Miami, 18 de marzo de 2019 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a las autoridades hondureñas a realizar de inmediato una investigación seria y rigurosa sobre el asesinato del periodista Leonardo Gabriel Hernández.
Ayer, un sujeto no identificado asesinó a disparos a Hernández cerca del domicilio del periodista, en la ciudad de Nacaome, en el sureño departamento hondureño de Valle, según informaciones de la prensa local.
Hernández presentaba el programa “El Pueblo Habla” en el canal local privado Valle TV, donde analizaba cuestiones sociales y la política local, según las informaciones de prensa y declaraciones de un representante de la organización hondureña defensora de la libertad de prensa C-Libre, quien solicitó el anonimato.
“Las autoridades hondureñas deben hacer inmediatamente todo lo que esté en sus facultades para investigar el asesinato de Leonardo Gabriel Hernández, esclarecer el motivo y enjuiciar a los responsables”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades deben actuar para garantizar que el nombre de Hernández no se sume a la larga lista de periodistas hondureños cuyos asesinatos fueron cometidos con absoluta impunidad”.
Según un comunicado de C-Libre, Hernández se caracterizaba por ser crítico de la gestión de funcionarios públicos, entre ellos el alcalde municipal de Nacaome y diputados al Congreso Nacional por el departamento de Valle.
Hernández había recibido amenazas en relación con su trabajo en el pasado, y había solicitado ayuda ante el mecanismo nacional de protección de periodistas y defensores de derechos humanos en 2018, pero se le negó, según el representante de C-Libre, informaciones de prensa, y la organización de periodismo investigativo Reporteros de Investigación.
Las llamadas efectuadas por el CPJ a las oficinas del mecanismo de protección nacional y a la Fiscalía General de Honduras no recibieron respuesta.
Un informe publicado por el CPJ en 2014 concluyó que el crimen organizado y la corrupción en Honduras habían provocado una alarmante cantidad de casos no resueltos de violencia contra periodistas.