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Acusan a las autoridades chilenas de espiar al periodista investigativo Mauricio Weibel

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En una acera en Santiago, en marzo de 2018, venden diarios. La Armada de Chile ordenó una investigación de vigilancia contra el periodista de investigación Mauricio Weibel Barahona en 2016. (Reuters/Ivan Alvarado)

Miami, 15 de agosto de 2019—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó hoy su preocupación por las denuncias de que el Ejército chileno presuntamente ordenó una operación de vigilancia contra el periodista investigativo Mauricio Weibel Barahona en 2016, cuando éste investigaba denuncias de irregularidades en las fuerzas armadas.

El 10 de agosto, el diario La Tercera informó que la Dirección de Inteligencia del Ejército presuntamente había llevado a cabo la “Operación W” dirigida contra Weibel. El reportaje, que citaba a fuentes de inteligencia anónimas, señalaba que a Weibel le habían realizado seguimientos y le habían intervenido las líneas telefónicas. En la época, Weibel trabajaba para la publicación The Clinic y el canal público chileno TVN, y preparaba las investigaciones de Traición a la Patria, un libro sobre un presunto desfalco en el Ejército. Además, La Tercera informó que en 2017 las autoridades también habían intervenido los teléfonos de funcionarios activos y en retiro del Ejército que eran sospechosos de filtrar documentos a la prensa sobre irregularidades en el Ejército.

En un encuentro con la prensa el 12 de agosto, el ministro de Defensa chileno Alberto Espina declaró que, según lo que le habían dicho, las acciones de inteligencia “se han hecho dentro del marco legal”, de acuerdo con informaciones de prensa. Espina agregó que había solicitado al Ministerio Público Militar que investigara cómo se había filtrado información clasificada sobre estas cuestiones.

En respuesta a la solicitud de comentario enviada por el CPJ, el 16 de agosto el Ejército envió un correo electrónico remitiendo a su comunicado que indica que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se han ajustado a la ley y fueron autorizadas por los ministros de las Corte de Apelaciones de Santiago.

El CPJ envió un correo electrónico al Poder Judicial de Chile solicitando comentario, pero no recibió respuesta inmediata.

“Las fuerzas armadas no tienen ninguna justificación válida para espiar a Mauricio Weibel Barahona ni a ningún periodista”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. “En vez de buscar justificaciones legales, las autoridades chilenas deben investigar este aparente abuso de poder. En una democracia es vital que los periodistas puedan investigar denuncias de corrupción e irregularidades sin convertirse en objetivos”.

Espina y el director de Inteligencia del Ejército, Guillermo Paiva, fueron citados a una comisión de la Cámara de Diputados para discutir las informaciones del reportaje periodístico. Ellos declararon a la comisión que un magistrado de la Corte de Apelaciones había autorizado la escucha telefónica, según versiones de la prensa local. Aludiendo a la Operación W, Paiva declaró que “la escucha telefónica es legal, no le puedo decir si a periodistas o no, pero nadie en Chile no está sujeto a leyes … es una Ley de la República a la cual estamos sujetos todos los chilenos”.

En llamada telefónica con el CPJ ayer, Weibel expresó que el reportaje confirmaba las sospechas que él había tenido en la época en que lo vigilaban. Weibel señaló que habían ocurrido incidentes sospechosos, entre ellos un robo en las oficinas de The Clinic en junio de este año, durante el cual solamente se llevaron computadoras, y que en 2016 los mismos individuos se le aparecían en distintos lugares. Él agregó que el aparente apoyo del Gobierno a la operación lo había tomado por sorpresa. “Es el caso de un Gobierno democrático que apoya el espionaje de los militares a un civil, a un periodista”, expresó.

Weibel señaló que, con el respaldo del Colegio de Periodistas de Chile, ha solicitado reuniones con varias autoridades e instituciones, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, el fiscal general, parlamentarios y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en lo que evalúa sus opciones jurídicas.

[NOTA DEL EDITOR: Esta noticia ha sido actualizada para incluir detalles del comunicado remitido por el Ejército de Chile al CPJ el 16 de agosto].

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