Miami, 24 de enero de 2020 – Las autoridades ecuatorianas deben restituir la licencia de operación de la radioemisora Pichincha Universal y no deben sancionar a los medios de prensa por su cobertura política, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
Ayer, ARCOTEL, el organismo regulador de las telecomunicaciones de Ecuador, emitió una resolución mediante la cual revocaba el título habilitante de Pichincha Universal, una radioemisora operada por un Gobierno regional, debido a que la radioemisora presuntamente había transmitido contenido que constituyó incitación, según el gerente general de la emisora, Washington Yépez, quien habló con el CPJ por vía telefónica.
Yépez rechazó haber transmitido ningún contenido ilícito, y declaró al CPJ que el medio de comunicación es conocido por difundir información “que no está alineada con el régimen del [presidente] Lenín Moreno”. Yépez afirmó que la emisora continúa sus transmisiones y está apelando la decisión.
“Ordenar la salida del aire de una radioemisora, independientemente de su línea editorial, va en contra de las significativas medidas que el Gobierno de Moreno ha tomado para restablecer la libertad de prensa en Ecuador”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades ecuatorianas deben restituir la licencia de Pichincha Universal, y garantizar que las decisiones relacionadas con los títulos habilitantes no tengan motivaciones políticas”.
Pichincha Universal es operada por la Prefectura de la región de Pichincha, según su sitio web. La región es gobernada por Patricia Pabón, de Revolución Ciudadana, movimiento encabezado por el expresidente Rafael Correa, rival de Moreno, según el sitio web de la Prefectura.
En su decisión, ARCOTEL citó una transmisión del 3 de octubre de 2019 realizada por Pichincha Universal, la cual presuntamente incluyó “frases que incitan a la paralización de los servicios públicos” y declaró que la emisora participaba “como incitador a la acción de paralización”, según fragmentos de la decisión publicados en Twitter por la organización local defensora de la libertad de prensa Fundamedios.
La transmisión citada en la decisión estaba dedicada a cubrir la ola de protestas que se extendió por todo el país del 3 al 13 de octubre de 2019, contra propuestas para la eliminación de los subsidios al combustible, según informaciones de prensa.
El 8 de octubre, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron la sede de Pichincha Universal y acusaron a la radioemisora de cometer el presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, tal como el CPJ lo documentó en el momento.
El CPJ envió un correo electrónico a ARCOTEL y solicitó una declaración, pero no recibió una respuesta inmediatamente.