Por Dánae Vílchez, corresponsal del CPJ para Centroamérica
Miguel Mora, director del medio noticioso independiente nicaragüense 100% Noticias, estuvo a cargo de su paso a la Internet cuando el Gobierno le revocó la concesión de servicios televisivos en abril de 2018. Mora y sus compañeros trasladaron sus archivos a dos cuentas de YouTube y los utilizaron para seguir documentando la respuesta represiva del Gobierno frente a la creciente ola de protestas que se realizaron en los meses siguientes. El 5 de marzo de 2020, YouTube le notificó que cerraría las cuentas a raíz de quejas sobre violación del derecho de autor.
100% Noticias no está solo. Otro medio independiente nicaragüense, el portal de noticias Confidencial, declaró al CPJ que había tenido que impugnar reclamaciones sobre violación de derechos de autor en YouTube el año pasado. En ambos casos, las quejas se originaron desde empresas de medios propiedad de familiares del presidente Daniel Ortega, e involucraban imágenes de discursos presidenciales que se divulgan a determinados medios y habitualmente se reproducen por otros como asunto de interés público.
Desde abril de 2018, el CPJ ha documentado una brutal oleada represiva contra los medios en Nicaragua que abarca el acoso, las amenazas, la vigilancia y el encarcelamiento de periodistas que informan sobre las protestas y desafían el relato mediático oficialista. Ahora, en medio de la pandemia del COVID-19 —cuando el Gobierno de Ortega es blanco de las críticas por no tomar medidas para frenar la propagación del virus—, la información independiente es más crucial que nunca.
“Ortega y [la vicepresidenta Rosario] Murillo quieren presentar una realidad alternativa, y mantener cerrados a medios independientes como 100% Noticias es crucial para su relato”, declaró al CPJ Gioconda Belli, presidenta de PEN Nicaragua y conocida escritora nicaragüense.
YouTube cerró 100 NOTICIAS NICARAGUA y 100% Noticias, las dos cuentas administradas por este medio de prensa, el 10 de marzo, Mora declaró al CPJ por correo electrónico, y para finales de abril ambas cuentas seguían inactivas. Sus respaldos materiales están inaccesibles porque la Redacción de 100% Noticias sigue en poder del Gobierno, según informaciones de prensa. Según Mora, el cierre de los canales de YouTube les impide a los empleados acceder a todos los archivos de video del medio, incluso a imágenes de la represión gubernamental contra las protestas de 2018 y 2019.
“Al cancelar nuestros canales, la dictadura nicaragüense elimina pruebas de crímenes de lesa la humanidad”, agregó Mora. “Los archivos en nuestros canales de YouTube son los únicos recursos que tenemos, porque nuestro material físico fue confiscado”.
El CPJ envió un correo electrónico a la vicepresidenta Murillo para obtener una declaración sobre estas acusaciones, pero no recibió respuesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha acusado a altos funcionarios del Gobierno nicaragüense de violaciones de los derechos humanos, inclusive crímenes de lesa humanidad por dirigir la represión de protestas en 2018 con el presunto empleo de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, y asesinatos por parte de las fuerzas policiales y grupos armados progubernamentales.
Mora y la directora de noticias de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, fueron encarcelados luego del allanamiento policial contra su redacción de Managua el 21 de diciembre de 2018. Mora y Pineda pasaron 172 días tras las rejas y fueron liberados en virtud de una polémica ley de amnistía en junio de 2019. En noviembre de 2019, el CPJ los honró con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa de 2019.
100% Noticias continúa publicando artículos noticiosos en su portal web y sus cuentas de Facebook y Twitter, pero la mayor parte de su archivo de video sigue sin estar disponible, Mora declaró al CPJ.
En notificaciones a las que el CPJ tuvo acceso, YouTube declaró que el cierre de las cuentas se derivó de 44 quejas por violación del derecho de autor presentadas por el medio televisivo nicaragüense Canal 4 por el uso de imágenes y contenido de video en 44 videos que datan entre 2013 y 2015. Canal 4 es propiedad de la familia del presidente Ortega y es dirigido por sus hijos Daniel Edmundo y Tino, según investigaciones periodísticas de medios nicaragüenses.
Mora expresó que el material al que se alude en las quejas involucra discursos de Ortega, que el Gobierno obliga a todos los canales televisivos a transmitir, de conformidad con la Ley de Telecomunicaciones de Nicaragua, así como algunas imágenes de videos gubernamentales oficiales sobre programas sociales cuyo uso Canal 4 había autorizado. Pero Canal 4 había dado su autorización verbal para utilizar el contenido, señaló Mora, antes de presentar las quejas sin previo aviso en marzo de 2020.
De acuerdo con el mensaje de correo electrónico de Mora, “100% Noticias utilizó partes del contenido [de Canal 4] que era sobre la administración pública para hacer nuestros propios reportajes”, agregando que Canal 4 había dado su permiso hablado. “El otro material que están reclamando es sobre discursos de Ortega que fuimos obligados a transmitir. Nos obligan a transmitir su contenido y luego reclaman el derecho de autor”.
Mora señaló que el contenido se había transmitido por motivos de interés público, y constituía uso legítimo.
YouTube está obligada a cumplir con las reclamaciones sobre derecho de autor en virtud de la Ley del Derecho de Autor para el Milenio Digital de Estados Unidos, una ley de 1998 que les exige a los intermediarios responder de inmediato a un aviso de violación del derecho de autor retirando el contenido pertinente, sin pedir una evaluación de los argumentos del usuario respecto a, por ejemplo, su uso legítimo, según una revisión del CPJ sobre la ley y análisis jurídicos. Si la empresa no cumple con esto, puede perder su inmunidad frente a la responsabilidad jurídica por violación del derecho de autor.
Este requisito les permite a los usuarios disputar el retiro del contenido. El correo electrónico que YouTube envía para notificar a los usuarios incluye un enlace para presentar una “contranotificación” y argumentar, por ejemplo, el uso legítimo. Sin embargo, cuando 100% Noticias intentó presentar una contranotificación que abordara el uso legítimo tal como lo aconsejó YouTube durante la redacción de este blog, recibió la notificación de que no se podía tramitar.
“Nuestro proceso de retiros por violación del derecho de autor intenta lograr un balance entre hacer que sea fácil y eficiente que los titulares del derecho de autor reporten el contenido violatorio y a la vez proteger la libertad de expresión en la Web. Este sistema ha sido eficaz para reducir significativamente el acceso al contenido violatorio”, declaró al CPJ por correo electrónico un representante de YouTube, quien no quiso que lo mencionaran debido a la política de la empresa. “Al mismo tiempo, luchamos activamente contra el abuso por parte de actores nefastos que tratan de limitar el acceso a la información por medio de la censura. Además de proporcionarles a los canales vías para disputar las reclamaciones de derecho de autor y enviar contranotificaciones, también empleamos métodos proactivos para erradicar el abuso”.
YouTube afirmó que había señalado el caso de 100% Noticias para su equipo de revisión, pero no respondió a preguntas sobre quién presentó la queja por violación del derecho de autor ni si este incidente pudiera considerarse un abuso del sistema por parte del Gobierno nicaragüense, con el argumento de que no pueden comentar sobre Gobiernos o casos específicos.
El CPJ envió un correo electrónico a Canal 4 por medio de los datos de contacto disponibles en su sitio web, pero no recibió respuesta. El CPJ no pudo encontrar ningún otro dato para comunicarse con Canal 4. Además, el CPJ se comunicó con José Miguel Fonseca, director de noticias de Canal 4, por Twitter para obtener un comentario, pero no recibió respuesta.
En junio de 2019, Canal 13, otro canal propiedad de la familia Ortega, presentó quejas por violación del derecho de autor en relación con imágenes de discursos de Ortega que se habían utilizado en una transmisión de video de Confidencial en YouTube, Elmer Rivas, productor audiovisual de este medio, declaró al CPJ por vía telefónica en marzo.
Rivas expresó que solamente los medios progubernamentales tienen permitido asistir a los actos gubernamentales. A los medios independientes con frecuencia se les prohíbe dar cobertura a estos eventos, y los funcionarios gubernamentales no les dan entrevistas, según el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Los medios independientes solamente pueden utilizar videos de actos públicos a criterio de los medios autorizados para cubrirlos, Rivas declaró al CPJ.
“Si ellos [los medios oficialistas] publican videos de algo que debe ser público —por ejemplo, los discursos del presidente— lo hacen como si fuera una producción privada”, indicó Rivas. “Si alguien utiliza ese contenido, ellos lo reclaman como propio”.
Rivas señaló que Confidencial retiró el video, y que el incidente se resolvió en cuestión de días, aunque YouTube le exigió al personal del medio completar su curso en línea para personas que violan el derecho de autor por primera vez, antes de poder subir contenido.
Sin embargo, para Rivas la queja fue un claro intento de censura.
“Este es un ataque político”, declaró Rivas, quien agregó: “La censura va de la esfera física, donde no nos dejan entrar a los actos públicos, a la digital, donde nos quieren sacar de YouTube”.
El CPJ envió un correo electrónico a Canal 13 para obtener un comentario, pero no recibió respuesta. El CPJ también le preguntó a YouTube por el incidente que involucró la queja presentada contra Confidencial, pero no recibió ninguna información adicional aparte de la declaración enviada por correo electrónico.
El CPJ ha documentado el acoso de varios periodistas de Confidencial, entre ellos el director, Carlos Fernando Chamorro, quien se vio obligado a exiliarse tras recibir amenazas de muerte a comienzos de 2019. La redacción del medio fue allanada en diciembre de 2018, como lo documentó el CPJ, y la Policía continúa ocupándola, según Confidencial.
En medio de las críticas por la falta de respuesta del Gobierno de Ortega a la pandemia del COVID-19, Belli, la presidenta de PEN Nicaragua, sostiene que estos intentos de censurar a los medios de prensa independientes representan una amenaza contra el derecho de los nicaragüenses a recibir información adecuada sobre la crisis. “El Gobierno quiere aislar a Nicaragua para que solamente su versión de los hechos aparezca en el mundo”, expresó Belli.
Courtney C. Radsch, directora de Campañas del CPJ, colaboró con informaciones.