “No solo los agentes policiales están agrediendo deliberadamente a los periodistas, sino que estamos viendo el fracaso de los jueces para protegerlos”.
El CPJ envió un correo electrónico al Poder Judicial chileno para obtener una declaración, pero no recibió una respuesta de inmediato.
En 2023, el CPJ documentó que otros dos periodistas chilenos, Felipe Soto y Víctor Herrero, habían sido condenados por presunta difamación.