Miami, 23 de enero de 2020 – Las autoridades dominicanas deben suspender inmediatamente el proceso penal contra Marino Zapete y dejar de perseguir procesos penales por difamación contra periodistas, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Mañana, la Cuarta Sala Penal del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, en Santo Domingo, la capital, iniciará el juicio contra Zapete, un reportero de medios audiovisuales que trabajaba para el canal local Teleradio América, en un proceso penal por difamación que se deriva de denuncias del periodista sobre presuntos actos de corrupción, según Zapete, quien conversó con el CPJ por vía telefónica, e informaciones de prensa.
Los cargos penales se derivan del episodio del 25 de septiembre de 2019 del programa noticioso de Zapete, “El Jarabe”, en el cual denunció que Maybeth Rodríguez, hermana del procurador general Jean Rodríguez Sánchez, había lucrado ilícitamente de proyectos de infraestructura públicos, según informaciones de prensa y el episodio del programa, que ha sido subido a YouTube.
El 25 de septiembre, Maybeth Rodríguez envió una carta a Zapete en la cual rechazaba todas las denuncias contra ella, según versiones periodísticas. El 7 de noviembre, ella interpuso una demanda penal por difamación contra Zapete, declaró el periodista al CPJ.
De ser declarado culpable, Zapete pudiera ser condenado a una pena de hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 20.000 pesos dominicanos (USD 375), según lo previsto en la legislación dominicana.
“Los periodistas deben poder informar sobre asuntos de interés público sin tener que enfrentar sanciones penales y la posibilidad de cárcel”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades de República Dominicana deben suspender el proceso penal contra Marino Zapete, y deben reformar las leyes nacionales para derogar las disposiciones penales sobre la difamación de una vez por todas”.
El ministro de Obras Públicas en la época de los presuntos actos de corrupción, Gonzalo Castillo, ahora es candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, según versiones de prensa.
Zapete declaró al CPJ que, después de la emisión del episodio del 25 de septiembre, el procurador general Rodríguez había llamado a Luis García, propietario de Teleradio América, y había amenazado con presentar una acción judicial contra el canal televisivo. El 26 de septiembre, Zapete fue despedido del canal, después de negarse a retractar las denuncias, el periodista declaró al CPJ.
En correo electrónico enviado al CPJ, García rechazó que su decisión de despedir a Zapete hubiera estado motivada por la presión política, y afirmó que lo habían despedido por “razones técnicas” que desde entonces ya se habían resuelto. García aseguró que se había invitado a Zapete a regresar al canal, pero que éste había declinado.
El CPJ envió un correo electrónico al partido político de Castillo y al procurador general Rodríguez para solicitar una declaración, pero no recibió ninguna respuesta. Anteriormente, el procurador general Rodríguez había declinado responder las preguntas de los periodistas sobre las denuncias de corrupción o el proceso por difamación contra Zapete, según informaciones de prensa.
El CPJ no logró encontrar los datos de contacto de Maybeth Rodríguez. El CPJ trató de llamar a la empresa de contratos de infraestructura a la que ella está vinculada, al número telefónico que aparece en su sitio web, pero la persona que respondió la llamada afirmó que el número telefónico estaba equivocado.
Zapete declaró al CPJ que los neumáticos de su auto habían sido cortados 11 veces desde la emisión del programa.
La República Dominicana ha reformado partes de la Ley 6132, que tipifica como delito algunas formas de libertad de expresión, desde que un fallo de la Corte Suprema de 2016 declaró que dichas partes de la ley eran inconstitucionales, tal como el CPJ lo informó en la época. El país todavía conserva sanciones penales por difamación contra particulares y por difamar a grupos raciales o religiosos, según datos del CPJ.