Managua, Nicaragua, 1 de octubre de 2020 – La Asamblea Nacional nicaragüense debe abandonar un proyecto de ley de ciberdelitos que implicaría encarcelar a periodistas por su trabajo informativo, y debe garantizar que las leyes no restrinjan la labor de la prensa, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 28 de septiembre, 70 miembros de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el órgano legislativo presentaron un anteproyecto de “Ley Especial de Ciberdelitos”, según informaciones de prensa y una copia del anteproyecto a la cual el CPJ tuvo acceso.
El anteproyecto establece sanciones penales por el espionaje, el fraude, la transferencia de información pública clasificada como reservada y compartir información falsa. De acuerdo con el Artículo 30 de la ley, las personas condenadas por utilizar una computadora para publicar o propagar “información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia”, podrían ser multadas y sentenciadas a una pena de hasta cuatro años de cárcel.
El anteproyecto no define cómo la información podría considerarse falsa o tergiversada. En entrevista con el diario digital Confidencial, Guillermo Medrano, coordinador de la organización defensora de los derechos humanos Fundación Violeta Barrios de Chamorro, calificó el anteproyecto de “ley mordaza”.
La semana pasada, el CPJ expresó su preocupación por otro proyecto de ley, que obligaría a algunos medios de prensa y periodistas que reciben fondos o pagos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”.
“Por segunda vez en igual número de semanas, la Asamblea Nacional nicaragüense ha presentado ambiguas propuestas que dejan un amplio espacio para que las autoridades criminalicen a los medios y los periodistas independientes sencillamente por realizar su trabajo”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Los legisladores nicaragüenses deben rechazar este proyecto de ley de ciberdelitos tan deficientemente redactado, y garantizar que cualquier ley futura destinada a combatir el delito no limite la libertad de prensa ni el acceso a la información”.
El anteproyecto de ley declara que su objetivo es la “prevención, investigación, persecución y sanción de delitos cometidos mediante las tecnologías de la información y la comunicación”.
El proyecto de ley ahora se someterá a la revisión de comisiones legislativas en la Asamblea Nacional, después de lo cual el órgano legislativo en pleno —con mayoría del partido gobernante— lo someterá a votación. Si se aprueba, el proyecto será enviado al presidente Daniel Ortega para su firma y promulgación, según versiones periodísticas y la Gaceta Diario Oficial del Gobierno.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del FSLN, y Edwin Castro, líder de la bancada del FSLN, no respondieron a las solicitudes enviadas por correo electrónico por el CPJ para obtener una declaración.