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Cómo las nuevas leyes de acceso a la información en Puerto Rico perjudican la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas

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Manifestantes marchan en el Expreso Las Américas exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Roselló en San Juan, Puerto Rico, el 22 de julio de 2019.  Roselló renunció a principios del mes de agosto, pero antes firmó dos leyes que obstruyen el periodismo de investigación en Puerto Rico. (AP Photo/Carlos Giusti)

Por Coral N. Negrón Almodóvar, titular de la beca Patti Birch del CPJ para el Periodismo de Datos

En julio de 2019, manifestantes antigubernamentales se congregaron en las calles de Puerto Rico, en parte motivados por el trabajo de periodistas investigativos que habían obtenido y publicado más de 900 mensajes que el entonces gobernador Ricardo Rosselló y sus aliados habían intercambiado y en los cuales descalificaban a sus rivales políticos y a los ciudadanos de la isla. Antes de que Rosselló cediera a la presión pública y renunciara a principios de agosto, discretamente promulgó dos leyes que limitan seriamente el acceso a la información pública en Puerto Rico, periodistas locales y defensores de la libertad de prensa declararon al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Las nuevas leyes —la Ley de Datos Abiertos (122) y la Ley de Transparencia (141)— aumentan la cantidad de días hábiles que los organismos gubernamentales tienen para entregar la información o los documentos solicitados, y no definen con precisión el término “documento público”, de acuerdo con un análisis del CPJ. Además, también disponen que todas las solicitudes de información se envíen por correo regular o correo electrónico, y prohíben que se efectúen las solicitudes por teléfono o en persona.

Según los testimonios de estos periodistas, las leyes dificultan que ellos puedan obtener documentos públicos, hablar con funcionarios gubernamentales y confiar en los datos disponibles.

El análisis de las leyes por parte del CPJ también halló que contienen un enunciado excesivamente amplio que les otorga a los funcionarios gubernamentales demasiado margen para rechazar las solicitudes de información. Por ejemplo, la Ley de Transparencia expresa que el Gobierno puede restringir el acceso a los datos si un funcionario decide que “promueve un interés gubernamental importante o sustancial” o “el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión”. Además, la multa de $250 contra los empleados gubernamentales que obstruyan el acceso quedó eliminada de conformidad con las nuevas leyes.

“En un acto de total desprecio al país, a oscuras, Ricardo Rosselló firmó la Ley de Transparencia, que se convirtió en su última ley. Los legisladores que aprobaron esos proyectos también a cuartos oscuros y a sabiendas de lo que significa para limitar el derecho ciudadano, son tan responsables de ese legado como el gobernador”, declaró Cecille Blondet, directora de la organización local defensora de la transparencia Espacios Abiertos, en un comunicado de prensa.

Sandra Rodríguez Cotto, una periodista investigativa freelance, fue más tajante y expresó: “Lo que Rosselló hizo fue muy peligroso y un acto de venganza”.

El CPJ intentó comunicarse con Rosselló para obtener su declaración, por intermedio de su asesora jurídica, Roxanna I. Soto Aguilu; de un exmiembro de su gabinete, Ricardo Llerandi; de su esposa, Beatriz Rosselló; y del secretario de prensa de su sucesora en el cargo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero no recibió respuesta mediante ninguno de esos canales.

Tanto la Ley de Datos Abiertos como la Ley de Transparencia pasaron por la Legislatura sin audiencias públicas, señaló Blondet. Posteriormente Rosselló las promulgó, pese a las objeciones de periodistas y organizaciones defensoras de la transparencia, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club of Puerto Rico, la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Espacios Abiertos.

La isla atraviesa por una situación de bancarrota y medidas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión y Administración Financiera Federal, conocida como la Junta de Control Fiscal, y se recupera de un sismo con magnitud de 6.4 ocurrido a principios de enero. Por ello, expresaron periodistas puertorriqueños, las nuevas leyes se suman a los desafíos que ya enfrentaban para hacer que el Gobierno rindiera cuenta de sus actos.

“Estas leyes socavan el ejercicio del periodismo cada vez que el Gobierno se basa en estos estatutos para denegar documentos que ordinariamente son de interés público”, declaró Víctor Luis Rodríguez, representante del programa nacional Report for America en Puerto Rico. Rodríguez ha dedicado más de 10 años a solicitar información en el ámbito local y el ámbito federal. Si embargo, no ha recibido ninguna respuesta a sus solicitudes de información desde septiembre de 2019.

Víctor Rodríguez-Velázquez, periodista y becado de Report for America. (Photo: Angélica Serrano)

Las leyes se adoptaron pese a que, en 1982, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció el acceso a la información pública como un derecho constitucional en el caso Soto v. Secretario de Justicia. Desde entonces, los poderes Legislativo y Ejecutivo han propuesto más de una decena de medidas con el propósito de limitar o ampliar el acceso, según un análisis del CPJ, pero ninguna medida resultó aprobada de manera permanente hasta que Rosselló firmó las leyes en 2019.

Además, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático —los cuales se han alternado el poder gubernamental en la isla en períodos de cuatro u ocho años desde 1968—actúan con lentitud en lo que respecta al cumplimiento de las solicitudes de información, periodistas puertorriqueños declararon al CPJ.

“Ambos partidos han hecho lo más que han podido por limitar el acceso”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. Su equipo conoce bien por qué el acceso a la información pública es crucial. Sus trabajos investigativos en 2017 revelaron pruebas de que el saldo de víctimas mortales de los huracanes María e Irma había sido muy superior a lo que el Gobierno había comunicado. El informe fue publicado luego de pasar años solicitando documentos que revelaron la ineficaz respuesta del Gobierno a las emergencias.

Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. (Photo: Gabriel López Albarrán)

Otro proyecto del CPI, una serie sobre el cambio climático —que fue la culminación de años de solicitar documentos— halló que, pese a la vulnerable situación de Puerto Rico, el Gobierno había tomado medidas limitadas para prepararse.

El CPI ha empleado continuamente la Ley de Libertad de la Información (Freedom of Information Act, FOIA) federal de Estados Unidos para conseguir información sobre las labores de recuperación posteriores a los desastres naturales, dar seguimiento a la deuda gubernamental y fiscalizar la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, obtener esta información ha sido una batalla, señaló Minet, porque el Gobierno federal estadounidense “apenas nos responde”. Las nuevas leyes podrían empeorar la situación: contienen 12 nuevas excepciones para la divulgación de información, más que la propia FOIA.

Rodríguez, el representante de Report for America, declaró al CPJ que cada vez más el Gobierno cerraba el acceso a otros canales de investigación periodística. “Una práctica que se ha hecho común en Puerto Rico es convocar a una conferencia de prensa en la que se prohíbe hacer preguntas sobre otros temas”.

Los pequeños medios de prensa regionales, que ya atraviesan una situación difícil ante la falta de recursos económicos, pudieran empeorar su situación en virtud de las nuevas leyes. José Maldonado, director del medio digital EyBoricua, declaró al CPJ: “Es común solicitar información a los funcionarios y organismos gubernamentales sobre diversos temas y que ellos ignoren la solicitud porque no somos una red de medios masiva”, señaló Maldonado.

El 22 de noviembre de 2019, la gobernadora Vázquez, quien asumió el cargo a la renuncia de Rosselló, sostuvo un encuentro con periodistas y conversó sobre cuestiones relacionadas con las dos leyes. Cuando el CPJ le solicitó una entrevista, su oficial de prensa declinó la solicitud, pero compartió un enlace a un artículo sobre el encuentro. El artículo recoge las siguientes declaraciones de Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico: “Fue una reunión muy buena. La gobernadora está abierta a las recomendaciones”.

Por su parte, Suárez declaró al CPJ: “Estas leyes deben ser derogadas, no son enmendables”. Suárez añadió: “Estoy dispuesta a dar recomendaciones para ver si algo mejora, porque ella [la gobernadora] dijo que revocarlas era difícil, pero hay algunas cosas que no estamos dispuestos a negociar”.

Si los funcionarios no cumplen con las solicitudes de información, los periodistas y ciudadanos con frecuencia presentan un recurso legal en un tribunal de distrito. Anteriormente, sólo los jueces con experticia en el acceso a la información podían encargarse de estos casos, explicó Oscar J. Serrano, abogado, editor jefe del sitio noticioso Noticel y cofundador del CPI. Pero la Ley de Transparencia, precisó Serrano, dispone que se seleccione al azar a los jueces para conocer estos casos.

“El reclamante puede perder la experticia que los jueces experimentados han adquirido en esta materia”, agregó Serrano.

En otra preocupante disposición, la Ley de Datos Abiertos declara que el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) —el único organismo gubernamental que históricamente ha estado libre de interferencia política—está obligado a divulgar en su sitio web la lista de datos disponibles de otros organismos gubernamentales. Sin embargo, los analistas de datos y expertos en estadística del IEPR carecen de la facultad de analizar los datos y, en cambio, están obligados a sencillamente publicarlos en el portal de Internet del organismo. Dado que otros organismos gubernamentales están muy influenciados por intereses políticos partidistas, esta práctica aumentará la desconfianza en los datos públicos disponibles, apuntó Ricardo Cortés Chico, periodista de GFR Media.

Ricardo Cortés-Chico, periodista de GFR Media. (Photo: Teresa Canino)

Por otro lado, la ley exime a los poderes Legislativo y Judicial y a los Gobiernos municipales, a los cuales solo se les exige digitalizar la información, como los presupuestos y los gastos, los planes estratégicos y resultados, y las auditorías financieras externas, antes de agosto de 2020.

“Esta es una ley muy preocupante”, expresó Istra Pacheco, una reportera de la publicación Metro Puerto Rico, refiriéndose a la Ley de Datos Abiertos. “El efecto real es contrario a lo que se proclama en su nombre… su intención real es añadir capas y capas de papeleo en la burocracia; hacer que todo sea más tedioso y provocar el desinterés en buscar la información en un país en quiebra”.

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