Ciudad de Guatemala, 6 de abril de 2022 — Las autoridades guatemaltecas deben sobreseer el proceso penal contra el periodista Juan Luis Font, permitirle trabajar libremente y sin temor a represalias, y dejar de utilizar los procesos penales para hostigar a los miembros de la prensa, declaró este miércoles el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
A finales de marzo de 2022, el exministro de Comunicaciones guatemalteco Alejandro Sinibaldi presentó una denuncia penal contra Font, director del noticiero radial Con Criterio. Sinibaldi afirma que Font se había asociado ilícitamente con la exjueza anticorrupción Erika Aifán y el abogado de Font, Carlos Paz, declaró el periodista al CPJ por vía telefónica. De ser condenado, Font sería sancionado con una pena de entre seis y ocho años de cárcel, según las leyes vigentes.
Font declaró al CPJ que las autoridades no le han notificado formalmente ningún proceso penal, pero que decidió abandonar Guatemala temporalmente para trabajar sin ser objeto de hostigamiento.
“Las autoridades guatemaltecas no deben continuar con el proceso penal interpuesto contra Juan Luis Font y deben permitirle regresar al país de manera segura”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ, desde Nueva York. “La persecución judicial contra periodistas es un mecanismo de intimidación que no debe ser respaldado por el Estado”.
En la denuncia penal, a la cual tuvo acceso el CPJ, Sinibaldi afirma que Font tenía una “relación preexistente” con la jueza Aifán, quien estuvo a cargo de una causa penal por corrupción que el exministro presentó contra el periodista en diciembre de 2021, por la cual Sinibaldi sostenía que le había entregado al periodista unos 200.000 dólares estadounidenses en pagos realizados entre 2012 y 2014, según informaciones periodísticas.
El Ministerio Público guatemalteco no ha suministrado ninguna información oficial sobre la causa penal de 2021 y declaró la “reserva total del caso”, lo que significa que solamente el juez de la causa tiene acceso a información sobre ésta, según un artículo del medio digital guatemalteco Soy 502. Font declaró al CPJ que niega esas acusaciones y que ha presentado a las autoridades la documentación sobre sus ingresos y gastos para demostrar que no cree que existan irregularidades financieras.
En diciembre de 2021, un juez dictó una orden de arraigo contra Font, que le impedía abandonar el país, pero la desestimó días después, declaró Font al CPJ. Sinibaldi se encuentra en prisión preventiva desde 2020, acusado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
En la denuncia penal de marzo de 2022, Sinibaldi incluye entrevistas que Font le realizó a Aifán en su programa radial, así como tuits de la cuenta personal de Twitter de Font en los cuales Font comentaba sobre presuntos actos de hostigamiento contra la jueza por parte de “grupos criminales”, como pruebas de la supuesta asociación ilícita. Aifán abandonó Guatemala en febrero de 2022 debido a las amenazas recibidas, según versiones periodísticas.
Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público guatemalteco, declaró al CPJ por aplicación de mensajería que las denuncias penales de 2021 y 2022 estaban “bajo reserva judicial” y que por tanto no podía pronunciarse al respecto. El CPJ intentó entrar en contacto con Sinibaldi mediante su abogado, pero no pudo comunicarse con éste.