Miami, 24 de febrero de 2020 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) saludó hoy la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de conocer el caso del diario ecuatoriano El Universo contra una demanda penal por difamación interpuesta por el expresidente Rafael Correa.
En marzo de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional al cual pertenece Ecuador, determinó que el fallo condenatorio contra El Universo, dictado por un tribunal ecuatoriano en 2011, había constituido una violación de la libertad de expresión, y remitió el caso a la Corte IDH, que informó al diario el 21 de febrero que conocería el caso, según informaciones de prensa.
“La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de conocer el caso de El Universo es un paso importante hacia la ya demorada justicia en este asunto, que fue uno de los ejemplos más extremos de los abusos cometidos contra la prensa durante la gestión de Correa”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Este caso también sirve para resaltar cómo las anticuadas disposiciones penales sobre la difamación vigentes en Ecuador se emplearon sistemáticamente para castigar el periodismo crítico”.
La demanda penal por difamación, interpuesta en marzo de 2011 durante la presidencia de Correa, se derivó de una columna crítica contra el entonces mandatario, la cual fue publicada en El Universo en febrero de 2011, tal como el CPJ lo documentó en la época. En julio de 2011, tres ejecutivos y un editor de opinión de El Universo fueron condenados a una pena de tres años de cárcel y a una indemnización de USD 40 millones, según el CPJ lo documentó. Cuando el tribunal de máxima instancia ecuatoriano ratificó la condena, en febrero de 2012, los demandados presentaron una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, según informaciones de prensa.
NOTA DEL EDITOR: El texto ha sido modificado en el segundo párrafo para corregir la acción tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de febrero.